META
Según Contraloría General de la República, Puerto Gaitán es el “campeón” en despilfarro de regalías
El departamento del Meta tiene 17 de los 20 hallazgos fiscales más representativos que detectó la Contraloría General en el segundo semestre de 2016, y al municipio de Puerto Gaitán le corresponde la mitad (10 hallazgos por $35.640 millones).
“Son muchas las obras financiadas con recursos de regalías que se terminan y nunca se ponen en funcionamiento, para el beneficio de la comunidad, como se aprecia claramente en regiones como los Llanos Orientales, en concreto en el departamento del Meta y particularmente en el municipio de Puerto Gaitán”, indicó el Contralor General, Edgardo Maya Villazón.
La Contraloría encontró en este departamento escuelas e internados construidos y abandonados, centros de atención hospitalaria en el mismo estado, alcantarillados, acueductos y equipos médicos que nunca se pusieron en servicio, proyectos de vivienda inconclusos y un Centro Comercial para vendedores ambulantes donde operan 6 de 34 locales, a lo que suma el hasta ahora frustrado proyecto de la Refinería del Meta.
El listado de “Elefantes Blancos” en el Meta es largo:
- Presunto hallazgo fiscal por $10.359 millones, por la construcción de infraestructura educativa en el municipio de La Macarena (Meta). Las obras están terminadas y liquidadas, pero no están en funcionamiento.
- Hallazgo fiscal por $9.828 millones, por el Centro de Atención Hospitalario de Uribe (Meta). A la fecha no ha prestado un solo día de servicio a la comunidad objeto de la inversión.
- Hallazgo fiscal por $9.220 millones, por el deficiente manejo e inversión de recursos girados a la Empresa de Petróleos del Llano –Llanopetrol, con destino al proyecto de la Refinería del Meta, que no evidencia físicamente ningún proceso constructivo y muestra una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente.
- Hallazgo fiscal por $5.799 millones, por la construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del internado El Tigre (Fase II), ubicado en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra finalizó, no ha sido puesta en funcionamiento, está dejada a la intemperie y, por falta de seguridad, ha resultado afectada por vandalismo.
- Hallazgo fiscal por $4.442 millones, por la construcción de la escuela internado de Alto de Tillava, en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra se terminó en agosto de 2013 y nunca se puso en funcionamiento.
- Hallazgo fiscal por $4.298 millones, por el diseño y construcción del Centro Comercial para Vendedores Ambulantes del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Se encontró una obra subutilizada, que no opera en su totalidad, considerando que el momento de la visita adelantada por la Contraloría a estas instalaciones, solo 6 de 34 locales se encuentran en funcionamiento.
- Hallazgo fiscal por $3.924 millones, por la construcción de la Escuela Internado para el resguardo Awaliba, situado en la zona rural de Puerto Gaitán (Meta). La obra no ha sido puesta en funcionamiento y se encuentra a la intemperie.
- Hallazgo fiscal por $3.499 millones, por la construcción de la escuela internado Centro Poblado de Planas, en la zona rural de Puerto Gaitán (Meta). La obra fue culminada en mayo de 2013, no ha sido puesta en funcionamiento y está siendo afectada por la intemperie y el vandalismo.
- Hallazgo fiscal por $3.476 millones, por la construcción de infraestructura educativa para las comunidades indígenas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Las estructuras construidas no se encuentran utilizadas.
- Hallazgo fiscal por $3.113 millones, por la construcción de sistemas de acueducto para comunidades de los resguardos indígenas Domo Planas, Unuma y Vencedor Piriri, del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Se detectaron deficiencias en la labor de interventoría del contrato, por cuanto 8 de estos sistemas de acueducto nunca fueron conectados a las viviendas y aún así las obras fueron recibidas a satisfacción, y 17 no se encuentran en funcionamiento.
- Hallazgo fiscal por $3.002 millones, por el suministro de equipos médicos esenciales para dotación de los hospitales de Uribe y la Macarena (Meta), que a la fecha no han prestado ningún beneficio a la comunidad.
- Hallazgo fiscal por $2.759 millones, por obras de mejoramiento de internados y escuelas en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). Se encontraron deficiencias constructivas y en la planeación e inversión de los recursos. El internado de Planas nunca operó, se encuentra abandonado y su estructura deteriorada por el desuso y el vandalismo.
- Hallazgo fiscal por $2.435 millones, por el mejoramiento de la vía San Lorenzo-Pueblo Nuevo, en el municipio de Castilla La Nueva (Meta). Se presentaron falencias en la etapa de planeación del contrato.
- Hallazgo fiscal por $2.232 millones, por las obras construidas para el funcionamiento del internado Kuwei, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra finalizó en septiembre de 2012 y nunca ha sido puesta en funcionamiento, siendo afectada por el vandalismo y por estar expuesta a la intemperie.
- Hallazgo fiscal por $2.127 millones, por la construcción de vivienda para la población vulnerable del municipio de La Macarena (Meta). El contrato (220 de 2015) se encuentra suspendido y del total de viviendas contratadas (292) solo se observan una obras de cimentación del terreno, 47 lotes correspondientes al 4% de ejecución del proyecto.
- Hallazgo fiscal por $2.112 millones, por la construcción del Alcantarillado Pluvial para el Centro Poblado San Miguel (sector 21), en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán (Meta). La obra no está en funcionamiento.
- Hallazgo fiscal por $2.068 millones, por la construcción del Centro de Atención Hospitalario del municipio de La Macarena (Meta), que a la fecha no ha prestado un solo día de servicio a la comunidad.
Fuente: Prensa Contraloría General
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
