META
Ecopetrol confirmó nuevo hallazgo de petróleo en el Meta
Ecopetrol confirmó la presencia de petróleo en el pozo Lorito-1, localizado en la vereda Montecristo del municipio de Guamal, en el departamento del Meta. El bloque produce en la actualidad más de 6.000 barriles de petróleo por día tras el descubrimiento anunciado en 2010 en el pozo Akacías.
El hallazgo se registró a una profundidad de 2.500 metros, donde se evidenció la presencia de crudo pesado, de 8 grados API, en arenas de edad terciaria que suman un espesor de 60 metros, equivalente a un edificio de 20 pisos.
Lorito-1 es operado por Ecopetrol, que cuenta con el 55% de participación, y su socio es Talisman Colombia Oil & Gas Ltd, empresa perteneciente a Repsol, quien tiene el 45% de participación en el contrato Exploración y Producción del Bloque CPO-9.
“La presencia de crudo en Lorito-1 nos confirma el potencial de hidrocarburos pesados que existe en esta zona de los Llanos Orientales, en donde producimos cerca de la mitad del petróleo del país, y abre una gran oportunidad para el crecimiento, la generación de empleo, la inversión y el desarrollo del municipio de Guamal y del Meta. Es satisfactorio sumar un hallazgo más dentro de la ambiciosa campaña de exploración que llevamos a cabo en el territorio colombiano para incrementar las reservas de Ecopetrol y del país”, dijo Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.
Los trabajos de perforación cumplieron los requerimientos ambientales, no se presentaron accidentes ni hechos que afectaran fuentes hídricas, y se iniciaron luego de un completo proceso de diálogo con las autoridades y comunidades de la zona. La cercanía del pozo Lorito-1 a infraestructura de producción y transporte permite acelerar su etapa de producción comercial.
Fuente: Comunicaciones Ecopetrol
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió un fallo que reconoce a una familia integrada por una pareja de esposos y sus dos hijos, como víctimas de abandono forzado tras la masacre paramilitar ocurrida en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán (Meta), en mayo de 1998.
La decisión judicial ordena que los solicitantes reciban compensación por la pérdida de un predio de 671 metros cuadrados, donde funcionaba una cafetería y se ofrecía arriendo de habitaciones. Este fue abandonado por la violencia que azotó al caserío durante aquel año.
El fallo también reconoció a dos mujeres, que ingresaron años después con autorización de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, como segundas ocupantes vulnerables, debido a que carecen de otra vivienda y dependen del inmueble para subsistir, por lo que estableció que podrán continuar habitándolo bajo medidas de protección.
El fallo resalta que la restitución de tierras, en el marco de la Ley 1448 de 2011, es un derecho fundamental y que la justicia debe garantizar soluciones que no generen nuevos conflictos, aplicando el principio de acción sin daño.
Robert Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, entidad que llevó el caso ante el juzgado, señaló que “este fallo es un avance en la reparación a las víctimas y refleja la complejidad de la restitución: se reconocen los derechos de quienes fueron despojados, sin desconocer la vulnerabilidad de quienes hoy habitan el predio”.
La URT, a través del Grupo Fondo, compensará a la familia víctima con un nuevo predio en el lugar de su residencia actual.
Con esta providencia, la justicia busca equilibrar derechos y garantizar reparación, en un municipio donde hay 1.660 solicitudes de restitución relacionadas con hechos del conflicto armado.
Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras
Con el fin de aplicar medidas fitosanitarias para control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de la región, el ICA realizó una jornada de supervisión y toma de muestras de las frutas que llegan para comercialización a la Central de Abastos de Villavicencio, actividades dirigidas a evitar la dispersión de la plaga y protección del estatus fitosanitario en áreas libres y de baja prevalencia de la mosca.
En la central de abastos de esta ciudad, se adelantaron actividades en 28 puntos de monitoreo, así como en predios traspatios del anillo vial circundante. El área tratada fue de cerca de 18 hectáreas con 538 árboles, entre mango, guayaba, pomarrosa, cítricos y una gran variedad de especies nativas y forestales.
Se utilizaron los insumos autorizados para las acciones de control, botellas plásticas para trampeo masivo y paneles amarillos para captura de adultos de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata). Adicionalmente, y para reforzar las acciones de vigilancia, se realizó muestreo de frutos para determinar hospederos de la mosca de la fruta.
El ICA en el Meta trabaja para proteger los cultivos de exportación de fruta fresca como mangostino, rambután, papaya y cítricos en las zonas productoras de frutales del piedemonte, altillanura, Bajo y Alto Ariari y otros cultivos frutícolas como sandía, mango y piña, entre otros, que hacen parte de la economía campesina en los municipios de estas provincias.
Estas acciones contribuyen al fortalecimiento en la prevención de la mosca de la fruta mediante el trabajo en equipo con productores y comercializadores en implementación de acciones de manejo para contribuir al mejoramiento en la calidad e inocuidad de la fruta para consumo interno y permitir el acceso a nuevos mercados de exportación.
Fuente: Comunicaciones ICA
La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer identificada como Vanessa Alexandra Contreras Nieto, como responsable de hurtar a un ciudadano extranjero en la ciudad de Villavicencio, en agosto de 2024.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta le imputó el delito de hurto calificado y agravado. La procesada aceptó su responsabilidad en el hecho.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando Contreras Nieto contactó por una página web de citas a la víctima, con quien se encontró en el lugar donde se hospedaba.
Se conoció que esta mujer le suministró una sustancia tóxica que lo puso en estado de indefensión, para después apoderarse de sus pertenencias, avaluadas en más de 24 millones de pesos.
Un juez de control de garantías le impuso a Contreras Nieto medida de aseguramiento en el lugar de domicilio.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
