CASANARE
Alias “Don Mario” revivió la parapolítica en Meta y Casanare
Previo a embarcarse en un avión con destino a los Estados Unidos, país que lo requiere en extradición por sus actividades delictivas dedicadas al paramilitarismo y el narcotráfico, Daniel Rendón Herrera –mejor conocido como Don Mario–, se despachó contra su proceso judicial en el país, su extradición, los vínculos entre prósperos empresarios y paramilitares y, también, su “dolor de patria” por ser “de los pocos” que se han atrevido a decir la verdad. (Le podría interesar: Santos da vía libre a extradición de ‘Don Mario’)
Don Mario manifestó estar tranquilo, pues dijo que llegó el momento de poder esclarecer los cargos ante la justicia norteamericana. “Los últimos días de cautiverio en esta mazmorra, donde me encuentro, ha sido muy difícil, (…) sin agua para bañarme, solo me sacan de la celda una hora al día”, explicó a los micrófonos de la W Radio. Dice, también, que cometió un error al no pedir acompañamiento de los medios de comunicación porque todo lo que ha dicho lo han desaparecido y no han investigado a las personas responsables de las actividades ilícitas.
Prueba de ello, según él, son los ejemplos de “impunidad” en cuanto a investigaciones a políticos y empresarios, como el hoy gobernador del departamento de Guaviare, Nebio Echeverry, quién, según Don Mario, conformó un grupo de autodefensas en los llanos orientales y lo financió. A su vez, sostuvo, hay otro hecho que comprometería a un exsenador que se habría reunido con él y con Miguel Arroyave, exparamilitar cercano a la casa Castaño, y que en ese encuentro también estuvo también el político e ingeniero industrial, Luis Carlos Torres, esposo de la congresista Maritza Martínez.
En dicho encuentro, explicó Don Mario, se habló sobre el asesinato de los políticos Euser Rondón Vargas, Carlos Javier Sabogal y Nubia Sánchez Romero. Luis Carlos Torres “estuvo en una reunión, precisamente, en la finca llamada El Rollo con Miguel Arroyave. Cuando yo llegué estaba pactando la muerte de estos personajes. A los pocos días se dio la muerte de ellos, eso lo denuncié en Justicia y Paz y (allí) se han desaparecido los audios”, manifestó. (Lea: Corte Suprema de Justicia avala extradición de “Don Mario” a Estados Unidos)
“Yo no soy el principal testigo en lo de Santiago Uribe”
Interrogado sobre el caso que vincula a Santiago Uribe, hermano del senador Álvaro Uribe, con el grupo de los 12 Apóstoles, el exparamilitar indicó no es el principal testigo contra él, pero que sí puede decir que en el país se conformaron “grupos de seguridad privada” al mando de varias familias, entre ellos, “la familia de los Uribe”. “Eso es lo que ha dicho. Pero no es que tenga pruebas de eso como tal, sé (…) que tuvieron un grupo de seguridad privada y que después conformaron los 12 Apóstoles, que eran unos hombres ‘pensantes’ para direccionar las autodefensas a dónde debían llegar”, dijo.
“¿Las autodefensas como nos convertimos en paramilitares?”, se preguntó el exparamilitar quien, inmediatamente, se responde: “Fue el vínculo con los organismos de seguridad del Estado, con la política, todos con un fin de defender nuestra patria de la oleada guerrillera. Hoy en día le olemos maluco a todo mundo, pero que todo el mundo participó en defender la oleada guerrillera que se iba a tomar la patria”, expresó. (Lea: A “Don Mario” le llegó la extradición)
Vínculos entre paramilitares y empresarios
Rendón Herrera, quien se desmovilizó en 2006, manifestó que “todos” los empresarios de Colombia hicieron parte del financiamiento de las autodefensas. “¿Quiénes me financiaban a mí? Todos los gremios económicos de esa región, incluyendo petroleras y contratistas”. Y sostuvo que uno de los casos que puso en Justicia y Paz fue el de Andrés Rueda, un contratista del Casanare que supuestamente financió a un frente. “Él era contratista de Vargas Lleras en ese tiempo. Él financiaba a Martín Llanos y pasó a financiarnos a nosotros. Algo más de $1.000 millones de la contratación de Casanare. Todo eso lo denuncié y nadie lo ha investigado”, expuso en la emisora radial.
El Espectador habló con Rueda respecto a las declaraciones dadas por Rendón Herrera y aseguró que lo dicho por el exparamilitar “es una completa mentira”. Explicó también que ya en 2010 la Fiscalía había abierto una investigación en su contra por otras declaraciones de Don Mario, pero que el ente investigador “cerró el proceso y dijo que no había una credibilidad de Don Mario, porque todas las personas que puso de testigo se contradijeron”.
Sobre la afirmación de que “él era contratista de Vargas Lleras en ese tiempo”, Rueda negó tener alguna relación personal o comercial con el ahora candidato presidencial. Cuestionado sobre si ha trabajado con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, Rueda dijo que nunca lo había hecho. Aun así, en otra entrevista a este mismo diario, publicada en mayo de 2006, queda en evidencia que él era coordinador de la campaña Uribe en Casanare a la que llegó, según explicó, por invitación del doctor Ignacio Guzmán.
En esa ocasión, este diario reveló sus nexos con el paramilitar Emiro Pereira (condenado a 40 años de prisión), pero, como ahora, también lo negó, afirmando que nunca tuvo negocios con Pereira. También dijo que “él (Pereira) llegó una vez a Yopal diciendo que quería hacer una reforestación y supo que yo estaba negociando una finca cerca a Yopal, pero esa finca nunca la compré y no hubo negocio”.
Fuente: www.elespectador.com
CASANARE
Más de 45 años de prisión para feminicida por crimen ocurrido en Yopal en 2021

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
Lea también: Por fin, después de dos años y medio capturan feminicida de comerciante del Terminal de Yopal
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Condenan a 44 años de prisión a feminicida por hechos ocurridos en Maní

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
Lea también: A prisión señalado como responsable de feminicidio ocurrido en Maní
Lea también: Hija de víctima de feminicidio en Maní exige justicia a pocos días de la audiencia de juicio
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
JEP imputa tortura y tratos inhumanos a seis militares por ‘falsos positivos’ en Casanare

Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
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