META
Revisan estado de los diques de los ríos Guatiquía y Guayuriba en Villavicencio
Una comisión de profesionales de Cormacarena se desplazó a los ríos Guatiquía y Guayuriba, para verificar el adecuado funcionamiento estructural de los diques de estas fuentes hídricas.
Las obras en el dique perimetral del río Guatiquía se construyeron desde el 2008 hasta el año 2015, gracias a la gestión de Cormacarena y con el apoyo de la Gobernación del Meta, Ecopetrol y entidades del orden nacional.
Una vez realizada la valoración técnica de las obras, se genera parte de tranquilidad para las comunidades del sector de Chorillano, Aldea La Aurora, Aeropuerto Vanguardia y El Cairo Alto en la margen izquierda; mientras que en la margen derecha se encuentra adecuadamente protegidos los sectores de Villa Suárez, Santa Helena, Villa Fabiola, Calamar, Topacio, Malvinas, Vencedores, Nueva Colombia y El Delirio, entre otros.
Estas estructuras han controlado el riesgo de inundación en los sectores mencionados, sin desconocer que la concentración de algunos chorros del río Guatiquía han afectado sitios conocidos como el sector de Bavaria en la margen izquierda y Covisan – Santa Helena en la margen derecha, por lo que se reitera y recomienda a la Administración Municipal, con el apoyo de la Gobernación del Meta, adelantar lo antes posible las medidas de mitigación, protección, recuperación y estabilización del dique en los sitios afectados, con el fin de que este continúe cumpliendo con su objetivo de evitar las inundaciones.
Señala Cormacarena, que es necesario reiterar a la Administración Municipal la urgente necesidad de intervenir la margen derecha (entre el puente Bavaria y el puente nuevo), dado a que pese a que la ladera es de buena altura, en los controles y seguimientos se han evidenciado fenómenos de remoción en masa, retrogresivos, que pueden generar afectaciones en el sector del caudal oriental.
También es prioritario, el cumplimiento ordenado por fallo judicial, para que la Administración Municipal y la Gobernación del Meta realicen obras que protejan adecuadamente el sector del Cairo Medio y Bajo, en la margen izquierda.
“Es conveniente aclarar que las afectaciones presentadas en los últimos días en el barrio Brisas del Guatiquía, obedecieron a los altos niveles que presentó el cauce del caño Parrado en la desembocadura al río Guatiquía, los cuales generaron lamentablemente pérdidas de vidas, 415 familias afectadas, 20 viviendas destruidas y más de 250 viviendas con afectaciones de importancia”, señala el informe de Cormacarena.
La Autoridad Ambiental recomienda a la comunidad que se ubica en el cauce activo y sobre el dique del río Guatiquía, ubicarse lo antes posible en zonas seguras, dado a que el período invernal se va a extender hasta mediados del mes de julio, por lo que los caudales y niveles del río continuarán aumentando en los próximos días, situación que puede convertirse en una tragedia anunciada.
Dique del Guayuriba
Para el caso de las obras realizadas en el río Guayuriba, estas funcionan adecuadamente en los sectores de río Negrito y Vegas de Guayuriba; sin embargo, no son suficientes, por lo que se presentan trasvases del río Guayuriba al río Negro en sitios no intervenidos, estos sectores ya han sido informados a la Administración Municipal y se requiere de manera urgente la realización de medidas de mitigación, con el fin de evitar un trasvase de cuencas, con las consecuencias que esto ocasionaría a la comunidad ubicada en la cuenca del río Negro.
El dique construido en el sector del Cocuy presenta afectaciones, situación que en este momento está siendo atendida por la Corporación, y se espera lograr su recuperación y la construcción de un nuevo tramo de dique antes de terminar la actual vigencia.
Cormacarena recomienda a la comunidad en general, para que con apoyo de las autoridades competentes permanezcan en sitios alejados de las fuentes hídricas, teniendo en cuenta el reporte del IDEAM, que indica que continuarán presentándose fuertes precipitaciones, lo cual incrementa los caudales y niveles de los ríos y sus afluentes, y también se generan movimientos en masa en zonas de ladera.
Fuente: Cormacarena
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
