META
Once personas muertas y catorce heridas al colapsar puente colgante en zona rural de Villavicencio
A once ascendió el número de víctimas fatales que deja el colapso de un puente colgante en la vereda El Carmen, zona rural de Villavicencio, que sucumbió al parecer por exceso de peso, de acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades en la capital del Meta.
Hilton Alexánder Gutiérrez, secretario de Gobierno de la capital del Meta, dijo que dos de los heridos que habían sido trasladados a un Centro Asistencial fallecieron debido a las graves lesiones que sufrieron al caer al precipicio, elevando así el número de víctimas fatales a once.
La tragedia se registró hacia las diez de la mañana de este lunes festivo cuando, según testigos, cerca de 30 personas de tres familias se encontraban atravesando la estructura colgante al tiempo, y debido al exceso de peso una de las guayas colapsó haciendo que las personas cayeran al vacío de aproximadamente 15 metros.
Entre las víctimas fatales hay cuatro menores de edad, uno de ellos un bebé de 18 meses que era transportado en brazos de su mamá cuando se produjo el accidente. Ambos murieron. Los heridos fueron trasladadas a la Clínica Meta y al Hospital Departamental desde donde se reportó que son 14 personas las que aún permanecen allí, cuatro de ellas con pronóstico reservado.
“Gracias a Dios tuvimos una rápida reacción, si no el desenlace de esta tragedia hubiera sido peor. Lamentamos la muerte de estas once personas, nos da mucho dolor por las familias de las víctimas, les enviamos un mensaje de solidaridad”, agregó el funcionario.
Tras un Consejo de Gobierno el alcalde Wílmar Orlando Barbosa Rozo anunció que la Alcaldía de Villavicencio se constituirá en parte civil para iniciar acciones legales, penales y administrativas, en contra del propietario del lugar turístico al que acuden cada fin de semana cerca de cuatro mil visitantes. También se conoció que se decretarán dos días de duelo en la capital del Meta, en honor a las víctimas de este lamentable accidente.
La lista de personas heridas es la siguiente:
Mauricio Rodríguez
María del Pilar Reina
Cristian Andrés Cubillos
Karen Sofía Acosta
Nicol Saray Parra
Laura Daniela Bernal Beltrán
Javier Leonardo Acosta
Tatiana Guzmán
Johana Daza Cuellar
Ángel N.N.
Milena Paola Osario
Isnaldo Espinal
Sebastián Mosquera
De las 11 personas fallecidas las autoridades han identificado hasta el momento a siete de ellas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
