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Repudio total por femenicidio de voluntaria de la Defensa Civil en Aguazul el fin de semana

Aguazul aún no se repone de la indignación que ha causado entre sus ciudadanos este vil asesinato.

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Aguazul aún no se repone de la indignación que ha causado entre sus ciudadanos, el vil asesinato del que fue víctima Edenis Barrera Benavides, una sencilla y abnegada mujer de 32 años de edad, que se desempeñaba como integrante de la Defensa Civil de esa localidad.

El cuerpo desnudo y apuñalado de Edenis, quien era madre cabeza de hogar y a quien le sobreviven dos hijos de 15 y 10 años, fue encontrado en el kilómetro 2 de la vía entre los municipios de Aguazul y Maní entre la maleza a orillas de la carretera, el domingo sobre las 6 de la mañana por ciclistas recreativos que utilizan ese carreteable para sus prácticas deportivas, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Testigos del hecho señalaron que el cadáver además de estar completamente desnudo, presentaba varias heridas con arma blanca a la altura del pecho y la zona abdominal, signos de degollamiento, aparente tortura y mostraba rastros de material vegetal en sus zona íntima.

Compañeros de la Defensa Civil señalaron que la última vez que vieron con vida a Edenis fue el pasado sábado sobre las 6 de la tarde, al concluir un curso de primeros auxilios que estuvieron tomando durante todo el día. La mujer se despidió a las 6 de la tarde de sus compañeros y no se volvió a saber nada de ella hasta el domingo en horas de la mañana cuando se conoció la trágica y macabra noticia de su asesinato.

Activistas y defensores de los derechos de las mujeres mostraron su total rechazo a este execrable crimen, lo mismo que la familia de la víctima, al tiempo que reclamaron de las autoridades que el mismo no quede impune.

Piden a Gobierno Nacional celeridad en reglamentación de Ley de Feminicidio 

Ante el aterrador asesinato de una mujer en la vía Aguazul – Maní en el sector de San José del Bubuy (voluntaria de la Defensa Civil), el representante a la Cámara Jorge Camilo Abril Tarache pidió al Gobierno Nacional celeridad y eficiencia en la reglamentación de la Ley 1761 de 2015 que crea el tipo penal de feminicidio, que permita no sólo esclarecer esta clase de delitos y castigar de manera ejemplar a los culpables, sino también para dejar claro a los potenciales homicidas que esta disposición legal le da herramientas a la justicia para que no quede impune este tipo de delitos.

El líder político casanareño explicó que “en el Congreso de la República adelantamos en su momento una discusión amplia y concienzuda sobre la necesidad de penalizar de manera específica este tipo de acción criminal”, lo que permitió fijar en la mencionada ley que se condene por feminicidio a prisión entre 250 y 500 meses, y entre 500 y 600 meses cuando se tenga un agravante como el de esta víctima de la vía Aguazul – Maní, quien sería violada antes de ser asesinada con arma blanca y posteriormente fuera arrojada al río.

El dirigente liberal explicó que este atroz asesinato se ajusta a esta disposición legal cuando fija que “en los casos de evidencia clara o de sospecha fundada de perpetración de un feminicidio o de una tentativa de feminicidio, las investigaciones deberán iniciarse de oficio y llevarse a cabo inmediatamente y de modo exhaustivo por personal especializado” por lo que las autoridades competentes en Casanare deben actuar cuanto antes para la consecución de este fin, enfatizó.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Procuraduría formula cargos a exalcalde de Hato Corozal, por presunto incumplimiento del PAE

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dario Garcia Alcalde

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Darío Yesid García Barray, por presunto incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación escolar, en 2022.

Según la Procuraduría, al parecer, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del citado municipio, no se habría iniciado oportunamente y, en consecuencia, solo se prestó el servicio durante seis jornadas escolares del mes de octubre y 17 en noviembre, de ese año.

A juicio del ente disciplinario, el PAE, para las instituciones educativas urbanas de Hato Corozal, debió darse desde el primer día de inicio de clases, según las normas generales establecidas y, al parecer, solo se habría cumplido en la parte final del año.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la aparente conducta como falta grave a título de culpa gravísima.

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Desde Casanare y Bogotá evadieron impuestos por $155.000 millones con empresas de papel

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de crear y administrar una red de 185 sociedades de papel con las que empresas del sector real se apropiaron ilegalmente del impuesto a las ventas y redujeron la base gravable del impuesto de renta, causando un perjuicio al Estado que podría superar los $155.000 millones de pesos.

Según la investigación, los procesados figuraban como socios o representantes legales de compañías de fachada que no contaban con capacidad económica, logística ni operativa. Entre 2012 y 2022 habrían simulado operaciones comerciales millonarias para respaldar maniobras fraudulentas, utilizando diversos objetos sociales sin actividad real.

De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente. Ninguno de las empresas vinculadas tiene proveedores nacionales ni son importadores, por lo que no tendrían nada que vender.

Con apoyo del CTI, la Fiscalía estableció que a través de estas sociedades se reportaron operaciones inexistentes por más de $843.164 millones de pesos. Entre los judicializados están Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes habrían asumido roles de coordinación financiera, intermediación y representación legal.

Los implicados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y Casanare, y les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos. Un juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad —cinco domiciliarias y una en centro carcelario— y ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.

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Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa

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La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.

Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.

Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.

La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.

Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.

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