CASANARE
Repudio total por femenicidio de voluntaria de la Defensa Civil en Aguazul el fin de semana
Aguazul aún no se repone de la indignación que ha causado entre sus ciudadanos este vil asesinato.
Aguazul aún no se repone de la indignación que ha causado entre sus ciudadanos, el vil asesinato del que fue víctima Edenis Barrera Benavides, una sencilla y abnegada mujer de 32 años de edad, que se desempeñaba como integrante de la Defensa Civil de esa localidad.
El cuerpo desnudo y apuñalado de Edenis, quien era madre cabeza de hogar y a quien le sobreviven dos hijos de 15 y 10 años, fue encontrado en el kilómetro 2 de la vía entre los municipios de Aguazul y Maní entre la maleza a orillas de la carretera, el domingo sobre las 6 de la mañana por ciclistas recreativos que utilizan ese carreteable para sus prácticas deportivas, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades.
Testigos del hecho señalaron que el cadáver además de estar completamente desnudo, presentaba varias heridas con arma blanca a la altura del pecho y la zona abdominal, signos de degollamiento, aparente tortura y mostraba rastros de material vegetal en sus zona íntima.
Compañeros de la Defensa Civil señalaron que la última vez que vieron con vida a Edenis fue el pasado sábado sobre las 6 de la tarde, al concluir un curso de primeros auxilios que estuvieron tomando durante todo el día. La mujer se despidió a las 6 de la tarde de sus compañeros y no se volvió a saber nada de ella hasta el domingo en horas de la mañana cuando se conoció la trágica y macabra noticia de su asesinato.
Activistas y defensores de los derechos de las mujeres mostraron su total rechazo a este execrable crimen, lo mismo que la familia de la víctima, al tiempo que reclamaron de las autoridades que el mismo no quede impune.
Piden a Gobierno Nacional celeridad en reglamentación de Ley de Feminicidio
Ante el aterrador asesinato de una mujer en la vía Aguazul – Maní en el sector de San José del Bubuy (voluntaria de la Defensa Civil), el representante a la Cámara Jorge Camilo Abril Tarache pidió al Gobierno Nacional celeridad y eficiencia en la reglamentación de la Ley 1761 de 2015 que crea el tipo penal de feminicidio, que permita no sólo esclarecer esta clase de delitos y castigar de manera ejemplar a los culpables, sino también para dejar claro a los potenciales homicidas que esta disposición legal le da herramientas a la justicia para que no quede impune este tipo de delitos.
El líder político casanareño explicó que “en el Congreso de la República adelantamos en su momento una discusión amplia y concienzuda sobre la necesidad de penalizar de manera específica este tipo de acción criminal”, lo que permitió fijar en la mencionada ley que se condene por feminicidio a prisión entre 250 y 500 meses, y entre 500 y 600 meses cuando se tenga un agravante como el de esta víctima de la vía Aguazul – Maní, quien sería violada antes de ser asesinada con arma blanca y posteriormente fuera arrojada al río.
El dirigente liberal explicó que este atroz asesinato se ajusta a esta disposición legal cuando fija que “en los casos de evidencia clara o de sospecha fundada de perpetración de un feminicidio o de una tentativa de feminicidio, las investigaciones deberán iniciarse de oficio y llevarse a cabo inmediatamente y de modo exhaustivo por personal especializado” por lo que las autoridades competentes en Casanare deben actuar cuanto antes para la consecución de este fin, enfatizó.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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