CASANARE
Se restablece servicio de recolección de basuras en Yopal
Con el concurso de varias entidades se logró concertar con la comunidad de la vereda La Niata, para levantar el bloqueo a la entrada del Relleno Sanitario El Cascajar de Yopal.
En la reunión participaron los miembros de la Comisión Ambiental del Concejo Municipal, José Humberto Barrios, Heyder Silva, Juan Vicente Nieves y el diputado Felipe Becerra; además de Luz Marina Cardozo, alcaldesa (e) de Yopal y miembros de la Personería de Yopal.
La agente especial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal -EAAAY-, Luz Amanda Camacho Sánchez y el equipo técnico de la empresa, reiteraron a la comunidad el compromiso que se tiene desde la entidad para garantizar las mejores condiciones en el relleno y sus alrededores; donde en lo que va del año se ha logrado optimizar los procesos de compactación, disminución de olores y tratamiento de los residuos, lo que ha permitido extender la vida útil de la celda 9B hasta agosto del 2017.
Ante las inquietudes de la comunidad sobre la ampliación del relleno y la solicitud de los habitantes de la zona de establecer un nuevo lugar de disposición de residuos en otro sector, la EAAAY reiteró que como operadores se toma la alternativa de continuar disponiendo en la etapa de cierre de El Cascajar, mientras las Administraciones Municipal y Departamental determinan una nueva alternativa para la ubicación del nuevo relleno.
La Alcaldía presentó el cronograma de actividades para la identificación, diseño y construcción de un nuevo sitio de disposición final, con el cual se podría contar en los próximos cuatro años. Tiempo en el que la EAAAY continuará operando en El Cascajar.
Frente a esto y a solicitud de los líderes de la comunidad, la Empresa realizará la exposición de la titularidad de los predios, para dar claridad de los terrenos del relleno y donde se haría la disposición en la etapa de cierre.
Tratamiento de lixiviados
La funcionaria aclaró que no existe un rebosamiento de los líquidos aún cuando en época de invierno sube el nivel, sin embargo recalcó que efectivamente el tratamiento actual que se realiza por recirculación no es el más efectivo, por lo cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contrató una consultoría para el estudio de lixiviados en El Cascajar, donde se determinó como nueva alternativa el uso de un reactor que solucionaría este aspecto.
Dentro de los compromisos establecidos por la EAAAY con la comunidad, se realizará la socialización de este proyecto con los líderes del sector durante la próxima semana, a fin de darles a conocer detalladamente este proceso de tratamiento.
Con la fijación de los diferentes acuerdos entre las entidades y la comunidad, se dio por finalizado el bloqueo de la entrada al relleno, por lo tanto, la EAAAY informa que el personal del servicio de recolección doblará turnos para lograr cumplir las rutas detenidas correspondientes a los dos últimos días, con el fin de poner al día el cumplimiento de las frecuencias.
La actualización catastral urbana adelantada en Yopal por la empresa Catasig sigue enfrentando fuertes cuestionamientos jurídicos. En las últimas horas se conoció la radicación de dos demandas de nulidad simple ante Juzgados y una denuncia penal en la Fiscalía, relacionadas con el proceso que generó inconformidad entre miles de propietarios por los altos incrementos en el avalúo predial.
Por un lado, voceros de la Veeduría Dignidad Catastral del Casanare y de la Fundación Little Guardians confirmaron la presentación de una acción de nulidad contra las resoluciones YPL01, YPL02 y YPL03, mediante las cuales se inició, aprobó y clausuró la actualización catastral en la capital casanareña. Según Luis Pérez, representante de la organización, existen presuntas irregularidades en la competencia jurídica de Catasig para ejercer la gestión catastral en Yopal, debido a que la habilitación otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) correspondería al municipio de Sabanalarga, Atlántico, y no directamente a la empresa operadora.
La acción judicial busca suspender los efectos de la actualización y que el impuesto predial vuelva a liquidarse temporalmente con la base catastral anterior mientras avanza el proceso. Además, la veeduría anunció la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades en la contratación y ejecución del proceso catastral.
A estas acciones se sumó el diputado de Casanare Omar Ortega, quien también instauró demanda de nulidad simple contra Catasig, argumentando que la empresa no tenía competencia ni habilitación legal para adelantar la actualización catastral urbana en Yopal. El corporado sostiene que Catasig actúa únicamente como operador y no como gestor catastral, por lo que solo estaría facultada para operar dentro de la jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico.
Ortega respaldó sus señalamientos en un informe emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro en febrero de 2026, en el que se advierte que los actos administrativos expedidos por Catasig habrían sido emitidos “sin la competencia legal” por carecer de habilitación otorgada por el IGAC. En su demanda solicita declarar la nulidad de las resoluciones YPL-001, YPL-002 y YPL-003, dejando sin efectos toda la actualización catastral urbana adelantada en la ciudad.
Tanto la veeduría como el diputado pidieron que, mientras se resuelven las acciones judiciales, se suspendan los cobros coactivos e intereses moratorios derivados del nuevo avalúo predial. Asimismo, Ortega solicitó que el IGAC, en calidad de gestor catastral subsidiario, asuma nuevamente el proceso con base en la última información catastral legalmente expedida.
Con la denuncia ante la Fiscalía, se pide que el ente investigue desde la óptica penal, a todos los funcionarios que en su momento tuvieron que ver con la firma del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Yopal y Catasig, que derivó en una actualización catastral con altísimos avalúos, lo cual generó facturas del Impuesto Predial impagables para una gran cantidad de contribuyentes.
El Grupo Anticontrabando de la Gobernación de Casanare llevó a cabo una jornada de inspección y control en los municipios de Nunchía y Maní, con el objetivo primordial de proteger la salud de la ciudadanía. La Secretaría de Hacienda continúa promoviendo un mensaje de prevención entre comerciantes y consumidores sobre la importancia de adquirir productos legales.
Durante el recorrido por diversos establecimientos comerciales, el equipo de la Secretaría de Hacienda verificó el estado de licores, cervezas y cigarrillos. Simultáneamente, se generaron espacios de diálogo para concienciar y prevenir la circulación de productos de dudosa procedencia, aquellos sin el pago de impuestos correspondientes o con posibles alteraciones que puedan afectar la salud pública.
Estas visitas se realizaron con un enfoque de asesoría técnica, explicando a los comerciantes cómo identificar una estampilla auténtica y la relevancia de exigir la factura legal al momento de abastecer sus negocios. Esta capacitación busca fortalecer las prácticas responsables y la cadena de legalidad en los municipios.
Los técnicos del Grupo Anticontrabando resaltaron que la entrada legal de productos garantiza que los recursos generados por impuestos permanezcan en el departamento. Estos fondos se transforman directamente en inversión pública, impactando positivamente en áreas fundamentales para la ciudadanía.
Finalmente, se enfatizó que el control al contrabando es una herramienta clave para asegurar que los recursos provenientes del impuesto al consumo se destinen eficazmente a hospitales, instituciones educativas y escenarios deportivos, mejorando directamente la calidad de vida en los municipios de Casanare.
Una tragedia conmociona al sector de La Pedrera en Yopal. En las últimas horas, un siniestro vial en el kilómetro 14 de la vía que conduce hacia este sector cobró la vida de Luis Alejandro Rodríguez Parada, un reconocido comerciante de 32 años.
El hecho ocurrió tras la colisión la noche anterior, entre una motocicleta de placas ADN-39H, en la que se movilizaba Rodríguez Parada junto con su pequeño hijo de 10 años, y un taxi identificado con las placas UVK-883 y número interno MY105. Las causas del choque son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.
Lo que agrava el dolor de la comunidad es que el comerciante no iba solo: su hijo de 10 años lo acompañaba en el momento del impacto. El estado de salud del menor aún no ha sido confirmado oficialmente, aunque se señala que habría sufrido diversas fracturas producto del fuerte impacto.
Rodríguez Parada era el dueño de la ferretería El Diamante, ubicada en el sector de El Palmar, y era descrito por la comunidad como un hombre solidario, trabajador y muy querido. Su muerte repentina deja un profundo vacío entre quienes lo conocían y frecuentaban su negocio.
