CASANARE
Gestión de Eunice Escobar permitirá terminar la plaza de mercado en Paz de Ariporo
Luego que la construcción de la primera etapa de la Plaza de Mercado de Paz de Ariporo quedó inconclusa por errores de planeación de la anterior administración, como que se inició sin tener completos los estudios y diseños, la alcaldesa Eunice Escobar inició la gestión ante el Departamento de Prosperidad Social -DPS-, para lograr los recursos que permitieran la culminación de esa primera etapa y la construcción de la segunda.
Tras múltiples mesas de trabajo entre la alcaldía de Paz de Ariporo y el Comité de Moralización, integrado por la Procuraduría General, Contraloría General, Fiscalía y la Contraloría Departamental, se logró determinar las falencias del contrato.
El contrato inicial debía ejecutarse en 6 meses por un valor de $3.156 millones de pesos, pero una auditoría de la Contraloría Departamental encontró que hubo falencias del proyecto, que originaron un hallazgo con alcance fiscal y disciplinario por valor de $2.525 millones de pesos. La obra fue recibida solo hasta enero del presente año, es decir, la ejecución de esta fue de un año y 5 meses.
“Inicialmente se contrató esta obra cuando la consultoría de los estudios y diseños no había sido liquidada”, señaló la Contraloría Departamental.
Resaltó el informe de la Contraloría Departamental, que, sin contar con los estudios y diseños en su totalidad, no se garantizó la construcción de las redes eléctricas en el área donde iban a funcionar los expendios de carnes, que requieren de cuartos fríos para garantizar la cadena de inocuidad del producto.
Había que terminarla
La recomendación del Comité de Moralización a la Alcaldía de Paz de Ariporo fue que se concluyera la obra para el disfrute de la comunidad, por lo que la Alcaldesa Eunice Escobar Bernal inició la gestión para la consecución de los recursos.
“Esa primera etapa a la que se le invirtieron $3.200 millones de pesos de un crédito, que al mes de noviembre lleva $507 millones de pesos de intereses, es nuestra preocupación porque un municipio como el nuestro, de 6° categoría, con tan pocos recursos, no puede estar pagando esos intereses por una obra inconclusa”, indicó la alcaldesa Eunice Escobar.
Hace aproximadamente un mes la Alcaldía de Paz de Ariporo firmó un convenio con el DPS por $3.900 millones de pesos para terminar la primera etapa de la plaza de mercado y construir en su totalidad la segunda etapa.
Así las cosas, gracias a la gestión realizada por la mandataria paz de ariporeña, se logran estos recursos para culminar una obra prioritaria para su comunidad, por todo lo que implica para un municipio contar con un centro de acopio y de distribución adecuada de los alimentos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Alcaldía de Yopal prohibió el ingreso, circulación y permanencia de vehículos automotores en el Mirador de la Virgen de Manare, ubicado en la vereda Balconcitos, desde el 8 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 065 de 2026 y busca proteger uno de los sitios más emblemáticos, turísticos y espirituales de la capital casanareña.
De acuerdo con la administración municipal, el Mirador de la Virgen de Manare ha sido identificado como un punto vulnerable en materia de orden público y seguridad ciudadana. Por ello, el alcalde Marco Tulio Ruiz Riaño adoptó la restricción como una acción preventiva orientada a preservar la tranquilidad del sector, facilitar las labores de control de la Fuerza Pública y garantizar la seguridad de los visitantes.
¿Cuáles son las excepciones?
El decreto contempla algunas excepciones para permitir el acceso de vehículos de la Fuerza Pública, organismos de seguridad, ambulancias y automotores de emergencia. También podrán ingresar personas con discapacidad junto a sus cuidadores, domiciliarios debidamente identificados y vehículos que cuenten con autorización de las secretarías de Gobierno y Movilidad.
El secretario de Gobierno, Jorge Andrés Rodríguez González, señaló que “cuando se trata de proteger lo que une a la comunidad, la decisión correcta no siempre es la más cómoda, pero sí la más necesaria”. Añadió que la restricción se fundamenta en las competencias legales y constitucionales del municipio, así como en recomendaciones técnicas emitidas por autoridades militares, policiales y de tránsito.
CASANARE
Tragedia en Tauramena; conductor de la Alcaldía le quitó la vida a su hijo y se autoeliminó
Una tragedia enluta al municipio de Tauramena y la comunidad no sale de su estupor, luego del violento hecho ocurrido en la madrugada del sábado en una vivienda, donde perdió la vida un menor de 13 años y posteriormente falleció su padre, identificado como José Diomedes Montejo Celis, reconocido en la población por desempeñarse como conductor del alcalde municipal.
La víctima fue identificada como Juan Pablo Montejo Guerrero, estudiante de la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano. Se conoció que el menor había salido desde el viernes 8 de mayo junto a su padre, con el compromiso de regresar a la casa de su madre. Como las horas pasaban y no regresaba, además el hombre no respondía el celular a la mujer, hubo preocupación por parte de esta. Sin embargo, durante la madrugada, familiares de José Diomedes escucharon detonaciones de arma de fuego al interior de la vivienda, por lo que ingresaron por la parte posterior de la misma, encontrando al menor tendido en una cama con un disparo de arma de fuero en la cabeza, y a su papá en el piso, también herido de arma de fuego en la cabeza.
Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional y personal del Cuerpo de Bomberos de Tauramena, quienes trasladaron herido a José Diomedes al hospital local, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
El caso ha causado profunda conmoción entre la comunidad educativa y habitantes del municipio. Directivos, docentes y estudiantes de la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano expresaron mensajes de solidaridad y dolor por la muerte del menor. Según versiones conocidas preliminarmente, el hombre atravesaba un proceso de separación sentimental, situación que sería materia de análisis dentro de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer plenamente lo ocurrido.
La actualización catastral urbana adelantada en Yopal por la empresa Catasig sigue enfrentando fuertes cuestionamientos jurídicos. En las últimas horas se conoció la radicación de dos demandas de nulidad simple ante Juzgados y una denuncia penal en la Fiscalía, relacionadas con el proceso que generó inconformidad entre miles de propietarios por los altos incrementos en el avalúo predial.
Por un lado, voceros de la Veeduría Dignidad Catastral del Casanare y de la Fundación Little Guardians confirmaron la presentación de una acción de nulidad contra las resoluciones YPL01, YPL02 y YPL03, mediante las cuales se inició, aprobó y clausuró la actualización catastral en la capital casanareña. Según Luis Pérez, representante de la organización, existen presuntas irregularidades en la competencia jurídica de Catasig para ejercer la gestión catastral en Yopal, debido a que la habilitación otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) correspondería al municipio de Sabanalarga, Atlántico, y no directamente a la empresa operadora.
La acción judicial busca suspender los efectos de la actualización y que el impuesto predial vuelva a liquidarse temporalmente con la base catastral anterior mientras avanza el proceso. Además, la veeduría anunció la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades en la contratación y ejecución del proceso catastral.
A estas acciones se sumó el diputado de Casanare Omar Ortega, quien también instauró demanda de nulidad simple contra Catasig, argumentando que la empresa no tenía competencia ni habilitación legal para adelantar la actualización catastral urbana en Yopal. El corporado sostiene que Catasig actúa únicamente como operador y no como gestor catastral, por lo que solo estaría facultada para operar dentro de la jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico.
Ortega respaldó sus señalamientos en un informe emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro en febrero de 2026, en el que se advierte que los actos administrativos expedidos por Catasig habrían sido emitidos “sin la competencia legal” por carecer de habilitación otorgada por el IGAC. En su demanda solicita declarar la nulidad de las resoluciones YPL-001, YPL-002 y YPL-003, dejando sin efectos toda la actualización catastral urbana adelantada en la ciudad.
Tanto la veeduría como el diputado pidieron que, mientras se resuelven las acciones judiciales, se suspendan los cobros coactivos e intereses moratorios derivados del nuevo avalúo predial. Asimismo, Ortega solicitó que el IGAC, en calidad de gestor catastral subsidiario, asuma nuevamente el proceso con base en la última información catastral legalmente expedida.
Con la denuncia ante la Fiscalía, se pide que el ente investigue desde la óptica penal, a todos los funcionarios que en su momento tuvieron que ver con la firma del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Yopal y Catasig, que derivó en una actualización catastral con altísimos avalúos, lo cual generó facturas del Impuesto Predial impagables para una gran cantidad de contribuyentes.
