ARAUCA
Gobernador de Arauca se refirió a hallazgos fiscales descubiertos por Contraloría
Ante los nueve hallazgos administrativos revelados por la Contraloría General de la República, el gobernador de Arauca Ricardo Alvarado Bestene, aclaró en rueda de prensa con medios de comunicación regionales, que esos hallazgos pertenecen a las administraciones pasados y no al gobierno Humanizando el Desarrollo.
Asimismo, señaló que cuatro de los hallazgos son con posible incidencia fiscal por valor de $23.386 millones, ocho con presunta connotación disciplinaria y una indagación preliminar por $178 millones, pues así lo determinó la Contraloría General, tras auditar 25 proyectos financiados con recursos de regalías en Arauca.
El Gobernador también aseguró que el organismo de control cuestionó el desarrollo de contratos de obras inconclusas como el Complejo Ferial del municipio de Arauca y donde se ha estimado un detrimento patrimonial de $10.748 millones, y el Centro de Atención Especializada al Menor Infractor, que también en esta capital araucana, que tampoco se encuentra en funcionamiento y donde se configura un hallazgo fiscal por $8.442 millones.
Otro proyecto cuestionado es el de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del municipio de Arauquita, por valor de $23.638 millones, donde la única actividad que se ha realizado es la adquisición de maquinaria por un valor de $5.950 millones, y la planta móvil de trituración y la planta móvil de producción de asfalto se encuentran a la intemperie y en abandono.
De acuerdo con la CGR , el proyecto de construcción de la segunda etapa del Complejo Ferial de Arauca fue concebido con el propósito de suplir la necesidad que tiene el municipio de un lugar técnicamente apropiado, con área suficiente para el desarrollo de actividades y exposiciones agrícolas, ganaderas, agroindustriales, turísticas empresariales y comerciales.
Con este fin, se celebraron dos contratos de obra, uno en el 2013, por valor de $8.530 millones, para la construcción del recinto ferial; y otro en el 2015, por $3.086 millones, para la construcción de las vías de acceso y parqueaderos.
Adicionalmente, se celebraron dos contratos para la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de cada una de las obras, uno en el 2013, por valor de $496 millones, para la primera; y otro en el 2015, por $153 millones, para la segunda.
Así mismo, en el 2013, el departamento de Arauca suscribió un contrato de obra para la “Construcción del Centro de Atención Especializada al Menor Infractor” por un valor inicial de $6.085.858.396, con una duración de 8 meses y la supervisión a cargo de la Secretaría de Gobierno y Seguridad. Adicionalmente, se suscribió el contrato de interventoría técnica por un valor de $320.000.000.
Durante la ejecución del contrato se presentaron 10 suspensiones por 20 meses, dos ampliaciones en tiempo por 4,5 meses y se realizó una adición en valor de $2.036.679.314.
En el análisis realizado por la CGR se encontró que los estudios previos fueron deficientes, ya que el diseño definitivo del Centro no estaba aprobado por la subdirección de responsabilidad penal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, situación que llevó a múltiples suspensiones y prórrogas, retrasando considerablemente la ejecución del contrato.
Actualmente, la obra está inconclusa y no se encuentra en condiciones aptas para entrar en funcionamiento, por lo que se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $8.442 millones de pesos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
