NACIONALES
Preocupación por tutela que ordena suspender exploración en pozo Uchuva 2
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifestaron su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2.
Las empresas de la industria del gas natural respetan y acatan las decisiones judiciales, sin embargo, esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga.
En relación con el proyecto de Uchuva 2 y el cumplimiento de los trámites requeridos para su ejecución, la ACP y Naturgas señalan que el Bloque Tayrona del que hace parte el pozo Uchuva 2, está localizado a 31 kilómetros de la línea de costa, en aguas profundas (837 metros de lámina de agua) en mar territorial colombiano, en donde la empresa operadora ha ejecutado diversas actividades por más de 20 años, en cumplimiento del contrato firmado en 2004 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Las actividades exploratorias ejecutadas fueron aprobadas por las autoridades competentes. La empresa operadora ha cumplido con todos los requisitos regulatorios y trámites requeridos, incluyendo la Determinación de la No presencia de Comunidades Indígenas en el área de influencia del proyecto, el licenciamiento ambiental, y la obtención de los permisos de la Dirección General Marítima (DIMAR). Sus actividades se han adelantado cumpliendo los más altos estándares de calidad y sin ningún impacto ambiental registrado.
Con la ejecución del proyecto NO se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a ninguna comunidad indígena, toda vez que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP), mediante Resolución ST-1630 de 2023, confirmó la NO presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y por tanto tampoco su afectación directa.
La certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por la entidad en varios actos administrativos. Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte de la comunidad.
Tampoco se encuentra demostrada afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal, teniendo en cuenta que las conclusiones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), organización adscrita al Ministerio de Ambiente, confirmó la no existencia de actividad de pesca artesanal en el área de influencia del proyecto. Conclusión confirmada también por la ANLA.
En cuanto a la afectación a la seguridad energética, los gremios profundizaron en que:
- En Colombia, exceptuando los proyectos costa afuera (incluido Uchuva), los nuevos descubrimientos son insuficientes para reponer las reservas de petróleo y gas que se consumen. Los proyectos costa afuera tienen una alta prospectividad para gas, la cual es clave para revertir la disminución crítica y progresiva que vienen registrando las reservas de gas en el país; desde 2012 han caído en un 58%.
- El índice de reposición de reservas en los últimos 10 años (2014-2023) es del 25%, es decir, que se está descubriendo menos gas del que se produce/consume, de cada 10 pies cúbicos que se producen, se adicionan 2,5. Por lo anterior, el factor Reservas/Producción también evidencia una crítica situación en la disponibilidad de gas, ratificando la necesidad de aumentar la exploración y el desarrollo de este energético, así como de resolver las contingencias para incrementar las reservas y la producción.
- En 2023 se registró un incremento en recursos contingentes existentes del 29%, de los cuales la mayoría corresponde a recursos costa afuera. Este incremento es resultado del trabajo e inversiones realizadas por las empresas, y para viabilizarlos e incorporarlos como reservas se requiere exploración y desarrollo.
Finalmente, la ACP y Naturgas reiteran que es crucial que el país mantenga un entorno de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, sin comprometer los derechos de las comunidades ni la seguridad energética del país; y hacen un llamado al trabajo articulado y al diálogo constructivo con todos los actores nacionales y regionales para asegurar que los colombianos sigan contando con un abastecimiento confiable y sostenible de gas natural.
Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas)
La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) oficializó la formulación de esta política estructural, que convierte el PAE en una política de Estado y no solo en un programa gubernamental. El objetivo: blindar su operación más allá de los ciclos políticos y asegurar que cada niño, niña y joven reciba una alimentación balanceada y pertinente durante su formación escolar.
“Después de 60 años, este Gobierno le dejará a Colombia su primera política pública de alimentación escolar. El Gobierno del Cambio tomó la decisión de elevar el PAE a política de Estado”, afirmó Sebastián Rivera, director de la UApA.
La nueva política se basa en cinco ejes estratégicos que buscan fortalecer el impacto del programa en las aulas y las comunidades:
- Garantía de derechos: la alimentación escolar se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
- Financiamiento sostenible: se establecen mecanismos financieros a largo plazo para asegurar la continuidad y expansión del PAE.
- Calidad y nutrición mejoradas: las minutas alimentarias serán revisadas y actualizadas con base en criterios técnicos, nutricionales y participación comunitaria.
- Participación ciudadana: estudiantes, familias y comunidades educativas participarán en la toma de decisiones, promoviendo transparencia y pertinencia local.
- Monitoreo y evaluación rigurosos: se implementarán sistemas de seguimiento robustos para garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
La formulación de esta política responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde se reconoce la seguridad alimentaria como un problema estructural. Para ello, la UApA ha habilitado un espacio de participación abierta a través de un formulario en línea y sus redes sociales.
“Esto va más allá de entregar alimentos en la jornada escolar. Hablamos de soberanía alimentaria, de nutrición saludable y de una política construida entre todos: sector público, privado, ONG, comunidad educativa y familias”, explicó Rivera.
La consolidación del PAE como política pública enfrenta retos en la gestión descentralizada, la infraestructura y la capacitación, pero representa un avance determinante para proteger los derechos de la niñez y la juventud.
Con esta decisión, el Gobierno nacional fortalece su compromiso con la equidad y el desarrollo humano, sentando las bases para una Colombia donde la alimentación escolar sea un derecho garantizado, no una excepción.
Fuente: Comunicaciones Mineducación
NACIONALES
Antes del 30 de mayo, entidades públicas a reportar empleos de carrera que estén en vacancia
Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitaron a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, orden territorial y Corporaciones Autónomas Regionales, reportar los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva.
Las entidades deben proporcionar esta información a Función Pública antes del viernes 30 de mayo de 2025 para la elaboración del Plan Anual de Vacantes que será enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
El Plan Anual de Vacantes es un instrumento técnico de medición que permite conocer a la Comisión y ciudadanías el número de cargos de carrera administrativa que se encuentran vacantes en el sector público y cuáles hacen parte de procesos de selección.
Función Pública aclaró que el diligenciamiento de esta información no exime a las entidades del reporte de vacantes en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) y la inscripción o actualización del Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA).
El cumplimiento de este reporte debe ser verificado por el o la jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades, ya que en caso de incumplimiento u omisión deben reportar a la Dirección de Vigilancia y Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC.
Las entidades están obligadas a diligenciar la información de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva con corte al 31 de diciembre de 2024 a través de este enlace.
Fuente: Comunicaciones Función Pública
El desempleo en marzo de 2025 disminuyó 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y se ubicó en 9,6 % desde el 11,3 % de 2024. Esto significa una variación absoluta de 1’057.000 personas ocupadas, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.
De acuerdo con la entidad, se trata de la tasa más baja desde 2017, resultado que se explica por la menor desocupación en las 13 principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas que para el tercer mes de este año se ubicó en 9,3 %, que representa una disminución de 1,4 p.p. respecto del año pasado (10,8 %).
La tasa global de participación se ubicó en 67,4% (en marzo de 2024 fue de 67,1 %) y la tasa de ocupación quedó en 61,1 % (59,9 % en marzo del año pasado).
El estudio revela que la población del país en edad de trabajar llegó en marzo pasado a 40’514.000 personas, de las cuales 23’702.000 es la población ocupada (1’057.000 más que el año pasado); 2’522.000 es la población desocupada (con una disminución de 359.000 personas) y 14’289.000 personas están fuera de la fuerza laboral (amas de casa, estudiantes, pensionados, etc.) que se redujo en marzo último en 138.000 personas.
Por dominio geográfico, mientras en el total nacional la variación de población ocupada fue de 4,7 p.p., en Otras cabeceras llegó a 9 %, la cifra más alta desde 2018, y en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas la variación fue de +3,4 p.p.
Ocupación por actividades
El DANE informó que por ramas de actividad económica, el sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aportó 381 mil nuevos ocupados y representa 15,5 % del total nacional; le siguen Industrias manufactureras con 218 mil nuevos ocupados (11,1 %); Alojamiento y servicios de comida con 153 mil nuevos ocupados (7,3 %); Transporte y almacenamiento con 132 mil nuevos ocupados (7,5 %); Construcción aportó 125 mil ocupados (7 %); Comercio y reparación de vehículos 101 mil ocupados nuevos (17,6 %) y Actividades artísticas entretenimiento y recreación con 100 mil nuevos ocupados (8,4 % del total nacional).
Por sexo, la población masculina ocupada creció en 543 mil personas, mientras la femenina en 514 mil.
Por rangos de edad, la franja de 25 a 54 años entre los hombres redujo la desocupación en 152 mil personas, mientras en las mujeres la variación fue de 47 mil personas en el mismo rango etario.
Desempleo por ciudades
El informe del DANE también da cuenta de que por encima del promedio nacional de desocupación (9,6 %) en marzo pasado estuvieron: Arauca con 29,2 %; Quibdó 29 %, Buenaventura 26,3 %, Mocoa 24,7 %, Barrancabermeja 24,6 % y Tumaco 23,3 %, entre las que da mayor tasa de desempleo.
Y las que registraron menor variación fueron Inírida 7,6 %, Mitú 6,7 %, Rionegro 6,1 % y Leticia 4,7 %.
Informalidad y juventud
El sector informal de la economía para el tercer mes del año se ubicó en 57,7 % en todo el país; en los centros poblados y rural disperso llegó a 84,3 %; en las 23 principales ciudades del país fue de 45,2 % y en las 13 ciudades con área metropolitana se ubicó la informalidad en 43,9 %.
El DANE también midió la brecha de género en tasa de desocupación. Para el trimestre enero – marzo de 2025 la brecha de género en materia de desempleo fue de 9,8 puntos porcentuales, pues mientras los hombres registraron una tasa de desempleo de 13 % las mujeres registraron 22, 8 %.
En este mismo periodo, la población más joven (15 – 24 años) la desocupación a nivel nacional se redujo en 2,9 p.p., mientras que en las 23 principales ciudades del país se redujo en 3 p.p. En Quibdó este indicador subió 8,4 %, y en Cartagena se redujo 6,7 %.
Fuente: Comunicaciones DANE
