REGIÓN
Hallan en Yopal restos de joven boyacense desaparecida durante el conflicto armado
Paola, de 17 años, fue reclutada en 1998 por un grupo armado al margen de la ley y murió en un enfrentamiento con el Ejército en 2003.
Su familia la vio por última vez en 2001 y desde entonces se encontraba desaparecida. Pero el cruce y análisis de necropsias médico-legales por parte de la Unidad de Búsqueda permitió la identificación y entrega digna del cuerpo a sus familiares.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) encontró entre miles de expedientes del Estado a una joven que fue dada desaparecida en 2001 en la provincia La Libertad, Boyacá, luego de ser reclutada ilegalmente por un grupo al margen de la ley en 1998, cuando tenía 17 años. Después de 21 años de incertidumbre, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, sus familiares recibieron dignamente su cuerpo.
De acuerdo con la investigación de la UBPD, los cuerpos fueron exhumados en 2010 por la Fiscalía y trasladados hacia Bogotá porque el antiguo cementerio de Yopal iba convertirse en un parque público. Medicina Legal le practicó al cuerpo de Paola una nueva necropsia e ingresó los datos al Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), una plataforma creada en 2007 con la que se sistematizan los datos de este tipo de procedimientos.
En una ceremonia solemne, llevada a cabo en Boyacá, sus seres queridos recordaron que Paola* -conocida por su personalidad alegre, juguetona y extrovertida- fue desaparecida de la finca en la que vivían y, desde ese momento, rondaron las preguntas sobre lo que le había ocurrido, si estaba con vida o no y en dónde se hallaba.
La Unidad de Búsqueda les contó que para encontrarla comparó y analizó la información de miles de necropsias practicadas a cuerpos no identificados y halló coincidencias en dos de ellas. Como si se tratara de un rompecabezas, la UBPD -a través del Proyecto de Impulso a la Identificación- trazó la ruta que le permitió identificar el cuerpo de Paola.
El análisis detallado de la UBPD, en el que fue determinante el diagnóstico de odontología forense sumado a la investigación extrajudicial de contexto, permitió esclarecer la verdad sobre la desaparición de Paola y la entrega digna del cuerpo a su familia.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
