CASANARE
Ordenan investigar a petrolera Perenco por presunto patrocinio a “paras” en 2002
La primera sentencia contra el Bloque Centauros de las Auc, ordena investigar al gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry Cadavid, y a la petrolera Perenco por presunta financiación de grupos armados ilegales.
El fallo exhortó a la Fiscalía para que investigue si trabajadores de la multinacional francesa Perenco, que sigue operando en Colombia, financiaron al Bloque Centauros. La empresa petrolera llegó a Colombia en 1971 como Sociedad Aquitaine Colombie S.A. y en 1993 comenzó a operar varios proyectos bajo el nombre de Perenco. De acuerdo con información registrada en su página web, “opera cinco contratos de asociación (Casanare, Estero, Corocora, Garcero, y Orocue), dos contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Oropéndola y Llanos 45, en fase de exploración), un contrato de concesión (Yalea)”.
El narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Marío’, jefe financiero del Bloque Centauros, aseguró que la compañía – que tiene instalaciones entre Paz de Ariporo y Trinidad- le pagaba 20 millones de pesos mensuales al grupo paramilitar: “Cuando yo recibí la parte administrativa y financiera me entregaron unas finanzas de una compañía de petróleos llamada Perenco que pagaba 20 millones mensuales, (…) yo me reuní con el gerente de esa compañía, fui en compañía de Manuel de Jesús Pirabán, en ese entonces (…) en el año 2002, yo les manifesté al gerente que era muy poquito porque las autodefensas velaban por la seguridad de los pozos, que la guerrilla no se fuera a tomar los pozos petroleros. Acordamos con ellos que nos daban 25 millones y 15 tambores de combustible mensual, eso fue un recurso que nos dieron por el tiempo que venía de antes y lo dieron por el tiempo que yo estuve en la parte administrativa y financiera”.
Al respecto, la sentencia concluye que “en ese sentido, la petrolera Perenco, se beneficiaba del modus operandi del Bloque Centauros, por medio de la seguridad que la estructura paramilitar ofrecía a sus pozos, razón por la cual aquella, le daba una contraprestación, que en parte, permitía su expansión y consolidación en la región de los Llanos Orientales”.
Pero este no fue el único grupo paramilitar que salpicó a Perenco. En 2011, Nelson Florentino Vargas Gordillo, exmiembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare, le dijo a la Fiscalía que entre 2001 y 2002 esta compañía le colaboraba a los paramilitares al mando de por ‘Martín Llanos’. De acuerdo con Vargas, recibían mensualmente cien canecas de gasolina y montos entre 50 a 100 millones de pesos.
Con base en las versiones entregadas por los exparamilitares, el Tribunal Superior de Bogotá exhortó a la Dirección Nacional de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, “para que inicien las indagaciones tendientes a dilucidar la presunta participación de personas, que pertenecientes a Empresas y grupos económicos locales y regionales, caso de la petrolera Perenco, aparentemente estuvieron relacionadas con la financiación y consolidación del Bloque Centauros”.
Fuente: Tomado de www.verdadabierta.com
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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