CASANARE
Ordenan investigar a petrolera Perenco por presunto patrocinio a “paras” en 2002
La primera sentencia contra el Bloque Centauros de las Auc, ordena investigar al gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry Cadavid, y a la petrolera Perenco por presunta financiación de grupos armados ilegales.
El fallo exhortó a la Fiscalía para que investigue si trabajadores de la multinacional francesa Perenco, que sigue operando en Colombia, financiaron al Bloque Centauros. La empresa petrolera llegó a Colombia en 1971 como Sociedad Aquitaine Colombie S.A. y en 1993 comenzó a operar varios proyectos bajo el nombre de Perenco. De acuerdo con información registrada en su página web, “opera cinco contratos de asociación (Casanare, Estero, Corocora, Garcero, y Orocue), dos contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Oropéndola y Llanos 45, en fase de exploración), un contrato de concesión (Yalea)”.
El narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Marío’, jefe financiero del Bloque Centauros, aseguró que la compañía – que tiene instalaciones entre Paz de Ariporo y Trinidad- le pagaba 20 millones de pesos mensuales al grupo paramilitar: “Cuando yo recibí la parte administrativa y financiera me entregaron unas finanzas de una compañía de petróleos llamada Perenco que pagaba 20 millones mensuales, (…) yo me reuní con el gerente de esa compañía, fui en compañía de Manuel de Jesús Pirabán, en ese entonces (…) en el año 2002, yo les manifesté al gerente que era muy poquito porque las autodefensas velaban por la seguridad de los pozos, que la guerrilla no se fuera a tomar los pozos petroleros. Acordamos con ellos que nos daban 25 millones y 15 tambores de combustible mensual, eso fue un recurso que nos dieron por el tiempo que venía de antes y lo dieron por el tiempo que yo estuve en la parte administrativa y financiera”.
Al respecto, la sentencia concluye que “en ese sentido, la petrolera Perenco, se beneficiaba del modus operandi del Bloque Centauros, por medio de la seguridad que la estructura paramilitar ofrecía a sus pozos, razón por la cual aquella, le daba una contraprestación, que en parte, permitía su expansión y consolidación en la región de los Llanos Orientales”.
Pero este no fue el único grupo paramilitar que salpicó a Perenco. En 2011, Nelson Florentino Vargas Gordillo, exmiembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare, le dijo a la Fiscalía que entre 2001 y 2002 esta compañía le colaboraba a los paramilitares al mando de por ‘Martín Llanos’. De acuerdo con Vargas, recibían mensualmente cien canecas de gasolina y montos entre 50 a 100 millones de pesos.
Con base en las versiones entregadas por los exparamilitares, el Tribunal Superior de Bogotá exhortó a la Dirección Nacional de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, “para que inicien las indagaciones tendientes a dilucidar la presunta participación de personas, que pertenecientes a Empresas y grupos económicos locales y regionales, caso de la petrolera Perenco, aparentemente estuvieron relacionadas con la financiación y consolidación del Bloque Centauros”.
Fuente: Tomado de www.verdadabierta.com
Un grupo de más de 100 transportadores del departamento de Casanare atraviesa una grave crisis económica, tras denunciar una millonaria deuda por el servicio de transporte de pacientes renales, prestado en el marco de un contrato de la EPS Capresoca con la empresa Ruta del Sol – Opetrans, firmado por el anterior agente interventor-
Aunque actualmente el traslado de usuarios ya es asumido por una nueva empresa local, los afectados reclaman el pago de más de 408 millones de pesos correspondientes a servicios ya ejecutados.
Según explicó Andrés Ladino, vocero de los transportadores, pese a la falta de pagos decidieron continuar con la prestación del servicio por responsabilidad social, asumiendo de su propio bolsillo gastos como combustible, peajes y mantenimiento de los vehículos, dado que los pacientes con enfermedad renal no pueden interrumpir sus tratamientos de diálisis. Esta situación, afirmó, ha golpeado severamente la economía de conductores y sus familias.
Ante la ausencia de respuestas por parte de la empresa responsable, los afectados radicaron un derecho de petición ante Capresoca, con copia a la Procuraduría, solicitando la aplicación de un “derecho de cesión” para que la EPS realice los pagos directamente a los propietarios de los vehículos. El temor, indicaron, es que si los recursos son girados al contratista, no lleguen finalmente a quienes prestaron el servicio.
De acuerdo con Ladino, los transportadores fueron subcontratados por la empresa Ruta del Sol – Opetrans, firma de la Costa Caribe que no cuenta con oficina ni representante legal en Casanare. El servicio inició el 8 de mayo de 2025 y, aunque los pagos se cumplieron durante los dos primeros meses, desde agosto no se realizaron desembolsos, pese a que el contrato con Capresoca estuvo vigente entre el 4 de marzo y el 31 de octubre por un valor cercano a los 960 millones de pesos.
El fortalecimiento del sistema de salud en Casanare podría dar un paso histórico con la incorporación de un avión ambulancia para el traslado oportuno de pacientes, una iniciativa que ya cuenta con directriz del Ministerio de Salud y que fue confirmada por el gobernador César Ortiz Zorro tras la reciente visita del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo al departamento este jueves 15 de enero de 2026.
El mandatario departamental explicó que este proyecto se enmarca dentro de un plan integral orientado a modernizar la red pública de salud, que incluye la consolidación de un hospital de alta complejidad, la mejora en la dotación de equipos biomédicos y el fortalecimiento del transporte asistencial, en articulación con el Gobierno Nacional.
Ortiz Zorro destacó que la aeronave estaría destinada exclusivamente a la atención de emergencias médicas que requieren remisiones fuera del departamento, una necesidad urgente dadas las grandes distancias y las dificultades de acceso en varias zonas del territorio casanareño, lo que actualmente limita una atención oportuna y especializada.
Finalmente, el gobernador resaltó el respaldo del ministro de Salud, a quien calificó como un aliado estratégico para sacar adelante proyectos prioritarios del sector, señalando que esta gestión responde a un anhelo de años y que se espera avanzar en su materialización en el corto plazo.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cumplió una agenda de trabajo en el departamento de Casanare, donde visitó los municipios de Orocué, Paz de Ariporo y Hato Corozal, con el objetivo de revisar la infraestructura hospitalaria y avanzar en el fortalecimiento de la red pública de salud, adquiriendo compromisos concretos para mejorar la atención a las comunidades.
En Paz de Ariporo, el ministro recorrió el hospital local y anunció proyectos que ya cuentan con contratos en marcha, entre ellos la dotación de equipos biomédicos para poner en funcionamiento una sala de cirugía y el fortalecimiento del talento humano con especialistas en pediatría, ginecología, medicina interna y psiquiatría. También se confirmó la asignación de equipos de laboratorio automatizados, una ambulancia medicalizada y otra en proceso, además del envío de una comisión técnica que evaluará la edificación con miras a proyectar el hospital como centro de segundo nivel para el norte de Casanare.
Durante su visita a Hato Corozal, Jaramillo anunció la ampliación del centro de salud, con el fin de aumentar la capacidad resolutiva del municipio. Para ello, se enviará un equipo técnico que evaluará adecuaciones, mejoras y el desarrollo del nuevo proyecto, teniendo en cuenta el lote destinado para la expansión. Adicionalmente, se confirmó la recuperación de ocho puestos de salud para fortalecer la atención primaria en zonas rurales y urbanas.
Finalmente, en Orocué, el ministro, junto al gobernador César Augusto Ortiz y el alcalde Anderson Bernal, recorrió la Red Salud Casanare E.S.E., donde se adquirieron compromisos como la dotación de una unidad odontológica, la asignación de una ambulancia, la instalación de equipos de rayos X y el fortalecimiento de los Equipos Básicos de Salud, con el propósito de garantizar una atención oportuna, preventiva y continua a la población.
