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Según Contraloría General de la República, Puerto Gaitán es el “campeón” en despilfarro de regalías

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El departamento del Meta tiene 17 de los 20 hallazgos fiscales más representativos que detectó la Contraloría General en el segundo semestre de 2016, y al municipio de Puerto Gaitán le corresponde la mitad (10 hallazgos por $35.640 millones).

“Son muchas las obras financiadas con recursos de regalías que se terminan y nunca se ponen en funcionamiento, para el beneficio de la comunidad, como se aprecia claramente en regiones como los Llanos Orientales, en concreto en el departamento del Meta y particularmente en el municipio de Puerto Gaitán”, indicó el Contralor General, Edgardo Maya Villazón.

La Contraloría encontró en este departamento escuelas e internados construidos y abandonados, centros de atención hospitalaria en el mismo estado, alcantarillados, acueductos y equipos médicos que nunca se pusieron en servicio, proyectos de vivienda inconclusos y un Centro Comercial para vendedores ambulantes donde operan 6 de 34 locales, a lo que suma el hasta ahora frustrado proyecto de la Refinería del Meta.

El listado de “Elefantes Blancos” en el Meta es largo:

  • Presunto hallazgo fiscal por $10.359 millones, por la construcción de infraestructura educativa en el municipio de La Macarena (Meta). Las obras están terminadas y liquidadas, pero no están en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $9.828 millones, por el Centro de Atención Hospitalario de Uribe (Meta). A la fecha no ha prestado un solo día de servicio a la comunidad objeto de la inversión.
  • Hallazgo fiscal por $9.220 millones, por el deficiente manejo e inversión de recursos girados a la Empresa de Petróleos del Llano –Llanopetrol, con destino al proyecto de la Refinería del Meta, que no evidencia físicamente ningún proceso constructivo y muestra una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente.
  • Hallazgo fiscal por $5.799 millones, por la construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del internado El Tigre (Fase II), ubicado en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra finalizó, no ha sido puesta en funcionamiento, está dejada a la intemperie y, por falta de seguridad, ha resultado afectada por vandalismo.
  • Hallazgo fiscal por $4.442 millones, por la construcción de la escuela internado de Alto de Tillava, en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra se terminó en agosto de 2013 y nunca se puso en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $4.298 millones, por el diseño y construcción del Centro Comercial para Vendedores Ambulantes del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Se encontró una obra subutilizada, que no opera en su totalidad, considerando que el momento de la visita adelantada por la Contraloría a estas instalaciones, solo 6 de 34 locales se encuentran en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $3.924 millones, por la construcción de la Escuela Internado para el resguardo Awaliba, situado en la zona rural de Puerto Gaitán (Meta). La obra no ha sido puesta en funcionamiento y se encuentra a la intemperie.
  • Hallazgo fiscal por $3.499 millones, por la construcción de la escuela internado Centro Poblado de Planas, en la zona rural de Puerto Gaitán (Meta). La obra fue culminada en mayo de 2013, no ha sido puesta en funcionamiento y está siendo afectada por la intemperie y el vandalismo.
  • Hallazgo fiscal por $3.476 millones, por la construcción de infraestructura educativa para las comunidades indígenas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Las estructuras construidas no se encuentran utilizadas.
  • Hallazgo fiscal por $3.113 millones, por la construcción de sistemas de acueducto para comunidades de los resguardos indígenas Domo Planas, Unuma y Vencedor Piriri, del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Se detectaron deficiencias en la labor de interventoría del contrato, por cuanto 8 de estos sistemas de acueducto nunca fueron conectados a las viviendas y aún así las obras fueron recibidas a satisfacción, y 17 no se encuentran en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $3.002 millones, por el suministro de equipos médicos esenciales para dotación de los hospitales de Uribe y la Macarena (Meta), que a la fecha no han prestado ningún beneficio a la comunidad.
  •  Hallazgo fiscal por $2.759 millones, por obras de mejoramiento de internados y escuelas en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Se encontraron deficiencias constructivas y en la planeación e inversión de los recursos. El internado de Planas nunca operó, se encuentra abandonado y su estructura deteriorada por el desuso y el vandalismo.
  • Hallazgo fiscal por $2.435 millones, por el mejoramiento de la vía San Lorenzo-Pueblo Nuevo, en el municipio de Castilla La Nueva (Meta). Se presentaron falencias en la etapa de planeación del contrato.
  • Hallazgo fiscal por $2.232 millones, por las obras construidas para el funcionamiento del internado Kuwei, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra finalizó en septiembre de 2012 y nunca ha sido puesta en funcionamiento, siendo afectada por el vandalismo y por estar expuesta a la intemperie.
  • Hallazgo fiscal por $2.127 millones, por la construcción de vivienda para la población vulnerable del municipio de La Macarena (Meta). El contrato (220 de 2015) se encuentra suspendido y del total de viviendas contratadas (292) solo se observan una obras de cimentación del terreno, 47 lotes correspondientes al 4% de ejecución del proyecto.
  • Hallazgo fiscal por $2.112 millones, por la construcción del Alcantarillado Pluvial para el Centro Poblado San Miguel (sector 21), en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra no está en funcionamiento.
  • Hallazgo fiscal por $2.068 millones, por la construcción del Centro de Atención Hospitalario del municipio de La Macarena (Meta), que a la fecha no ha prestado un solo día de servicio a la comunidad.

    Fuente: Prensa Contraloría General

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A la cárcel por vender lotes en zonas de protección ambiental y rondas hídricas en el departamento del Meta

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El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a seis posibles integrantes de una organización delincuencial que desde enero de 2022 se habría dedicado a la comercialización de tierras ubicadas en zonas de protección y de recuperación de fuentes hídricas del río Guatiquía.

Se trata de José Jairo Riveros Medina, presunto cabecilla de la organización ilegal; Blanca Yamile Vergara Jaimes y Edwin Abel Mendoza, quienes se desempeñarían como comisionistas y encargados de vender los lotes. También fueron judicializados Cristian Camilo Romero Pérez, Luis Heberto Leyton Brito y Álvaro Malaver Aros.

Según la investigación, la red ilegal provocaba incendios forestales para arrasar la capa vegetal, luego de lo cual parcelaban los terrenos y comercializaban lotes como parte de un proyecto urbanístico. También se determinó que usaron maquinaria amarilla para afectar la cobertura boscosa y construir vías ilegales que les permitieran facilitar el acceso a estas zonas.

En poder de los procesados fueron encontradas tres armas de fuego con las que amenazaban y extorsionaban a quienes se atrevían a opinar en contra de esta actividad.

Mediante estas acciones la red criminal habría alcanzado a comercializar más de 700 lotes de terreno, cuyos valores individuales en muchos casos llegaban a los 60 millones de pesos, generando rentas ilegales por, al menos, 42.000 millones de pesos.

El ente acusador evidenció que con estas acciones la estructura criminal causó graves daños al ambiente, pues generó una disminución de la población de fauna y flora silvestre, se afectaron las fuentes hídricas y la zona natural protegida.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los procesados los punibles de: invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, urbanización ilegal, extorsión y daño en los recursos naturales y ecocidio.

Fuente: Fiscalía Meta

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Autoridades analizan caso de intoxicación masiva en colegio de Castilla La Nueva

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Los 48 estudiantes de la Institución Educativa San Lorenzo, que fueron trasladados al hospital local de Castilla La Nueva debido a una intoxicación masiva, han sido dados de alta tras una rápida recuperación.

El estado de salud de los niños es estable y han regresado con sus familias, cerrando así un día preocupante con una noticia alentadora.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía de este jueves 25 de julio, afectando a estudiantes de quinto grado de primaria hasta undécimo de bachillerato. Los protocolos de emergencia se activaron de inmediato, permitiendo una pronta atención médica que fue crucial para la rápida recuperación de los afectados.

Ahora, con todos los estudiantes fuera de peligro, la Alcaldía de Castilla La Nueva, los centros de salud, la Policía, la Fiscalía, así como el rector y los docentes de la institución, se mantienen firmes en su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva. Este esfuerzo conjunto asegurará la determinación de las causas de la intoxicación y la implementación de medidas preventivas para evitar futuros incidentes.

Fuente: Gobernación del Meta

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A la cárcel formador ideológico del Clan del Golfo en la Orinoquia

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El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a Juan Pablo León Ruíz, alias Pablo; quien se encargaría de la formación ideológica de los integrantes del ‘Clan del Golfo’ en la Orinoquía.

Labores de policía judicial vincularían al procesado con la subestructura Gonzalo Oquendo Urrea del referido grupo armado ilegal.

Según la Fiscalía, también sería el responsable de coordinar el accionar de las estructuras ilegales en el suroriente del país donde el Clan del Golfo se disputa con otras agrupaciones criminales el control territorial por el comercio de estupefacientes.

‘Pablo’ fue capturado por la Dijin de la Policía Nacional en Granada (Meta). En su poder fueron encontrados dos celulares, varias sim card, un computador y una memoria USB cuya información se cree puede ser relevante para las investigaciones que adelanta la Fiscalía. Además, se incautaron 10 millones de pesos con fines de comiso.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Villavicencio (Meta) imputó al procesado el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes y homicidio, cargo que no fue aceptado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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