NACIONALES
Ocupan bienes del Clan del Golfo en Casanare, Meta y Boyacá
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales, puso en marcha una ofensiva investigativa y judicial que permitió identificar y presentar ante jueces de control de garantías a 29 presuntos integrantes de redes dedicadas a ocultar los recursos ilícitos del ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pachelly’, ‘Los Triana’, ‘Los Chatas’ y ‘El Mesa, que atentan contra la seguridad de los antioqueños.
En evidencia red al servicio del ‘Clan del Golfo’
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos puso en evidencia a nueve personas que harían parte de una organización señalada de realizar diferentes maniobras comerciales para dar apariencia de legalidad a los dineros que el extraditado cabecilla del ‘Clan del Golfo’ Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, obtuvo por el tráfico trasnacional de estupefacientes.
Los posibles integrantes de esta red ilegal habrían prestado sus nombres para constituir empresas relacionadas con los sectores de la construcción e inmobiliario, turístico y hotelero, administración de personal y de servicios de consultoría. De esta manera, al parecer, blanquearon más de 80.025 millones de pesos entre 2014 y 2023.
En el curso de la investigación se acreditó que los presuntos implicados no tenían la capacidad financiera ni realizaban una labor económica estable que justificara las millonarias transacciones y movimientos que se les atribuye.
En ese sentido, la Fiscalía les imputó, de acuerdo con la posible participación en los hechos, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
A finales de diciembre de 2023, fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1.320 bienes, avaluados comercialmente en más de 420.000 millones de pesos, que pertenecerían a esta organización delictiva.
Las diligencias de ocupación se realizaron en Bogotá; Pereira (Risaralda); Medellín, Santa Fe de Antioquia, Guarne y Puerto Triunfo (Antioquia); Cartagena (Bolívar); Sogamoso y Sutamarchán (Boyacá); Lérida, Guamo e Ibagué (Tolima); Andalucía (Valle del Cauca), Subachoque, Chía y El Rosal (Cundinamarca); Orocué, Yopal y Paz de Ariporo (Casanare); y Cubaral y Acacías (Meta).
Caen 11 señalados integrantes de ‘El Mesa’
La Fiscalía logró la judicialización de 11 presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘El Mesa’, red involucrada en homicidios, tráfico de estupefacientes, extorsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas en Bello (Antioquia); y algunos municipios de Cundinamarca, Boyacá, Sucre y Vaupés.
Se trata de Ana Milena Vallejo Vanegas, María Nora Alba Echeverri Vallejo, Jessica Alejandra Uribe Vallejo, Erika Viviana Zabala Bastidas, Lida Patricia Arias Quintero, Leonel De Jesús Escobar Escobar, Jully Andrea Vallejo Valencia, Jaime Alberto Vallejo Alarcón, Heivi Mariana Vallejo Isaza y Blanca Inés Vallejo Alarcón, quienes fueron capturados en diferentes puntos de Antioquia.
A este grupo se suma Jorge De Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo o El Doctor, señalado cabecilla principal de ‘El Mesa’, quien permanece privado de la libertad en centro carcelario y cumple condena de 14 años de prisión; y Liliana María Valencia Loaiza, en contra de quien se emitió una notificación azul de Interpol.
Estas personas, al parecer, recurrieron a familiares, algunos de ellos menores de edad y adultos mayores, para titular bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto de las actividades ilícitas de ‘El Mesa’. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó, según sus presuntas responsabilidades individuales, delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
NACIONALES
¿Se puede pasar el año escolar por Decreto? Mineducación explica la normatividad
Finaliza el año escolar, época en que estudiantes y padres de familia concentran su interés en saber si se pasó el año o no, e iniciar los procesos de matrícula. En este sentido, y con el ánimo de dar respuesta a una inquietud recurrente de si es posible pasar el año por Decreto, el Ministerio de Educación explica en detalle la normatividad que rige este aspecto.
Hace algunos años viene circulando entre la comunidad educativa la premisa que es posible pasar un año escolar por decreto y que los estudiantes no pueden perder el año sin importar su nivel académico. Esta información es derivada a raíz del Decreto 230 de 2002, que limitaba al 5% el número de estudiantes que podían perder el año en una institución educativa; esto representaba que estudiantes con bajo rendimiento académico eran promovidos al grado siguiente, lo cual generaba alivio entre los estudiantes, pero a su vez cuestionamientos sobre la calidad educativa.
Sin embargo, es importante saber que esa normativa quedó atrás, y su aplicación ya no es parte de las políticas educativas actuales dado que en el año 2009 con el Decreto 1290 que actualmente está compilado en el Decreto 1075 de 2015, el cual marcó una nueva ruta en los criterios de promoción de los y las estudiantes, estableció que cada institución educativa tiene la autonomía de definir sus propios criterios de evaluación y promoción escolar. Ya no existe un límite al número de estudiantes que pueden perder el año, ni un porcentaje fijo de inasistencias que determine la repitencia escolar.
Adicionalmente, este decreto 1290 incluye la garantía del derecho a la continuidad en la educación, pues así el estudiante no sea promovido, el colegio está obligado a asegurarle el cupo para continuar su proceso formativo. Esto significa que, aunque los criterios de promoción se decidan dentro de cada institución, el objetivo es que la educación sea continua y justa, adaptándose a las necesidades y características de cada alumno. Por su parte, los directivos y docentes deben definir políticas justas para la promoción de estudiantes, basadas en la mejora continua. Es fundamental que la comunidad educativa participe en la creación de estos sistemas de evaluación, para fomentar un ambiente educativo que priorice el desarrollo integral de los estudiantes.
En resumen, aunque el mito del “pasar el año por decreto” persiste, la realidad es que esto pasó a ser un mito y no es una normatividad vigente. Las instituciones educativas gozan de autonomía en sus criterios de promoción, aunque también están obligadas a garantizar a que prime el derecho a la educación.
Y sobre la matrícula condicional, ¿qué dice la normatividad?
La matrícula condicional suele ser otro de los temas recurrentes en esta época del año y en temporada de matrículas, donde los estudiantes son promovidos al grado siguiente, pero con un compromiso de mantener un comportamiento y un nivel académico destacado que garantice su continuidad en dicha institución.
Frente a este tema, desde el Ministerio se informa que esta medida disciplinaria debe estar respaldada por un proceso justo, en el cual el estudiante tiene derecho a defenderse y a cuestionar las pruebas en su contra. La Corte Constitucional enfatiza la importancia del derecho a la educación y el debido proceso, especialmente en contextos sancionatorios, principalmente cuando no existen parámetros claros sobre las causales de aplicabilidad de sanciones dentro de los manuales de convivencia o reglamentos internos de las instituciones.
Cada institución tiene autonomía para crear su propio manual de convivencia, siguiendo las directrices de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015. En este sentido, la recomendación es que los establecimientos adopten y construyan de manera conjunta con todos los actores (directivos, docentes, estudiantes y padres de familia) un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que incluya normas y procedimientos detallados, como derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones, faltas y sanciones de los estudiantes por las eventuales violaciones de las normas de comportamiento adoptadas al interior de la institución o incumplimiento de sus obligaciones académicas.
Estas normativas aseguran que, por ejemplo, la reprobación de un grado por primera vez no sea motivo de exclusión, a menos que esté claramente estipulado en el reglamento institucional o el manual de convivencia. Así, las instituciones educativas tienen la competencia para establecer sus propias normas de convivencia, siempre respetando los principios constitucionales del debido proceso y garantizando una educación continua y de calidad para todos los estudiantes.
Fuente: Ministerio de Educación
NACIONALES
Prosperidad Social entregará recursos del ciclo 11 a beneficiarios de Colombia Mayor
El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno, anunció el inicio del undécimo ciclo de pagos de Colombia Mayor: comenzará el 25 de noviembre, y estará disponible hasta el 6 de diciembre.
En este ciclo, 1.640.589 beneficiarios del programa recibirán la transferencia monetaria. La entidad invertirá 212.498 millones de pesos en esta entrega.
Del total de beneficiarios con giro programado, 485.871 tienen más de 80 años, por lo que recibirán 225.000 pesos.
El director Bolívar resaltó que el programa Colombia Mayor es una iniciativa alineada con los objetivos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por el Estado colombiano en la Ley 2055 de 2020. “Prosperidad Social a través del programa Colombia Mayor implementa una de las medidas necesarias para lograr la igualdad de hecho de la persona mayor en el país, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural”, dijo.
A todos los participantes se les enviará un mensaje de texto con la información de las fechas en las que estará disponible el dinero y el monto a recibir. Quienes no puedan acercarse personalmente a los puntos de pago pueden autorizar a un tercero de su hogar, a través de un poder especial; si tienen alguna limitación de movilidad por problemas de salud, pueden solicitar el pago en su domicilio.
Prosperidad Social invita a los beneficiarios a actualizar sus datos de contacto. Se pueden comunicar a las líneas de atención gratuita en Bogotá: 6013794840; desde el resto del país, al 01 8000 95 1100; o a través de los enlaces del programa en las alcaldías municipales.
Balance del décimo ciclo de pagos:
El décimo ciclo de pagos de Colombia Mayor se realizó desde el 18 hasta el 31 de octubre. Más de 1,6 millones de adultos mayores del país recibieron la transferencia, a través del operador de pagos SuperGIROS y sus aliados. Al finalizar el periodo de pagos, el programa logró una efectividad de 96 %.
Con las medidas que ha implementado el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, para dignificar la vejez a través del programa Colombia Mayor, se aumentó la protección económica a las personas mayores. Con esto aporta al envejecimiento saludable de millones de personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad en el país.
Fuente: Prosperidad Social
NACIONALES
Ecopetrol ha liderado el uso de asfalto modificado con plástico para 21 proyectos viales
Ecopetrol ha dado un paso importante en sus iniciativas de economía circular, al liderar en los últimos 2 años la incorporación de plástico reciclado en el asfalto para 21 proyectos viales en distintas regiones de Colombia.
En la implementación de esta tecnología, se han reutilizado más de 7 millones de bolsas plásticas recicladas, para pavimentaciones en el aeropuerto El Dorado, la zona de Engativá y la Calle 26, de Bogotá, así como en el departamento del Meta, en la ciudad de Medellín y Refinería de Barrancabermeja.
Felipe Trujillo, vicepresidente Comercial y de Mercado de Ecopetrol explicó que la Empresa logró identificar y desarrollar junto con sus clientes directos e indirectos un asfalto modificado con polímero, que incorporó en la formulación el plástico reciclado bajo el estándar de la normatividad autorizada por el Instituto Nacional de Vías (Invías).
De esta manera logró producir la materia prima para incorporarla al asfalto, en la planta de Esenttia, filial del Grupo Ecopetrol, que tiene capacidad para procesar 15.000 toneladas anuales de plástico reciclado.
La iniciativa constituye una innovación a partir del asfalto convencional que suministra Ecopetrol y que abastece el 100% de la demanda nacional de 27.000 toneladas mensuales.
Este tipo de asfalto modificado no solo se utiliza en Colombia sino también en otros países de la región. Hace un año Ecopetrol y la empresa MPI (experta en modificar asfaltos) enviaron a Centroamérica 350 toneladas de este producto, que incorporó el equivalente a 1,2 millones de bolsas plásticas recicladas.
Esta iniciativa contribuye al cuidado del medio ambiente, porque evita que los plásticos lleguen a rellenos sanitarios y fuentes hídricas, dignifica la labor de los recicladores y genera empleo, al tiempo que aporta a una mayor resistencia y durabilidad de las vías.
El balance de este proceso fue entregado por Ecopetrol durante la Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica de la Asociación Petroquímica Latinoamericana (APLA) que se desarrolla en Cartagena, con la participación de 930 personas de 38 países.
Fuente: Ecopetrol
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