META
Obras en la vía Bogotá – Villavicencio son vigiladas por la ANI
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, realizó una visita de inspección a la vía Bogotá – Villavicencio, principalmente en el km 58, luego del sismo presentado el pasado 24 de diciembre y las réplicas que se registraron recientemente en el país y que tuvieron como epicentro el departamento del Meta. Pese a los movimientos telúricos y a las fuertes lluvias en el sector, no se han presentado deslizamientos de tierra.
Es importante recordar que en el corredor vial Bogotá – Villavicencio se llevan a cabo diferentes obras de mitigación, entre ellas, el tablestacado que ayuda a retener el material que se podría desprender de la ladera de la montaña, especialmente cuando se presenten lluvias.
Obras del Tabledestacado
El tablestacado, que registra un avance en su instalación de 34%, está compuesto por una barrera metálica de cerramiento con una longitud aproximada de 216 metros. Tiene 54 secciones de cuatro metros de longitud por seis metros de altura y hasta 12 metros de profundidad. Hasta el momento han sido instalado 18 módulos. Mientras que las obras de mitigación en el sector ya registran un avance del 48,5 %.
Estas obras han permitido que el tránsito por la vía se mantenga habilitado tal y como viene ocurriendo desde el pasado 6 diciembre, cuando se dio apertura las 24 horas del día, luego del fuerte deslizamiento de tierra que ocasionó el cierre del corredor que conduce a Villavicencio. Incluso, durante los días de alto tráfico vehicular, es decir, del 23 al 25 de diciembre transitaron alrededor de 25.000 vehículos por el corredor Bogotá – Villavicencio. Solo se presentaron tres cierres de manera preventiva, que no presentaron mayores congestiones en materia de movilidad.
Durante la temporada de fin de año se mantienen las medidas preventivas, como cierres en caso de presentarse lluvias o vientos fuertes, sin embargo, los vigías y el radar están monitoreando de manera permanente el comportamiento de la montaña y las laderas, para evitar cualquier riesgo. Además, el sistema de iluminación implementada en el km58 ha garantizado el monitoreo nocturno de la ladera por parte de los vigías.
Puente La Pala y Túnel 1, del proyecto Chirajara-Fundadores, cerca de entrar en operación
Durante la visita de inspección, el presidente de la ANI también recorrió la Unidad Funcional 1, del Proyecto 4G Chirajara – Fundadores, que tiene una longitud de 2,38 km. Las obras del Puente La Pala finalizaron y se encuentran en revisión para ser entregadas. Este puente de 105 metros de longitud se constituirá en el acceso al Túnel 1, que tiene 1.900 metros de longitud. Este túnel está en etapa de acabados finales y en pruebas del Sistema Inteligente de Telecomunicaciones (ITS). Entrará en funcionamiento finalizando el mes de enero.
Es importante destacar que el Túnel 1 de la vía Chirajara-Fundadores será la solución definitiva del problema de inestabilidad y derrumbes del km64 para los vehículos que transitan en el sentido Villavicencio- Bogotá. Igualmente servirá de alternativa vial cuando se presenten cierres en este punto en el sentido Bogotá – Villavicencio, mientras se construye el túnel falso, obra que está a cargo del Invias con los recursos que ya fueron transferidos por la ANI, como solución definitiva.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
