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Obras en la vía Bogotá – Villavicencio son vigiladas por la ANI
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, realizó una visita de inspección a la vía Bogotá – Villavicencio, principalmente en el km 58, luego del sismo presentado el pasado 24 de diciembre y las réplicas que se registraron recientemente en el país y que tuvieron como epicentro el departamento del Meta. Pese a los movimientos telúricos y a las fuertes lluvias en el sector, no se han presentado deslizamientos de tierra.
Es importante recordar que en el corredor vial Bogotá – Villavicencio se llevan a cabo diferentes obras de mitigación, entre ellas, el tablestacado que ayuda a retener el material que se podría desprender de la ladera de la montaña, especialmente cuando se presenten lluvias.
Obras del Tabledestacado
El tablestacado, que registra un avance en su instalación de 34%, está compuesto por una barrera metálica de cerramiento con una longitud aproximada de 216 metros. Tiene 54 secciones de cuatro metros de longitud por seis metros de altura y hasta 12 metros de profundidad. Hasta el momento han sido instalado 18 módulos. Mientras que las obras de mitigación en el sector ya registran un avance del 48,5 %.
Estas obras han permitido que el tránsito por la vía se mantenga habilitado tal y como viene ocurriendo desde el pasado 6 diciembre, cuando se dio apertura las 24 horas del día, luego del fuerte deslizamiento de tierra que ocasionó el cierre del corredor que conduce a Villavicencio. Incluso, durante los días de alto tráfico vehicular, es decir, del 23 al 25 de diciembre transitaron alrededor de 25.000 vehículos por el corredor Bogotá – Villavicencio. Solo se presentaron tres cierres de manera preventiva, que no presentaron mayores congestiones en materia de movilidad.
Durante la temporada de fin de año se mantienen las medidas preventivas, como cierres en caso de presentarse lluvias o vientos fuertes, sin embargo, los vigías y el radar están monitoreando de manera permanente el comportamiento de la montaña y las laderas, para evitar cualquier riesgo. Además, el sistema de iluminación implementada en el km58 ha garantizado el monitoreo nocturno de la ladera por parte de los vigías.
Puente La Pala y Túnel 1, del proyecto Chirajara-Fundadores, cerca de entrar en operación
Durante la visita de inspección, el presidente de la ANI también recorrió la Unidad Funcional 1, del Proyecto 4G Chirajara – Fundadores, que tiene una longitud de 2,38 km. Las obras del Puente La Pala finalizaron y se encuentran en revisión para ser entregadas. Este puente de 105 metros de longitud se constituirá en el acceso al Túnel 1, que tiene 1.900 metros de longitud. Este túnel está en etapa de acabados finales y en pruebas del Sistema Inteligente de Telecomunicaciones (ITS). Entrará en funcionamiento finalizando el mes de enero.
Es importante destacar que el Túnel 1 de la vía Chirajara-Fundadores será la solución definitiva del problema de inestabilidad y derrumbes del km64 para los vehículos que transitan en el sentido Villavicencio- Bogotá. Igualmente servirá de alternativa vial cuando se presenten cierres en este punto en el sentido Bogotá – Villavicencio, mientras se construye el túnel falso, obra que está a cargo del Invias con los recursos que ya fueron transferidos por la ANI, como solución definitiva.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura
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En el año 2000 el conflicto armado lo desterró, hoy le devolvieron el predio y montó un almacén de ropa
En cumplimiento de la sentencia de restitución y de las órdenes judiciales orientadas a garantizar la estabilización económica de las víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) implementó un proyecto productivo urbano de almacén de ropa para el señor José Roberto Hoyos, restituido y víctima del conflicto armado en Mapiripán (Meta).
Los hechos victimizantes tuvieron lugar en el año 2000, cuando Hoyos debió abandonar forzosamente su predio debido a los enfrentamientos entre paramilitares y la guerrilla de las Farc, así como a las presiones que estos actores armados imponían a la población civil, incluida la amenaza de reclutamiento. Esta situación obligó al solicitante a dejar su tierra.
Tras recuperar su predio mediante sentencia, Hoyos inicia ahora una nueva etapa de reconstrucción económica. La URT le otorgó un subsidio de 40 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) para la creación de un almacén de ropa, el cual funcionará directamente en el predio restituido, convirtiéndose en una fuente estable de ingresos para él y su familia.
La Unidad realizó recientemente el primer desembolso de recursos, destinados a la compra de vitrinas, estanterías, maniquíes, avisos tipo letrero, mostradores y mobiliario, elementos esenciales para la operación del negocio.
El director territorial de la URT en Meta, Robert Gabriel Barreto, señaló que “este tipo de proyectos materializan el restablecimiento económico y la autonomía de las víctimas, permitiendo que transformen su experiencia de despojo en nuevas oportunidades”.
Por su parte, José Roberto Hoyos agradeció el acompañamiento de la URT y destacó que este emprendimiento significa una oportunidad real para asegurar el sustento propio y el de su familia, aprovechando de manera productiva el predio restituido.
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
