CASANARE
Fondo de Adaptación “se lavó las manos” con la terminación del Acueducto de Yopal
El Fondo Adaptación informó que entre agosto de 2018 y febrero de 2020 las obras del acueducto de Yopal han avanzado en un 38%. Esta administración recibió el proyecto con un avance del 57% y a la fecha el avance en su ejecución es del 95%.
El Gerente del Fondo Adaptación, Edgar Ortiz Pabón, precisó que para concluir todas las obras iniciadas, una de las primera tareas que emprendió al asumir el cargo fue invitar a las directivas de cada una de las entidades que hacen parte del Comité de Verificación de Cumplimiento a la Sentencia de la Acción Popular para la construcción de un sistema integral de acueducto en Yopal, Casanare, a definir el cronograma que permitirá la culminación de este megaproyecto.
Agregó que a pesar de los compromisos adquiridos a través de múltiples requerimientos, comités de verificación y mesas de trabajo, la alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare no han aportado los recursos que se necesitan para la culminación del megaproyecto, obligaciones que eran plenamente conocidas por cada uno de los actores del proyecto y que, se estima, pueden ascender a los $23.500 millones
De acuerdo con la Entidad, las obras para la conducción hasta la red de distribución, desde el puente de La Cabuya hasta el sector conocido como El Apartamento, no se han realizado porque la alcaldía de Yopal no ha aportado los $12.000 millones que cuesta la obra.
Según Ortiz Pabón, estos incumplimientos ponen en grave riesgo la culminación y el cierre financiero del proyecto. Hago claridad que la Entidad a mi cargo ha cumplido las obligaciones adquiridas y ha destinado recursos por valor de $33.730 millones para cumplir lo ordenado en la sentencia del Tribunal de Casanare”.
Por otra parte, siguen pendientes las obras de protección en los puntos de inestabilidad de la línea de conducción en los últimos 1.420 metros, hasta el puente La Cabuya, que tienen un valor de $11.500 millones y que deben hacerse con aportes de la Gobernación.
El Tribunal Administrativo de Casanare fijó el próximo 3 de marzo de 2020, como fecha para realizar una audiencia pública de verificación y cumplimiento de la acción popular, donde se abordará esta problemática para definir la solución y fecha de cumplimiento de las actividades pendientes.
Contexto
A raíz de una acción popular, el Tribunal Administrativo de Casanare ordenó el suministro de agua para atender la emergencia y la construcción de un sistema integrado de acueducto para la ciudad de Yopal, y estableció como responsables del cumplimiento a la Gobernación de Casanare (35%), la Alcaldía de Yopal (20%), la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (5%) y el Fondo Adaptación (40%).
Para dar cumplimiento a esta sentencia, se suscribe convenio interadministrativo entre las entidades responsables del cumplimiento de la sentencia y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
El proyecto inicia su ejecución con la contratación de los estudios y diseños en 2013 por parte la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, los cuales contaron con el concepto de viabilidad por parte del Ministerio de Vivienda. En el marco de ese convenio, Findeter en calidad de ejecutor, realizó la contratación de las obras de construcción del sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para la ciudad de Yopal – Casanare.
En diciembre de 2017, las obras fueron suspendidas debido a razones técnicas (ajustes a los estudios y diseños) y financieras, por lo que fue necesario hacer aportes adicionales de parte del Ministerio de Vivienda por 6 mil 488 millones y del Fondo Adaptación 16 mil 700 millones, conforme a lo establecido en la modificación del convenio, lo que permitió el reinicio de las obras en agosto de 2018. Así, el valor del proyecto asciende a 91 mil 353 millones de pesos.
Fuente: Fondo de Adaptación
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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