CASANARE
Ordenan investigar a petrolera Perenco por presunto patrocinio a “paras” en 2002
La primera sentencia contra el Bloque Centauros de las Auc, ordena investigar al gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry Cadavid, y a la petrolera Perenco por presunta financiación de grupos armados ilegales.
El fallo exhortó a la Fiscalía para que investigue si trabajadores de la multinacional francesa Perenco, que sigue operando en Colombia, financiaron al Bloque Centauros. La empresa petrolera llegó a Colombia en 1971 como Sociedad Aquitaine Colombie S.A. y en 1993 comenzó a operar varios proyectos bajo el nombre de Perenco. De acuerdo con información registrada en su página web, “opera cinco contratos de asociación (Casanare, Estero, Corocora, Garcero, y Orocue), dos contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Oropéndola y Llanos 45, en fase de exploración), un contrato de concesión (Yalea)”.
El narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Marío’, jefe financiero del Bloque Centauros, aseguró que la compañía – que tiene instalaciones entre Paz de Ariporo y Trinidad- le pagaba 20 millones de pesos mensuales al grupo paramilitar: “Cuando yo recibí la parte administrativa y financiera me entregaron unas finanzas de una compañía de petróleos llamada Perenco que pagaba 20 millones mensuales, (…) yo me reuní con el gerente de esa compañía, fui en compañía de Manuel de Jesús Pirabán, en ese entonces (…) en el año 2002, yo les manifesté al gerente que era muy poquito porque las autodefensas velaban por la seguridad de los pozos, que la guerrilla no se fuera a tomar los pozos petroleros. Acordamos con ellos que nos daban 25 millones y 15 tambores de combustible mensual, eso fue un recurso que nos dieron por el tiempo que venía de antes y lo dieron por el tiempo que yo estuve en la parte administrativa y financiera”.
Al respecto, la sentencia concluye que “en ese sentido, la petrolera Perenco, se beneficiaba del modus operandi del Bloque Centauros, por medio de la seguridad que la estructura paramilitar ofrecía a sus pozos, razón por la cual aquella, le daba una contraprestación, que en parte, permitía su expansión y consolidación en la región de los Llanos Orientales”.
Pero este no fue el único grupo paramilitar que salpicó a Perenco. En 2011, Nelson Florentino Vargas Gordillo, exmiembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare, le dijo a la Fiscalía que entre 2001 y 2002 esta compañía le colaboraba a los paramilitares al mando de por ‘Martín Llanos’. De acuerdo con Vargas, recibían mensualmente cien canecas de gasolina y montos entre 50 a 100 millones de pesos.
Con base en las versiones entregadas por los exparamilitares, el Tribunal Superior de Bogotá exhortó a la Dirección Nacional de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, “para que inicien las indagaciones tendientes a dilucidar la presunta participación de personas, que pertenecientes a Empresas y grupos económicos locales y regionales, caso de la petrolera Perenco, aparentemente estuvieron relacionadas con la financiación y consolidación del Bloque Centauros”.
Fuente: Tomado de www.verdadabierta.com
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
