CASANARE
Gerente de EICE Ceiba rindió informe ante el Concejo de Yopal sobre servicios que administra
Funcionario informó sobre acciones que se vienen adelantando en cada uno de los programas que tiene bajo control.
Con una inversión cercana a los 600 millones de pesos, la Empresa Industrial y Comercial del Estado CEIBA adelanta la modernización del alumbrado público en el Parque El Resurgimiento de Yopal, cambiando la vieja tecnología de las luminarias por tecnología LED.
Así lo dio a conocer el gerente de Ceiba, Hugo Andrés Montes Sánchez, quien rindió informe en debate de control político ante el Concejo de Yopal donde los cabildantes presentaron diversas inquietudes al funcionario respecto de cada uno de los servicios que administra, es decir, Alumbrado Público, Terminal de Transportes, Parque Cementerio y Planta de Beneficio Animal (Matadero).
Según Montes Sánchez, los trabajos adelantados en el Parque El Resurgimiento incluyen además del cambio de luminarias el mantenimiento y pintura de cada uno de los postes que conforman el Alumbrado Público, el cambio de cableado y mantenimiento en general. “Quisimos que fuera El Resurgimiento porque es prácticamente el único sitio de sana recreación que tenemos los yopaleños durante los fines de semana”.
Planta de Beneficio Animal
En cuanto a la Planta de Beneficio Animal (Matadero), se han efectuado gastos referentes al mantenimiento de equipos, optimización de la infraestructura, materiales, suministros y adquisición de equipos y herramientas.
Recientemente se tuvo la visita informal del INVIMA para conocer cómo se ha avanzado en la implementación del Plan Gradual para colocar la planta al día con la normatividad existente para este tipo de infraestructuras, donde se determinó que deben hacerse inversiones por cerca de 10 mil millones de pesos para lograr tales metas, en donde la Gobernación de Casanare ofreció colocar los recursos necesarios para tal efecto.
Los compromisos con el INVIMA señalan que al mes de diciembre de este año se debe haber dado cumplimiento al 50% del Plan Gradual, y el 50% restante debe cumplirse hacia finales de 2018. La visita del INVIMA sirvió además para que el Gerente de Ceiba EICE solicitara la autorización sanitaria para operar la Planta durante el presente año, la cual le fue concedida por lo que no habrá problemas con la operación durante 2017.
Terminal de Transportes
Respecto al predio conocido como “Terminal de Transportes”, el funcionario informó al Concejo que se han adelantado acciones de mejora en cumplimiento del fallo de una Acción Popular, como la delimitación de los espacios, el servicio de vigilancia y la presencia de la Policía de Tránsito, quienes tienen ahora jurisdicción en la plataforma de transporte y sus alrededores, igualmente se efectuará el cambio de las baterías sanitarias y el mejoramiento del shut de basuras.
Montes Sánchez informó de igual manera al Concejo de Yopal, que la EICE Ceiba hizo acuerdos con los transportadores que utilizan el “Terminal de Transportes”, siempre buscando que los usuarios de esta plataforma puedan gozar del mejor servicio posible.
Parque Cementerio
Durante el informe se recalcó la labor de recuperación del Parque Cementerio de la ciudad, el cual se recibió en un estado lamentable porque era manejado como un tema de caridad y beneficencia. También se informó al Concejo de Yopal sobre las campañas masivas para que las personas que tienen familiares reposando en el camposanto y ya han cumplido su tiempo mínimo de permanencia adelanten el proceso de exhumación. además se dio a conocer los costos de los servicios que se brindan en el lugar y el proyecto para la puesta en funcionamiento del horno incinerador para efectuar la cremación de cuerpos.
Según su Gerente, la EICE Ceiba ha venido adelantando acercamientos con las Empresas existentes en la ciudad en el tema de servicios exequiales, para que cuenten con todos los servicios de la Empresa y no solamente el tema de las bóvedas como ha venido sucediendo.
“Este ejercicio era necesario para aclarar cualquier clase de dudas que se venían llevando ante la opinión pública, sobretodo en una campaña de desinformación sobre los ingresos de Ceiba y pudimos aclarar estas dudas a las organizaciones cívicas, a los veedores y a la totalidad de Concejales que bien consideraron formular reparos sobre esto”, dijo el Gerente de EICE Ceiba, Hugo Andrés Montes Sánchez.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
