META
Once concejos de Boyacá y Meta tienen irregularidades en concurso de personeros
La Procuraduría General de la Nación solicitó a las presidencias de 11 concejos de Boyacá y Meta información sobre los convenios celebrados para el proceso de selección del personero municipal.
El Ministerio Público, como parte de la acción preventiva iniciada para la vigilancia de los procesos de selección de 1.102 personeros en el país, envió comunicaciones a los concejos de Chitaraque y Guatavita en Boyaca; y Acacias, El Calvario, El Castillo, El Dorado, La Macarena, Lejanías, Puerto Lleras, Restrepo y Uribe en el departamento del Meta.
Los 11 concejos habrían firmado contratos con la firma Solución planificada grupo empresarial solidario, que en el Registro Único Empresarial y Social – RUES – reporta entre sus actividades contratos de fumigación y desratización, actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales y recolección de desechos peligrosos
En su requerimiento la Procuraduría pidió que se informe cuáles fueron los criterios que tuvieron en cuenta las corporaciones para determinar la idoneidad de las empresas seleccionadas, si la experiencia certificada es proporcional y adecuada con el objeto del convenio y la verificada por ese cuerpo.
Recordó que las mesas directivas de los concejos están obligadas a determinar que la empresa seleccionada cumple con los requisitos necesarios para adelantar el concurso.
Precisó que de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, el concurso público de méritos para elección de personeros puede efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal.
“Una empresa especializada en procesos de selección de personal es de reconocida idoneidad cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del convenio, esto es adelantar el concurso público de méritos para elección de personeros”.
Finalmente, indicó que en el caso de que el concejo municipal haya contratado con una persona natural o jurídica que no cumpla con los requisitos previstos en la normativa descrita debe “analizar jurídicamente la terminación de mutuo o la terminación unilateral, si así lo prevé el convenio, dando lugar a iniciar un nuevo proceso con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios”.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
META
Indígenas Piapoco y Sikuani recibieron 16 mil hectareas de tierra en Puerto Gaitán
Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), formalizó la entrega de 16 mil hectáreas y 250 metros cuadrados a las autoridades ancestrales y comunidad conformada por familias de los pueblos Piapoco y Sikuani, que ahora, gracias a una sentencia, ya son reconocidos como el Resguardo Indígena Florida Kawinanae.
La entrega, que estuvo acompañada por el Ejército y la Policía, y a la que concurrieron el director de Asuntos Étnicos, Acxan Duque y el director territorial de la URT en el Meta, César Santoyo, dejó entre las autoridades e integrantes del resguardo sentimientos de respaldo y confianza para que se cumplan las disposiciones emitidas en el fallo de restitución. En él, además de recuperar sus derechos territoriales, se impartieron medidas para garantizar la pervivencia y cultura de los indígenas seminómadas de esta región de Colombia.
En el espacio, Acxan Duque destacó: “este es el resultado de años de trabajo, en los que concurren los sueños de una comunidad por tener los derechos reales de su territorio y de un Gobierno en el que se busca defender a los pueblos étnicos”.
Articulación entre las entidades para el cumplimiento
La sentencia, que se profirió en agosto de 2023, es el resultado de la gestión que lideró la URT ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Especializada en Restitución de Tierras, y en la que se demostraron las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de esta comunidad, que perdió, además de su territorio, su cultura, cosmogonía y tradiciones. Antes de este fallo, los indígenas Sikuani y Piapoco estaban condenados al exterminio.
Con esta entrega material hecha por parte del director general de la Unidad, el mayor Giovani Yule, se cristaliza la primera de las órdenes impartidas en el fallo
y se avanza para generar las acciones de articulación interinstitucional que permitan que las otras se cumplan. Entre ellas está la apertura de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria a favor del Resguardo de la Parcialidad Indígena Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior -a través de su Dirección de Asuntos Indígenas- deberán, de forma inmediata, constituir el resguardo con el debido censo poblacional, identificar a sus autoridades, y de manera paralela, instalar placas demarcatorias del territorio.
Por su parte, la Unidad para las Víctimas deberá implementar el Plan Integral de Reparación Colectiva para Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRC). Este fallo es el primer pronunciamiento que se da a favor de la comunidad indígena en el departamento del Meta y el segundo en el departamento del Vichada.
La historia
Según la investigación adelantada por la URT, el extinto INCORA reservó en 1968 la región conocida como Planas, en los departamentos del Meta y Vichada, como zona exclusiva para la ocupación de los pueblos indígenas. Con esta declaración se constituyeron los resguardos Awaliba, Domoplanas e Iwiwi. Un proceso favorable para las comunidades en mención, pero que excluyó a los Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Como resultado de esta decisión, parte del territorio fue formalizado a comunidades no indígenas entre los años 1984 y 2011.
El paso de los años, la codicia por la tierra y el control territorial promovieron la desaparición forzada de líderes representativos para los indígenas de la zona, su desplazamiento forzado y el origen del fenómeno de confinamiento de los Sikuani y Piapoco. Así mismo, en 1970 el Estado respaldó la explotación de hidrocarburos que afectaron el ingreso de estas comunidades a las fuentes de agua. De manera simultánea, comenzó la expansión de cultivos de uso ilícito, hecho que generó la entrada de actores armados ilegales, como el entonces Bloque Oriental de las Farc.
Los hechos victimizantes se recrudecieron desde 1980, con el auge del narcotráfico y la compra de tierras por parte de esmeralderos. Situación que se tornó más difícil para los habitantes de la zona con la llegada de las autodefensas.
La enorme riqueza natural de las tierras de los Sikuani y Piapoco hizo que estos grupos ilegales buscarán controlar el territorio -en el cual proliferaron los laboratorios para el procesamiento de coca-, y que se construyeran pistas de aterrizaje clandestinas. Además, varios sectores fueron utilizados para fosas comunes.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
META
Advierten pruebas de carga en puente peatonal de la vía Villavicencio – Restrepo
Covioriente, informa que entre el 19 y 20 de abril se realizará la prueba de carga del puente peatonal ubicado en el sector de la Institución Educativa Puente Amarillo Francisco Torres León, en el kilómetro 7+870 de la ruta nacional 6510, vía Villavicencio – Restrepo.
Las actividades tendrán una duración de aproximadamente dos días desde las 6:00 a.m. del viernes hasta las 5:00 p. m. del sábado, sin embargo, durante este tiempo no se presentarán restricciones al flujo vehicular ni en la movilidad de las personas que transitan por la zona.
Esta prueba de carga tiene como objetivo verificar la capacidad del puente construido para resistir las cargas vivas de servicio, es decir, el peso de las personas que harán uso de la estructura diariamente una vez sea habilitado para su uso. De esta manera, se garantiza el adecuado funcionamiento de la infraestructura.
Fuente: Covioriente
META
Villavicencio, judicializada mujer que habría mantenido en precarias condiciones a seis perros
Un Fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) judicializó a una mujer en la ciudad de Villavicencio.
Omisión de cuidado de caninos
El pasado 25 de enero, unidades de la Policía Nacional visitaron una finca en zona rural de Villavicencio (Meta), y encontraronseis perros que permanecían en precarias condiciones de cuidado y de salud.
Los caninos fueron trasladados a una veterinaria, donde se estableció que tres de ellos tenían un cuadro severo de desnutrición y parásitos; mientras que los demás presentaban úlceras y conjuntivitis, entre otras afectaciones.
En ese sentido, la Fiscalía imputó a Diana Marycruz Leal Rojas el delito de maltrato animal, por presuntamente omitir su obligación de garantizar el bienestar de los perros.
La Fiscalía señaló que la mujer tendrá que enfrentar a la justicia por no ofrecer las condiciones de cuidado optimas para sus animales de compañía.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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