REGIÓN
Restitución de Tierras revisa procesos que no se inscribieron para acceder a la restitución
A su llegada a la entidad, en 2018, el Director Andrés Castro conoció un estudio sobre la no inscripción de solicitudes en el Registro de Tierras. En enero de 2019, el funcionario decidió darle continuidad a ese ejercicio que se había iniciado. Para mayor transparencia, le pidió a la Procuraduría General de la Nación que acompañara la actividad. El organismo hará un análisis complementario, para lo cual la URT garantizará acceso a la información que necesite.
La estrategia consiste en examinar una muestra de un poco más de 3.000 casos de decisiones de no inicio de estudio formal; de no inscripción en el Registro de Tierras Despojadas; y de desistimiento, materializadas en actos administrativos proferidos.
“Es decir, no se pueden reabrir 47.000 casos; y tampoco significa que todos los no inscritos hayan quedado mal. Hay Direcciones Territoriales con un número mayor de no inscripciones; de ahí tomamos muestras representativas y las revisamos. Al finalizar el análisis, socializaremos los resultados y construiremos lineamientos jurídicos que digan por qué algunos casos quedaron mal sustanciados”, afirmó el Director Castro. El estudio incluye un análisis de las decisiones, de la recopilación de pruebas que sirvieron para fundamentarlas y de los aspectos procesales y documentales.
El funcionario aclaró que la Ley de Víctimas establece unas causales para la no inscripción de casos. “Las causales son la temporalidad, es decir, revisamos hechos de violencia a partir del primero de enero de 1991; el nexo causal, es decir, la relación de los hechos denunciados con lo que ocurrió en el territorio; y la calidad jurídica, lo que significa que si ese solicitante es un tenedor, es decir, no puede acreditar la condición de propietario, de poseedor o de ocupante, la solicitud no procede. Respetamos la Ley 1448 de 2011 y trabajamos bajo sus lineamientos; eso nos ha permitido ayudar a miles de campesinos a volver a sus predios”.
Otras de estas causales son la no pérdida del vínculo material con el predio; la imposibilidad de identificar el predio; cuando los hechos declarados en la solicitud no son ciertos; cuando los hechos que originaron la pérdida del predio no fueron con ocasión del conflicto armado; y cuando los predios están ubicados en zonas de reservas forestales y parques naturales.
“Si es necesario, tomaremos la determinación de revocar las decisiones que no estén ajustadas a la Ley y reiniciaremos el proceso para ver si procede la inscripción. Con este ejercicio, acompañado por el órgano de control, buscamos transparencia y garantías para quienes hicieron sus reclamaciones”, concluyó el Director Castro.
REGIÓN
Confirman condena a 27 años de cárcel para hombre que asesinó a niña de 11 años en Sogamoso
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.

REGIÓN
Procuraduría indaga si en Guaviare utilizaron regalías para construir mangas de coleo
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
-
CASANARE9 horas agoDescuentos en sanciones e intereses de hasta el 90% a deudores de impuesto vehicular en Casanare
-
CASANARE9 horas agoGuillermo Pérez asumió como nuevo Director de Política Sectorial en Casanare
-
CASANARE7 horas ago24 años de cárcel para cabecilla del Clan del Golfo que aceptó ordenar 21 asesinatos en Casanare
-
REGIÓN57 minutos agoConfirman condena a 27 años de cárcel para hombre que asesinó a niña de 11 años en Sogamoso


