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Procuraduría alertó sobre deficiencias en el proceso de toma de muestras para confirmación de Covid-19

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La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado a las entidades territoriales y distritales de salud a fortalecer con la mayor celeridad los laboratorios de salud pública de su jurisdicción y a realizar estricto control a la calidad de las pruebas de casos probables de COVID-19, para evitar retrasos en los procesos de análisis y confirmación de resultados.

En visita al Instituto Nacional de Salud el domingo 22 de marzo, se evidenció incumplimiento por parte de las Entidades Territoriales de Salud de algunos departamentos, municipios y distritos del país, a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social sobre rotulado, embalaje y traslado de las muestras al INS.

Algunas no estarían cumpliendo con las definiciones correctas del caso, presentan embalajes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplen con los requisitos para realizar los registros, lo que conlleva un grave reproceso y la obligación de volver a tomarlas.

Cada muestra le cuesta al sistema $380 mil aproximadamente, sumado a los riesgos de más contagios que en el trascurso de este reproceso se puedan producir.

La Procuraduría encontró que aunque las direcciones territoriales, a través de los laboratorios de salud pública, deben tener contratado el transporte de sustancias infecciosas y/o material biológico que garantice el traslado de las muestras oportunamente al INS, pese a la situación epidemiológica por la que atraviesa el país y la alerta sanitaria no contarían con esos convenios. A la fecha solo 5 de los 32 departamentos tienen contratado este servicio.

Adicionalmente, se vendrían presentando demoras en la socialización del resultado por parte de las entidades territoriales de salud a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS – y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB-, lo que conllevaría a que los tratamientos médicos se dilaten de tal manera que pueden agravar la situación clínica de pacientes contagiados con COVID-19, además de aumentar el riesgo de nuevos casos.

Rutas personal médico

Adicionalmente el Ministerio Público exhortó a los secretarios de salud departamentales, municipales y distritales a gestionar y confinanciar la implementación inmediata de rutas de transporte para personal médico asistencial que labora en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público o privado, que garanticen su seguridad y la de los conductores, conforme a los protocolos existentes.

“Su operación dará un alivio a los profesionales de la salud, garantizará su movilidad, su seguridad personal y evitará el contacto y potencial contaminación hacia los ciudadanos que se movilizan en medios de transporte público”.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

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Colombianos pueden salir del aislamiento preventivo obligatorio, solo en 34 casos

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El Gobierno Nacional expidió el Decreto 457, por medio del cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, y que incluye 34 casos o actividades en las que se permitirá la circulación de las personas, con el fin de garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia.

El Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena nacional regirá a partir de las cero horas del 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas del 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Estas son las 34 actividades o casos cobijados por el Decreto para la libre circulación de las personas:

1-Asistencia y prestación de servicios de salud.

2-Adquisición de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población.

3-Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, y a servicios notariales.

4-Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado.

5-Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

6-Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de todos los organismos internacionales de la salud, la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados.

7-La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los servicios de salud.

El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud.

8-Las actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias.

9-Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.

10-La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza de ordinario consumo en la población-, (iii) alimentos y medicinas para mascotas, y demás elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, así como la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes.

11-La cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos -fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-; productos agropecuarios, piscícolas y pecuarios, y alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura de comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y agrícola, y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el trasporte de las anteriores actividades.

12-La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o por entrega a domicilio.

13-Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.

14-Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

15-Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa.

16-Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el transporte de carga.

17-Las actividades de dragado marítimo y fluvial.

18-La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las obras de infraestructura que no pueden suspenderse.

19-Las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria.

20-La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio. Los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones hoteleras solo podrán prestar servicios a sus huéspedes.

21-Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

22-El funcionamiento de la infraestructura critica -computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e información cuya destrucción o interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la combinación de ellas. ·

23-El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, los centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten servicios en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico.

24-El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas, zonas comunes de edificaciones y las edificaciones en las que se desarrollen las actividades de que trata el presente artículo.

25-Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de (i) servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios); (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, Gas Licuado de Petróleo -GLP-, (iii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el servicio de internet y telefonía.

26-La prestación de servicios bancarios y financieros, de operadores postales de pago, centrales de riesgo, transporte de valores y actividades notariales.

El Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios y turnos en los cuales se prestará el servicio notarial, garantizando la prestación del servicio a las personas más vulnerables y a las personas de especial protección constitucional.

27-El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación.

28-El abastecimiento y distribución de alimentos y bienes de primera necesidad – alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población- en virtud de programas sociales del Estado y de personas privadas.

29-Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas institucionales de emergencia y ayuda humanitaria, espiritual y psicológica.

30-Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente.

31-La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural.

32-Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, prestaciones económicas públicos y privados; beneficios económicos periódicos sociales -BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social y Protección Social.

33-El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de las instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

34-La construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Parágrafo 1. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus funciones.

Parágrafo 2. Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar las actividades descritas en el numeral 2 y 3.

Parágrafo 3. Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 4 deba salir de su lugar de residencia o aislamiento, podrá hacerlo acompañado de una persona que le sirva de apoyo.

Parágrafo 4. Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales de compañía, y en atención a medidas fitosanitarias, solo una persona por núcleo familiar podrá sacar a las mascotas o animales de compañía.

Parágrafo 5. Las excepciones que de manera adicional se consideren necesarias adicionar por parte de los gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas y coordinadas con el Ministerio del Interior.

Adicionalmente, el Decreto 457 determina que “se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19”, y los 34 casos o actividades mencionadas anteriormente.

Por último, indica que se deberá garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y logística para la carga de importaciones y exportaciones.

Fuente: Presidencia de la República

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Andesco pide al Presidente facultar los alcaldes para que asuman pago de servicios

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La Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) aseguró que el único camino para que los usuarios no asuman temporalmente el costo del suministro de agua, energía eléctrica y gas natural, por la emergencia sanitaria y económica declarada por el coronavirus, es una habilitación directa por parte del Presidente de la República, al amparo de la emergencia económica, social y ecológica, que facultara a los alcaldes municipales y distritales para que, como garantes de estos servicios, asuman temporalmente y con sus propios recursos el costo de las facturas de los servicios que se suministren a la población más vulnerable.

El presidente ejecutivo de la agremiación, Camilo Sánchez Ortega, recordó que la Constitución Política y la ley establecen un marco jurídico para la financiación de los servicios públicos domiciliarios, orientado por principios de solidaridad y sostenibilidad financiera, por lo cual no se puede poner en riesgo su adecuada prestación para toda la población mediante la promoción de figuras que exigen la coordinación institucional y la precisión de las fuentes de recursos que se requieren para implementarlas.

Al respecto, el dirigente gremial expuso que algunas administraciones municipales ya han venido implementando en los últimos años, con sus propios recursos, figuras como la del mínimo vital, orientadas igualmente la población vulnerable.

“El apoyo de los gobiernos, especialmente en lo que concierne a la financiación de actividades dirigidas a la población vulnerable, es fundamental para lograr el equilibrio de esta ecuación en la que no basta con proponer la gratuidad y el no pago, sin indicar la forma en que estas iniciativas se pueden solventar económicamente”, dijo Sánchez Ortega.

Para Andesco, en el trabajo tripartito entre autoridades, usuarios y empresas prestadoras, para el suministro de los servicios públicos, estas últimas son el eje de la oferta del servicio, mientras los gobiernos central y local, debidamente articulados, brindan las opciones financieras y de política pública para poder tomar medidas excepcionales, al tiempo que la ciudadanía aporta lo suyo, es decir, racionalizando el consumo y realizando los pagos correspondientes, en la medida de lo posible.

En este mismo sentido, Alejandro Castañeda, director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que agrupa a las centrales térmicas de generación de energía, llamó la atención en su cuenta en Twitter en el sentido de que las empresas de servicios públicos no tienen recursos infinitos y tienen obligaciones con las compañías que les proveen los insumos.

Fuente: Nota tomada de eltiempo.com

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Cámaras de Comercio del país piden al presidente extender plazos de trámites

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Ayer se conoció una misiva enviada por el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez Rivera – en representación de las 57 cámaras de comercio-, al presidente de la república, Iván Duque Márquez, haciéndole un llamado a proponer en esta coyuntura medidas tendientes a evitar un impacto mayor a la economía como consecuencia de la emergencia del coronavirus (Covid-19).

Medidas Monetarias:

* Reducción de la tasa de interés de intervención de política monetaria por parte del banco de la República, con el fin de estimular el crecimiento económico, ya que los costos financieros más bajos pueden alentar los préstamos y las inversiones, además de incentivar el consumo interno.

* Continuar con las operaciones de refuerzo de la liquidez del sistema de pagos, en el contexto de la extrema volatilidad global, que ha impactado gravemente la tasa de cambio, con mecanismos como la cobertura cambiaria mediante operaciones forwad de cumplimiento financiero y aumento de cupos de subastas de liquidez.

Medidas tributarias

*Extender para empresarios de todos los sectores económicos los plazos para el pago de los impuestos nacionales y brindar facilidades de pago para los impuestos regionales y locales, como el pago en mensualidades hasta por 12 meses de las obligaciones tributarios.

*Facilitar la liquidación y pago del impuesto de Registro para las actividades empresariales.

*Suspensión de los términos de los cobros coactivos a los empresarios.

Medidas financieras y crediticias

*Solicitar a los bancos que brindan opciones de pago o periodos de gracia para las empresas que experimentan caídas en la facturación. Las opciones podrían comprender la ampliación del pago, hasta por seis meses, para deudores que no puedan pagar la próxima cuota.

*Uso de mecanismos alternativos de financiamiento por parte de entidades financieras del Gobierno. Las garantías Mobiliarias son una herramienta que puede ser utilizada por estas entidades para crear líneas de crédito contingentes, que les permitan apoyar a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas, que requieren de mayor liquidez.

*Promover microcréditos para las micro y pequeñas empresas a través de Bancóldex, el Banco Agrario y la Banca de Oportunidades con bajas tasas, amplios plazos de pago y periodos de gracia.

*Crear una línea especial de crédito por parte de Bancóldex para ayudar a las empresas de todos los sectores económicos, que por el cese de sus actividades que implica el control de la pandemia, se están viendo afectados.

*Abrir convocatoria de Innpulsa que busque adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a proyectos cuya finalidad apunten a la recuperación y fortalecimiento de las empresas afectadas por la pandemia.

“En este momento en que debe primar la solidaridad y las acciones colectivas, en pro del bienestar de los empresarios, colaboradores y la ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Casanare, actúa con responsabilidad y acatando las directrices del Presidente de la República, así mismo informa que través de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) se ha propuesto al Gobierno Nacional extender el plazo para la renovación del registro mercantil y demás registros públicos”, comentó el presidente ejecutivo de la entidad gremial, Carlos Rojas Arenas.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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