CASANARE
Fondo de Adaptación “se lavó las manos” con la terminación del Acueducto de Yopal
El Fondo Adaptación informó que entre agosto de 2018 y febrero de 2020 las obras del acueducto de Yopal han avanzado en un 38%. Esta administración recibió el proyecto con un avance del 57% y a la fecha el avance en su ejecución es del 95%.
El Gerente del Fondo Adaptación, Edgar Ortiz Pabón, precisó que para concluir todas las obras iniciadas, una de las primera tareas que emprendió al asumir el cargo fue invitar a las directivas de cada una de las entidades que hacen parte del Comité de Verificación de Cumplimiento a la Sentencia de la Acción Popular para la construcción de un sistema integral de acueducto en Yopal, Casanare, a definir el cronograma que permitirá la culminación de este megaproyecto.
Agregó que a pesar de los compromisos adquiridos a través de múltiples requerimientos, comités de verificación y mesas de trabajo, la alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare no han aportado los recursos que se necesitan para la culminación del megaproyecto, obligaciones que eran plenamente conocidas por cada uno de los actores del proyecto y que, se estima, pueden ascender a los $23.500 millones
De acuerdo con la Entidad, las obras para la conducción hasta la red de distribución, desde el puente de La Cabuya hasta el sector conocido como El Apartamento, no se han realizado porque la alcaldía de Yopal no ha aportado los $12.000 millones que cuesta la obra.
Según Ortiz Pabón, estos incumplimientos ponen en grave riesgo la culminación y el cierre financiero del proyecto. Hago claridad que la Entidad a mi cargo ha cumplido las obligaciones adquiridas y ha destinado recursos por valor de $33.730 millones para cumplir lo ordenado en la sentencia del Tribunal de Casanare”.
Por otra parte, siguen pendientes las obras de protección en los puntos de inestabilidad de la línea de conducción en los últimos 1.420 metros, hasta el puente La Cabuya, que tienen un valor de $11.500 millones y que deben hacerse con aportes de la Gobernación.
El Tribunal Administrativo de Casanare fijó el próximo 3 de marzo de 2020, como fecha para realizar una audiencia pública de verificación y cumplimiento de la acción popular, donde se abordará esta problemática para definir la solución y fecha de cumplimiento de las actividades pendientes.
Contexto
A raíz de una acción popular, el Tribunal Administrativo de Casanare ordenó el suministro de agua para atender la emergencia y la construcción de un sistema integrado de acueducto para la ciudad de Yopal, y estableció como responsables del cumplimiento a la Gobernación de Casanare (35%), la Alcaldía de Yopal (20%), la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (5%) y el Fondo Adaptación (40%).
Para dar cumplimiento a esta sentencia, se suscribe convenio interadministrativo entre las entidades responsables del cumplimiento de la sentencia y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
El proyecto inicia su ejecución con la contratación de los estudios y diseños en 2013 por parte la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, los cuales contaron con el concepto de viabilidad por parte del Ministerio de Vivienda. En el marco de ese convenio, Findeter en calidad de ejecutor, realizó la contratación de las obras de construcción del sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para la ciudad de Yopal – Casanare.
En diciembre de 2017, las obras fueron suspendidas debido a razones técnicas (ajustes a los estudios y diseños) y financieras, por lo que fue necesario hacer aportes adicionales de parte del Ministerio de Vivienda por 6 mil 488 millones y del Fondo Adaptación 16 mil 700 millones, conforme a lo establecido en la modificación del convenio, lo que permitió el reinicio de las obras en agosto de 2018. Así, el valor del proyecto asciende a 91 mil 353 millones de pesos.
Fuente: Fondo de Adaptación
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
