CASANARE
Fondo de Adaptación “se lavó las manos” con la terminación del Acueducto de Yopal
El Fondo Adaptación informó que entre agosto de 2018 y febrero de 2020 las obras del acueducto de Yopal han avanzado en un 38%. Esta administración recibió el proyecto con un avance del 57% y a la fecha el avance en su ejecución es del 95%.
El Gerente del Fondo Adaptación, Edgar Ortiz Pabón, precisó que para concluir todas las obras iniciadas, una de las primera tareas que emprendió al asumir el cargo fue invitar a las directivas de cada una de las entidades que hacen parte del Comité de Verificación de Cumplimiento a la Sentencia de la Acción Popular para la construcción de un sistema integral de acueducto en Yopal, Casanare, a definir el cronograma que permitirá la culminación de este megaproyecto.
Agregó que a pesar de los compromisos adquiridos a través de múltiples requerimientos, comités de verificación y mesas de trabajo, la alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare no han aportado los recursos que se necesitan para la culminación del megaproyecto, obligaciones que eran plenamente conocidas por cada uno de los actores del proyecto y que, se estima, pueden ascender a los $23.500 millones
De acuerdo con la Entidad, las obras para la conducción hasta la red de distribución, desde el puente de La Cabuya hasta el sector conocido como El Apartamento, no se han realizado porque la alcaldía de Yopal no ha aportado los $12.000 millones que cuesta la obra.
Según Ortiz Pabón, estos incumplimientos ponen en grave riesgo la culminación y el cierre financiero del proyecto. Hago claridad que la Entidad a mi cargo ha cumplido las obligaciones adquiridas y ha destinado recursos por valor de $33.730 millones para cumplir lo ordenado en la sentencia del Tribunal de Casanare”.
Por otra parte, siguen pendientes las obras de protección en los puntos de inestabilidad de la línea de conducción en los últimos 1.420 metros, hasta el puente La Cabuya, que tienen un valor de $11.500 millones y que deben hacerse con aportes de la Gobernación.
El Tribunal Administrativo de Casanare fijó el próximo 3 de marzo de 2020, como fecha para realizar una audiencia pública de verificación y cumplimiento de la acción popular, donde se abordará esta problemática para definir la solución y fecha de cumplimiento de las actividades pendientes.
Contexto
A raíz de una acción popular, el Tribunal Administrativo de Casanare ordenó el suministro de agua para atender la emergencia y la construcción de un sistema integrado de acueducto para la ciudad de Yopal, y estableció como responsables del cumplimiento a la Gobernación de Casanare (35%), la Alcaldía de Yopal (20%), la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (5%) y el Fondo Adaptación (40%).
Para dar cumplimiento a esta sentencia, se suscribe convenio interadministrativo entre las entidades responsables del cumplimiento de la sentencia y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
El proyecto inicia su ejecución con la contratación de los estudios y diseños en 2013 por parte la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, los cuales contaron con el concepto de viabilidad por parte del Ministerio de Vivienda. En el marco de ese convenio, Findeter en calidad de ejecutor, realizó la contratación de las obras de construcción del sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para la ciudad de Yopal – Casanare.
En diciembre de 2017, las obras fueron suspendidas debido a razones técnicas (ajustes a los estudios y diseños) y financieras, por lo que fue necesario hacer aportes adicionales de parte del Ministerio de Vivienda por 6 mil 488 millones y del Fondo Adaptación 16 mil 700 millones, conforme a lo establecido en la modificación del convenio, lo que permitió el reinicio de las obras en agosto de 2018. Así, el valor del proyecto asciende a 91 mil 353 millones de pesos.
Fuente: Fondo de Adaptación
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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