CASANARE
Por displicencia de la Alcaldía de Yopal Programa Presidencial Familias en Acción se queda sin atención a beneficiarios
Más de 13.000 familias beneficiarias del Programa Familias en Acción de Yopal se están viendo perjudicadas, por el mal manejo que le ha dado la Administración Municipal a este programa presidencial.
Desde principios de Semana Santa, con el invierno que afectó al país, se presentaron varios problemas en el sitio donde funcionaban las instalaciones del Programa Familias en Acción en el barrio Villa Nelly de la Comuna 5, pues se cayeron algunas tejas y se afectaron las paredes del lugar.
Maite Bernal, veedora del Programa Presidencial, denunció a través del Diario del Llano algunas anomalías que se vienen presentando en esta dependencia desde que fue trasladada para la sede de la Oficina de Acción Social Municipal, a raíz del deterioro de las oficinas que quedaban ubicadas en el barrio Villa Nelly.
Manifiesta Maite Bernal, que las instalaciones de Acción Social son muy pequeñas y no pueden atender a todos los usuarios del Programa Nacional. Es un programa que maneja muchos usuarios diarios que se dirigen a hacer sus afiliaciones, actualizaciones y demás actividades que se realizan en esta dependencia. Un promedio de 150 personas diarias acuden a estas oficinas, que siempre se ven saturadas por su pequeño espacio.
Según la veedora, a esta situación se suma que el servicio de internet del Programa Familias en Acción fue trasladado a las Oficinas de Acción Social, donde es utilizado también por otras dependencias, haciendo que la plataforma de Familias en Acción se torne lenta o no funcione, no permitiendo que se visualice el SIFA -Sistema Interno de Familias en Acción.
Desde el pasado 29 de marzo se le hizo llegar a la Secretaria de Acción Social y hoy Alcaldesa (e) Luz Marina Cardozo, un documento solicitando se arreglen los problemas de la sede de la Comuna 5 para que Familias en Acción retorne allí, pero hubo total indiferencia por parte de la funcionaria. El mencionado documento fue transferido al Enlace Municipal, Diana Rufio, quien no puede tomar decisiones ante esta realidad, es decir, quien no tiene la autonomía ni el presupuesto para asumir los arreglos que se requieren.
Denunció la veedora, que como si fueran pocas las irregularidades, parte del personal que trabaja en esta dependencia no está capacitado para ejercer tales funciones, toda vez que deben estar preparados por el Departamento para la Prosperidad Social -DPS- y al momento no lo están.
Lo único que piden los usuarios de este programa a la Administración Municipal, es un sitio adecuado para su atención, donde las personas puedan sentarse con sus bebés y ser atendidas por personal capacitado. Solicitan además, que a los funcionarios que ya fueron capacitados por el DPS se les renueve contrato para evitar la rotación de personal, lo que perjudica la buena labor que puede realizar este programa tan útil para estas familias.
A pesar de las múltiples solicitudes de las familias beneficiarias del Programa Presidencial, se conoció que no se ha destinado el dinero por parte de la Administración Municipal para la contratación del personal que atienda estas oficinas, por lo que la atención al público está en veremos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
