META
Revisan estado de los diques de los ríos Guatiquía y Guayuriba en Villavicencio
Una comisión de profesionales de Cormacarena se desplazó a los ríos Guatiquía y Guayuriba, para verificar el adecuado funcionamiento estructural de los diques de estas fuentes hídricas.
Las obras en el dique perimetral del río Guatiquía se construyeron desde el 2008 hasta el año 2015, gracias a la gestión de Cormacarena y con el apoyo de la Gobernación del Meta, Ecopetrol y entidades del orden nacional.
Una vez realizada la valoración técnica de las obras, se genera parte de tranquilidad para las comunidades del sector de Chorillano, Aldea La Aurora, Aeropuerto Vanguardia y El Cairo Alto en la margen izquierda; mientras que en la margen derecha se encuentra adecuadamente protegidos los sectores de Villa Suárez, Santa Helena, Villa Fabiola, Calamar, Topacio, Malvinas, Vencedores, Nueva Colombia y El Delirio, entre otros.
Estas estructuras han controlado el riesgo de inundación en los sectores mencionados, sin desconocer que la concentración de algunos chorros del río Guatiquía han afectado sitios conocidos como el sector de Bavaria en la margen izquierda y Covisan – Santa Helena en la margen derecha, por lo que se reitera y recomienda a la Administración Municipal, con el apoyo de la Gobernación del Meta, adelantar lo antes posible las medidas de mitigación, protección, recuperación y estabilización del dique en los sitios afectados, con el fin de que este continúe cumpliendo con su objetivo de evitar las inundaciones.
Señala Cormacarena, que es necesario reiterar a la Administración Municipal la urgente necesidad de intervenir la margen derecha (entre el puente Bavaria y el puente nuevo), dado a que pese a que la ladera es de buena altura, en los controles y seguimientos se han evidenciado fenómenos de remoción en masa, retrogresivos, que pueden generar afectaciones en el sector del caudal oriental.
También es prioritario, el cumplimiento ordenado por fallo judicial, para que la Administración Municipal y la Gobernación del Meta realicen obras que protejan adecuadamente el sector del Cairo Medio y Bajo, en la margen izquierda.
“Es conveniente aclarar que las afectaciones presentadas en los últimos días en el barrio Brisas del Guatiquía, obedecieron a los altos niveles que presentó el cauce del caño Parrado en la desembocadura al río Guatiquía, los cuales generaron lamentablemente pérdidas de vidas, 415 familias afectadas, 20 viviendas destruidas y más de 250 viviendas con afectaciones de importancia”, señala el informe de Cormacarena.
La Autoridad Ambiental recomienda a la comunidad que se ubica en el cauce activo y sobre el dique del río Guatiquía, ubicarse lo antes posible en zonas seguras, dado a que el período invernal se va a extender hasta mediados del mes de julio, por lo que los caudales y niveles del río continuarán aumentando en los próximos días, situación que puede convertirse en una tragedia anunciada.
Dique del Guayuriba
Para el caso de las obras realizadas en el río Guayuriba, estas funcionan adecuadamente en los sectores de río Negrito y Vegas de Guayuriba; sin embargo, no son suficientes, por lo que se presentan trasvases del río Guayuriba al río Negro en sitios no intervenidos, estos sectores ya han sido informados a la Administración Municipal y se requiere de manera urgente la realización de medidas de mitigación, con el fin de evitar un trasvase de cuencas, con las consecuencias que esto ocasionaría a la comunidad ubicada en la cuenca del río Negro.
El dique construido en el sector del Cocuy presenta afectaciones, situación que en este momento está siendo atendida por la Corporación, y se espera lograr su recuperación y la construcción de un nuevo tramo de dique antes de terminar la actual vigencia.
Cormacarena recomienda a la comunidad en general, para que con apoyo de las autoridades competentes permanezcan en sitios alejados de las fuentes hídricas, teniendo en cuenta el reporte del IDEAM, que indica que continuarán presentándose fuertes precipitaciones, lo cual incrementa los caudales y niveles de los ríos y sus afluentes, y también se generan movimientos en masa en zonas de ladera.
Fuente: Cormacarena
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
