CASANARE
Llaman a juicio a ex comandante de la Brigada 16 por falsos positivos en Aguazul
El pasado 10 de agosto desde el grupo del nuevo fiscal delegado ante la Corte Suprema, Fabio Espitia Garzón, se emitió una trascendental decisión. El fiscal 3 delegado ante ese alto tribunal ordenó llamar a juicio al general (r) Henry Torres Escalante por la muerte de dos campesinos, Daniel Torres y Julio Torres, que fueron asesinados por miembros del Ejército y luego presentados como guerrilleros muertos en combate. (Lea aquí: Las pruebas de la Fiscalía para capturar al general Henry Torres Escalante)
Por estos hechos, ya fue condenado a 22 años de prisión el teniente Fabián García, quien estaba bajo las órdenes de Torres Escalante. Por eso, después de la condena del uniformado el juez mandó a investigar al general, en ese entonces activo dentro de la institución castrense. Las investigaciones avanzaron y el pasado 28 de marzo, Henry Torres Escalante se presentó en la Fiscalía pues a las seis de la mañana de ese día, el entonces fiscal, Eduardo Montealegre, había firmado la medida de aseguramiento (orden de detención) en su contra.
Para ese momento, Torres Escalante todavía era un general activo en el Ejército y se desempeñaba como director de la Oficina de Memoria Histórica de las Fuerzas Militares. Había desempeñado importantes cargos como la comandancia de la Quinta División del Ejército, de las brigadas IX y XVI y del Batallón No.3 contra el Narcotráfico. Por esta razón, su captura fue un hecho histórico. Desde entonces, el general, hoy retirado, se encuentra recluido en el Cantón Norte.
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
