REGIÓN
Restitución de Tierras revisa procesos que no se inscribieron para acceder a la restitución
A su llegada a la entidad, en 2018, el Director Andrés Castro conoció un estudio sobre la no inscripción de solicitudes en el Registro de Tierras. En enero de 2019, el funcionario decidió darle continuidad a ese ejercicio que se había iniciado. Para mayor transparencia, le pidió a la Procuraduría General de la Nación que acompañara la actividad. El organismo hará un análisis complementario, para lo cual la URT garantizará acceso a la información que necesite.
La estrategia consiste en examinar una muestra de un poco más de 3.000 casos de decisiones de no inicio de estudio formal; de no inscripción en el Registro de Tierras Despojadas; y de desistimiento, materializadas en actos administrativos proferidos.
“Es decir, no se pueden reabrir 47.000 casos; y tampoco significa que todos los no inscritos hayan quedado mal. Hay Direcciones Territoriales con un número mayor de no inscripciones; de ahí tomamos muestras representativas y las revisamos. Al finalizar el análisis, socializaremos los resultados y construiremos lineamientos jurídicos que digan por qué algunos casos quedaron mal sustanciados”, afirmó el Director Castro. El estudio incluye un análisis de las decisiones, de la recopilación de pruebas que sirvieron para fundamentarlas y de los aspectos procesales y documentales.
El funcionario aclaró que la Ley de Víctimas establece unas causales para la no inscripción de casos. “Las causales son la temporalidad, es decir, revisamos hechos de violencia a partir del primero de enero de 1991; el nexo causal, es decir, la relación de los hechos denunciados con lo que ocurrió en el territorio; y la calidad jurídica, lo que significa que si ese solicitante es un tenedor, es decir, no puede acreditar la condición de propietario, de poseedor o de ocupante, la solicitud no procede. Respetamos la Ley 1448 de 2011 y trabajamos bajo sus lineamientos; eso nos ha permitido ayudar a miles de campesinos a volver a sus predios”.
Otras de estas causales son la no pérdida del vínculo material con el predio; la imposibilidad de identificar el predio; cuando los hechos declarados en la solicitud no son ciertos; cuando los hechos que originaron la pérdida del predio no fueron con ocasión del conflicto armado; y cuando los predios están ubicados en zonas de reservas forestales y parques naturales.
“Si es necesario, tomaremos la determinación de revocar las decisiones que no estén ajustadas a la Ley y reiniciaremos el proceso para ver si procede la inscripción. Con este ejercicio, acompañado por el órgano de control, buscamos transparencia y garantías para quienes hicieron sus reclamaciones”, concluyó el Director Castro.
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
