CASANARE
Licencias Ambientales tienen convertido a Aguazul en “cementerio” de residuos peligrosos
En las plantas ubicadas en Aguazul se disponen residuos peligrosos de la industria petrolera de toda la Orinoquia.
Aguazul no produce tantos residuos peligrosos del sector petrolero, pero si los recibe de otros municipios y regiones cercanas, dijo Ramón Gustavo Alfonso, integrante de la Asociación de Finqueros de San José del Bubuy en esa localidad.
El líder gremial hizo la claridad ante la información difundida por el Ideam, señalando que desafortunadamente esta estadística se da porque son varias las plantas de tratamiento de residuos peligrosos petroleros que se han instalado en el sector, las cuales reciben desechos no solo de las plantaciones de Casanare, sino también de la Orinoquia y en algunas ocasiones hasta de los Santanderes.
Se quejó el finquero, que esta comunidad ha denunciado siempre los peligros de contaminación a los que está expuesta por la presencia de estas plantas, pero desafortunadamente no encontraron apoyo en su momento de parte de Corporinoquia y de la Alcaldía de Aguazul durante el gobierno de Fernando Camacho.
Explicó que siendo conscientes del peligro de contaminación que padecen, fueron de los primeros en realizar Audiencia Pública en Corporinoquia, pero no contaron con el suficiente apoyo para impedir que les instalaran tantas plantas de este tipo en el sector de San José del Bubuy.
Expuestos a una desgracia ambiental
Advirtió que el peligro de contaminación es evidente, teniendo en cuenta la permeabilidad de los suelos de sabana y que en época de invierno el nivel freático se encuentra a 20 centímetros, lo que podría generar contaminación de las aguas subterráneas por el rebosamiento de piscinas de oxidación que tienen estas empresas, y que cuando se presentan lluvias se rebosan generando con ello peligro de contaminación.
“De hecho ya se han presentado casos en que estas piscinas se nos han desbordado y todas estas porquerías se nos han ido al río Charte, a los afluentes del Unete, al Caño Iguamena, y a los humedales que tenemos”, expresó con preocupación el finquero de San José del Bubuy.
Según el finquero, en un radio que no supera el kilómetro y medio están ubicadas tres plantas de grandes proporciones, en la vía que conduce de San José del Bubuy a la vereda El Tesoro Bubuy.
“Lamentablemente nosotros como campesinos nos hemos levantado pero no hemos tenido el eco y el apoyo de las entidades ambientales, de los gobiernos anteriores municipal y departamental, porque a lo que estamos expuestos es a una desgracia ambiental con consecuencias para la salud de nuestras futuras generaciones, va a ser muy terrible. Hasta para nuestros ganados porque las aguas van a estar en una disposición muy tremenda para contaminarse”, indicó el finquero.
Plantas no deberían estar
Denunció además, que durante el gobierno de Fernando Camacho las comunidades de San José del Bubuy alertaron que en ese sector el Esquema de Ordenamiento Territorial no permitía la ubicación de Plantas Industriales como las de Tratamiento de Residuos Peligrosos, pero aun así la Alcaldía expidió los permisos de uso de suelo bajo los cuales después Corporinoquia licenció la operación de estas infraestructuras.
“Nosotros no estamos de acuerdo porque allí se violó el Ordenamiento Territorial. Seguimos dando la batalla porque estas plantas se nos instalaron alrededor de varios humedales y eso es muy grave”, puntualizó el dirigente campesino.
“No es orgulloso estar ahí”
A su turno el alcalde de Aguazul, Renier Darío Pachón Talero, se quejó del otorgamiento de licencias de uso suelo en el sector rural para la ubicación de estas plantas, al tiempo que señaló que no es para nada motivo de orgullo estar en el escalafón que presentó el Ideam respecto de los municipios que más generan residuos peligrosos en Colombia, especialmente del sector petrolero.
La información que maneja la Alcaldía de Aguazul según el Alcalde, es que efectivamente en estas Plantas se reciben residuos peligrosos de otros municipios y regiones, pero afortunadamente por el descenso en la producción petrolera también ha bajado la producción de este tipo de residuos peligrosos.
El mandatario cuestionó nuevamente, que se habla mucho de la autonomía territorial, especialmente de ordenamiento territorial, pero esa autonomía no es tan clara ni tan evidente, especialmente cuando se entregan Licencias Ambientales para las actividades de explotación de minerales e hidrocarburos en los municipios.
“Hay que afrontarlo”
Recordó el Alcalde de Aguazul, que en su momento como ciudadano de la localidad se mostró en desacuerdo con la ubicación de las mencionadas plantas en el sector de San José del Bubuy, que cuenta con un potencial enorme de desarrollo económico. “Hoy es una realidad y tenemos que afrontarlo”.
Añadió que durante la formulación del nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial se van analizar todos los mecanismos legales que les faculte la Ley 388 de 1997, para determinar qué medidas se pueden tomar para tratar de aminorar el impacto negativo que generan este tipo de proyectos en ese sector del municipio, y “cerrarle la puerta a nuevos proyectos de ese tipo”.
El informe del Ideam
Según el informe del Ideam, Aguazul y Bogotá son los dos municipios en Colombia que generan mayor cantidad de residuos peligrosos, provenientes del sector petrolero.
De acuerdo con las estadísticas, durante 2015 se generaron 79.983 toneladas de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción de Corporinoquia, de las cuales 69.247 corresponden a desechos del sector petrolero.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
