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REGIÓN

Hallan en Yopal restos de joven boyacense desaparecida durante el conflicto armado

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Paola, de 17 años, fue reclutada en 1998 por un grupo armado al margen de la ley y murió en un enfrentamiento con el Ejército en 2003.

Su familia la vio por última vez en 2001 y desde entonces se encontraba desaparecida. Pero el cruce y análisis de necropsias médico-legales por parte de la Unidad de Búsqueda permitió la identificación y entrega digna del cuerpo a sus familiares.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) encontró entre miles de expedientes del Estado a una joven que fue dada desaparecida en 2001 en la provincia La Libertad, Boyacá, luego de ser reclutada ilegalmente por un grupo al margen de la ley en 1998, cuando tenía 17 años. Después de 21 años de incertidumbre, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, sus familiares recibieron dignamente su cuerpo.

De acuerdo con la investigación de la UBPD, los cuerpos fueron exhumados en 2010 por la Fiscalía y trasladados hacia Bogotá porque el antiguo cementerio de Yopal iba convertirse en un parque público. Medicina Legal le practicó al cuerpo de Paola una nueva necropsia e ingresó los datos al Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), una plataforma creada en 2007 con la que se sistematizan los datos de este tipo de procedimientos.

En una ceremonia solemne, llevada a cabo en Boyacá, sus seres queridos recordaron que Paola* -conocida por su personalidad alegre, juguetona y extrovertida-  fue desaparecida de la finca en la que vivían y, desde ese momento, rondaron las preguntas sobre lo que le había ocurrido, si estaba con vida o no y en dónde se hallaba.

La Unidad de Búsqueda les contó que para encontrarla comparó y analizó la información de miles de necropsias practicadas a cuerpos no identificados y halló coincidencias en dos de ellas. Como si se tratara de un rompecabezas, la UBPD -a través del Proyecto de Impulso a la Identificación- trazó la ruta que le permitió identificar el cuerpo de Paola.

El análisis detallado de la UBPD, en el que fue determinante el diagnóstico de odontología forense sumado a la investigación extrajudicial de contexto, permitió esclarecer la verdad sobre la desaparición de Paola y la entrega digna del cuerpo a su familia.

Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)

REGIÓN

ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero

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PEAJE SAN LUIS DE GACENO

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.

De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.

La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.

Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.

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REGIÓN

Procuraduría indaga si en Guaviare utilizaron regalías para construir mangas de coleo

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La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.

Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.

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REGIÓN

Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.

La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.

Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.

Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

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