CASANARE
Por displicencia de la Alcaldía de Yopal Programa Presidencial Familias en Acción se queda sin atención a beneficiarios
Más de 13.000 familias beneficiarias del Programa Familias en Acción de Yopal se están viendo perjudicadas, por el mal manejo que le ha dado la Administración Municipal a este programa presidencial.
Desde principios de Semana Santa, con el invierno que afectó al país, se presentaron varios problemas en el sitio donde funcionaban las instalaciones del Programa Familias en Acción en el barrio Villa Nelly de la Comuna 5, pues se cayeron algunas tejas y se afectaron las paredes del lugar.
Maite Bernal, veedora del Programa Presidencial, denunció a través del Diario del Llano algunas anomalías que se vienen presentando en esta dependencia desde que fue trasladada para la sede de la Oficina de Acción Social Municipal, a raíz del deterioro de las oficinas que quedaban ubicadas en el barrio Villa Nelly.
Manifiesta Maite Bernal, que las instalaciones de Acción Social son muy pequeñas y no pueden atender a todos los usuarios del Programa Nacional. Es un programa que maneja muchos usuarios diarios que se dirigen a hacer sus afiliaciones, actualizaciones y demás actividades que se realizan en esta dependencia. Un promedio de 150 personas diarias acuden a estas oficinas, que siempre se ven saturadas por su pequeño espacio.
Según la veedora, a esta situación se suma que el servicio de internet del Programa Familias en Acción fue trasladado a las Oficinas de Acción Social, donde es utilizado también por otras dependencias, haciendo que la plataforma de Familias en Acción se torne lenta o no funcione, no permitiendo que se visualice el SIFA -Sistema Interno de Familias en Acción.
Desde el pasado 29 de marzo se le hizo llegar a la Secretaria de Acción Social y hoy Alcaldesa (e) Luz Marina Cardozo, un documento solicitando se arreglen los problemas de la sede de la Comuna 5 para que Familias en Acción retorne allí, pero hubo total indiferencia por parte de la funcionaria. El mencionado documento fue transferido al Enlace Municipal, Diana Rufio, quien no puede tomar decisiones ante esta realidad, es decir, quien no tiene la autonomía ni el presupuesto para asumir los arreglos que se requieren.
Denunció la veedora, que como si fueran pocas las irregularidades, parte del personal que trabaja en esta dependencia no está capacitado para ejercer tales funciones, toda vez que deben estar preparados por el Departamento para la Prosperidad Social -DPS- y al momento no lo están.
Lo único que piden los usuarios de este programa a la Administración Municipal, es un sitio adecuado para su atención, donde las personas puedan sentarse con sus bebés y ser atendidas por personal capacitado. Solicitan además, que a los funcionarios que ya fueron capacitados por el DPS se les renueve contrato para evitar la rotación de personal, lo que perjudica la buena labor que puede realizar este programa tan útil para estas familias.
A pesar de las múltiples solicitudes de las familias beneficiarias del Programa Presidencial, se conoció que no se ha destinado el dinero por parte de la Administración Municipal para la contratación del personal que atienda estas oficinas, por lo que la atención al público está en veremos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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