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Ordenan remover 6 miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio

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La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la remoción de 6 miembros de la junta directiva y 3 miembros del comité de afiliación de la Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV), al encontrar serias deficiencias en el manejo administrativo de la entidad, denunciadas por comerciantes y empresarios.

Los miembros de la Junta Directiva que fueron investigados y a los que se les ordena la remoción de sus cargos son:

  • CARLOS ALBERTO LOTERO PRADA.
  • W Soluciones W SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., representada para el momento de los hechos investigados por HERIN CAMILA LÓPEZ RINCÓN.
  • COLOMBIANA DE CONTRATOS Y SUMINISTROS S.A.S., representada para el momento de los hechos por LUIS RODOLFO HERRERA SANTIAGO
  • MADGA YANETH ESQUIVEL NIETO.
  • JUAN DIEGO GARZÓN DÍAZ
  • NANCY MEJÍA LADINO.

Los miembros del Comité de Afiliación que fueron investigados y a los que se les ordena la remoción de sus cargos son:

  • MARLY PAOLA TRUJILLO RIVEROS, representante legal suplente y Directora Administrativa y Financiera de la CCV.
  • DIANA CAROLINA CAMACHO URREA, Directora Jurídica, de Conciliación y Arbitraje de la CCV.
  • DÉBORA MURILLO RINCÓN, Directora de Registros Públicos de la CCV.

La actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio inició con ocasión de múltiples quejas por parte de comerciantes de la región y de los demás directivos de la Cámara de Comercio de Villavicencio, estos fueron algunos de los hallazgos de la investigación:

Sobre la Cámara de Comercio de Villavicencio

  • La CCV incurrió en una serie de irregularidades que generaron una crisis sostenida durante el periodo comprendido entre el año 2010 y el primer semestre de 2019. Entre las irregularidades demostradas se encuentra el incumplimiento de las normas sobre planeación presupuestal, el manejo irregular del endeudamiento, la formación innecesaria de nóminas paralelas que incrementaron de manera exagerada los gastos de la CCV, la existencia de casos reiterados de fraude electoral, la influencia de exdirectivos que habían sido removidos por la Superindustria y la existencia de irregularidades en la gestión contractual para favorecer a algunos contratistas que tenían vínculos con directivos y funcionarios de la CCV.
  • La situación de la CCV mejoró de manera significativa a partir del segundo semestre de 2019 como resultado de dos factores: en primer lugar, las actividades de vigilancia y control que desarrolló la Superintendencia de Industria y Comercio; en segundo lugar, la gestión que adelantó el Presidente Ejecutivo de la CCV que fue nombrado el 31 de julio de 2019. No obstante, la situación crítica de la Cámara no está completamente superada debido a que la entidad está en riesgo de que una administración deficiente promueva la reincidencia en las prácticas que determinaron la profunda situación crítica que padeció durante aproximadamente una década. La superación definitiva de la crisis depende de que la administración de la entidad actúe de manera técnica, diligente y orientada al cumplimiento de las funciones de la entidad.
  • En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio no ordenó el cierre ni la suspensión de la CCV, pues se trata de una entidad viable que está en condiciones de operar y cumplir adecuadamente sus funciones. Sin embargo, con el fin de promover que la administración de la entidad tenga las calidades indispensables para la superación definitiva de la crisis, la Superintendencia ordenó la implementación de un sistema de vigilancia y control estricto en la CCV.

Sobre los 6 miembros de la Junta Directiva de la CCV

  • Los miembros de la Junta Directiva que fueron investigados, con excepción de MADGA YANETH ESQUIVEL NIETO y JUAN DIEGO GARZÓN DÍAZ, incurrieron en prácticas ilegales de coadministración que afectaron la buena marcha de la entidad. Algunas de esas prácticas consistieron en participar directamente en la contratación del personal de la CCV, favorecer a proponentes en el marco de los procesos de selección de la entidad e intervenir de manera activa en la dirección de las diversas áreas de la CCV. Esos comportamientos de coadministración comprometieron la gestión de la CCV y fueron desarrollados en beneficio exclusivo de los directivos investigados.
  • De otra parte, los 6 directivos investigados incumplieron sus deberes especiales al determinar la remoción del Presidente Ejecutivo que había promovido la recuperación de la CCV desde el segundo semestre de 2019. Ese comportamiento fue ilegal porque los directivos removieron al funcionario para lograr que se mantuvieran las prácticas administrativas que provocaron la crisis de la CCV, que resultaban favorables para los intereses particulares de los directivos investigados. Además, esos directivos adoptaron la decisión de manera improvisada, sin identificar los riesgos asociados a ella y sin adoptar medida alguna para precaver la materialización de esos riesgos.
  • Por lo anterior, la Superindustria concluyó que los 6 directivos investigados incumplieron los deberes a su cargo y afectaron la buena marcha de la CCV. En consecuencia, ordenó la remoción de todos los directivos investigados.

Sobre los tres funcionarios del Comité de Afiliación

  • Los miembros del Comité de Afiliación de la CCV incumplieron su deber de promover la desafiliación de algunos directivos que no reunían las condiciones para conservar esa calidad. Así, al no cumplir los requisitos para ser afiliados, esos directivos tampoco estaban autorizados para mantener su condición de miembros de la Junta Directiva de la Entidad.
  • A pesar de que la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a los miembros del Comité de Afiliación de la CCV para que cumplieran su deber y, además, les entregó el material probatorio necesario para el efecto, los miembros de ese comité se negaron a realizar el procedimiento de desafiliación para remover a los directivos que no cumplían las condiciones para mantener su calidad. Los miembros del Comité de Afiliación actuaron de esa manera para favorecer a los directivos en cuestión y garantizar que se mantuvieran en la Junta Directiva de la CCV para cometer las irregularidades que motivaron su remoción.
  • Teniendo en cuenta lo anterior, la Superindustria concluyó que los 3 funcionarios del Comité de Afiliación de la CCV incumplieron los deberes a su cargo y afectaron la buena marcha de la entidad. En consecuencia, ordenó la remoción de los 3 funcionarios investigados.
  • Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades de vigilancia y control, le ordenó a la Junta Directiva de la CCV que no realice el nombramiento de un Presidente Ejecutivo hasta que quede en firme la decisión de remover a los directivos y funcionarios investigados. El propósito de la orden es impedir una práctica recurrente en la Cámara de Comercio de Villavicencio: que los directivos desvinculados por incumplir sus deberes promuevan la vinculación de personas que representarán sus intereses y que permitan que se continúe con prácticas ilegales perjudiciales para el ente cameral.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio

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Procuraduría: detenidos en cantón militar de Apiay deben pasar a centros de reclusión

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En oficio enviado al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Procuraduría General de la Nación solicitó el traslado inmediato a centros carcelarios de las Personas Privadas de la Libertad con medida de aseguramiento, que están bajo la custodia del Batallón de Ingenieros No. 7 “General Carlos Albán Estupiñán”, con sede en el Cantón Militar de Apiay (Meta), Cuarta División del Ejército Nacional.

El requerimiento del ente de control busca que se hagan efectivas las órdenes judiciales impuestas contra 25 detenidos, cuya seguridad fue asignada transitoriamente al mencionado batallón desde el 2020 en razón de la emergencia sanitaria decretada, a pesar de que su custodia y vigilancia le correspondía a los centros de reclusión del INPEC legalmente constituidos.

En el escrito al director del INPEC, el Procurador Regional del Meta, Luis Enrique Moncada Reyes, reiteró la advertencia hecha por el comandante del Batallón de Ingenieros No. 7, quien puntualizó que las instalaciones del Cantón Militar de Apiay se encuentran a un 100% de su capacidad.

Esta actuación preventiva de Ministerio Público hace parte de una labor interinstitucional articulada que no pretende coadministrar, sino velar por el fortalecimiento de la seguridad y la defensa de la soberanía, y por la integridad territorial y el orden constitucional.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

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Juez del Meta condena a pareja de indígenas que abusó sexualmente de sus hijos

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El Tribunal Superior de Villavicencio confirmó las condenas a 18 y 10 años de prisión impuestas a una pareja de indígenas que abusó de sus dos hijos que para la época de los hechos tenían; el niño 9 años de edad y niña 12.

Las investigaciones determinaron que las agresiones sexuales contra los dos niños iniciaron en 2012; y se habrían presentado en repetidas oportunidades.

El material de prueba recaudado evidenció que los abusos se presentaron al interior de una comunidad del Gran Resguardo Indígena del Vaupés. Al parecer, los hechos de violencia sexual se generaban cuando los padres de las víctimas consumían licor.

La evidencia recaudada determinó que los menores; además de ser agredidos por los adultos, eran obligados a presenciar escenas íntimas entre sus padres y varios vejámenes.

El abundante material de prueba presentado por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas Abuso Sexual (CAIVAS) en Meta permitió que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio, en primera instancia, impusiera la referida pena.

Dicha condena fue confirmada en segunda instancia por la Sala de Descongestión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.

La pareja fue imputada por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo con el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

Las dos personas judicializadas fueron enviadas a prisión en marzo de 2013. Aunque la defensa de los procesados apeló la decisión alegando la incompetencia de la justicia ordinaria, el Tribunal confirmó el fallo contra los procesados y negó el traslado del condenado a un centro carcelario indígena.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Por crimen de reincorporado y un civil capturan al “Indio Yagarí” en el Meta

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El Juez Promiscuo Municipal de La Macarena envió a prisión a Luis Albeiro Yagarí Rucaira, alias el Indio Yagarí, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc, grupo Jorge Briceño en zona rural de La Uribe.

El Indio Yagarí no aceptó los cargos que la Fiscalía le endilgó por homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y concierto para delinquir agravado.

Las pruebas indican que el capturado participó en el homicidio del reincorporado Albeiro Gallego Mesa y del civil José Wilson López Galvis, ocurrido el 21 de marzo de 2020 en la vereda Villanueva Alta del municipio de La Macarena.

Al término de las audiencias concentradas, el juez dispuso la detención domiciliaria para el investigado en un lugar diferente al resguardo indígena Embera Chamí La Julia, ya que es miembro de la directiva del cabildo y secretario administrativo del Comité Ejecutivo Municipal del MAIS en La Uribe.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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