La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, demostró que Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco o El Quesero, era un integrante del denominado Frente Domingo Laín Sáenz de ELN que ocultaba los dineros ilícitos y obtenía nuevos recursos para sostener las distintas estructuras ilegales en Arauca y Casanare.

En ese sentido, un juez penal especializado de Arauca lo declaró responsable de los delitos de rebelión y financiamiento al terrorismo.

Las pruebas presentadas en juicio dan cuenta de que alias Chaco constituyó la empresa de lácteos Villa Esperanza, la cual sirvió para transformar dineros producto del cobro de extorsiones y secuestros en el oriente del país, y usar las ganancias de la venta de quesos y otros productos para cubrir económicamente varias actos terroristas, como el atentado a la escuela de cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander.

Asimismo, quedó en evidencia que este hombre acopiaba en su inmueble y transportaba armas, explosivos, equipos de comunicación y otros elementos para el ELN.

Análisis contables y otras actividades investigativas indicaron que la empresa Villa Esperanza fue creada con un capital de apenas 3’500.000 pesos y con un único empleado, Wilson Arévalo Hernández. De igual manera, permitieron conocer que, entre 2012 y 2017, ocultó al Estado más de 5.000 millones de pesos que corresponderían a ingresos de actuaciones ilícitas.

El monto de la condena contra alias Chaco o El Quesero se conocerá en mayo del año en curso.

Participación en ataque terrorista

Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco o El Quesero, también está vinculado a un proceso como presunto partícipe en el atentado a la escuela General Santander, que dejó 22 cadetes muertos y varios heridos, el 17 de enero de 2019.

El material de prueba obtenido da cuenta de que este hombre habría trasladado de Arauca a Bogotá el campero que fue cargado con 80 kilogramos de pentolita. Arévalo llevó el vehículo hasta la bodega alquilada por José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó el carro bomba al centro de estudios policiales.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Hombres de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional, ubicaron y destruyeron en la vereda Pueblo Nuevo, de Arauquita, un depósito ilegal que servía como complejo para el almacenamiento de hidrocarburos que al parecer, pertenecía a la comisión Camilo Cienfuegos del ELN.

Este complejo contaba con cinco piscinas, cada una con capacidad de almacenamiento de más de 34.000 galones de crudo, representando así los pozos ilegales más grandes que había podido construir esta estructura criminal.

Para el funcionamiento del lugar, los delincuentes utilizaban mangueras de diferentes dimensiones que estaban conectados a la línea de transferencia que destilaba el crudo, generando un daño ecológico irreparable en ese sector.

En el lugar de los hechos fueron hallados dos marcianos, cuatro estructuras metálicas para refinar crudo, 2.500 metros de manguera de tres pulgadas, 120 metros de tubo galvanizado de tres pulgadas, un tanque plástico, 28 canecas metálicas, dos estructuras improvisadas para enfriamiento de crudo, 2.000 metros de plástico y un acueducto improvisado que fueron destruidos de manera controlada para evitar más daños al medio ambiente.

Fuente: Ejército Nacional – Fuerza de Tarea Quirón

El Delegado de Prevención Conflictividad Social y la Regional Arauca de la Defensoría del Pueblo participaron en la reunión del PMU en el municipio de Tame, para atender el llamado de las autoridades del departamento de Arauca y buscar solución al conflicto armado.

El conflicto armado en esta región afecta directamente a la población civil, a los líderes sociales, comunales, étnicos y periodistas, como también a las empresas.

Son 4 alertas tempranas las que mantiene vigentes la Defensoría para los 7 municipios del departamento de Arauca.

La Defensoría hace permanente acompañamiento a las comunidades asentadas en zonas de difícil acceso y de alto riesgo por el conflicto armado. Así mismo, visibiliza a través de la magistratura moral la crisis de la región.

Desde la Defensoría del Pueblo conminan a las autoridades a brindar medidas de prevención y protección, y a los grupos armados ilegales a respetar a la población civil.

Finalmente la regional puso a disposición de las autoridades del Estado y de la sociedad su capacidad de mediación humanitaria e institucional.

Fuente: Defensoría del Pueblo