META
Fatal accidente en la vía Bogotá-Villavicencio afectó familia que se desplazaba hacia Yopal
Tres integrantes de una familia que viajaban desde Bogotá hacia Yopal a participar de la celebración de un bautizo perecieron en un accidente de tránsito, que se presentó en cercanías al sector de Chipaque, cuando el automotor se salió de la vía.
Según información del portal www.lafm.com.co, otras 13 resultaron heridas cuando un bus de turismo de la empresa Idertur, al parecer, por un problema técnico registrado en el kilómetro 18 más 500 metros, rodó por un abismo de más de 160 metros. Por la gravedad de las heridas fueron trasladadas ocho víctimas del accidente a la capital de la República.
En el vehículo se encontraba la familia Hernández Molina, de Bogotá, quienes se dirigían a Yopal, para celebrar un bautizo. Según indicó Julio Hernández, quien iba como pasajero en el bus junto con sus otros 13 familiares, “veníamos 14 personas, mis hermanos, mis sobrinos, mi mamá, y en un momento el conductor del bus perdió el control en una curva y rodó por el abismo”.
En el accidente tres personas perdieron la vida, según explicó, se trata de su madre, su hijo y la esposa de un sobrino. “Nosotros veníamos bien y la buseta es de una empresa de turismo, no sé qué pasó, pero cuando nos dimos cuenta nos salimos de la carretera”.
Los heridos del siniestro, entre los se encuentra una bebé de 11 meses, fueron remitidos a los hospitales La Samaritana y La Misericordia.
La emergencia fue atendida por los bomberos de Chipaque y Cáqueza en conjunto con el personal de la concesión vial. El accidente ocurrió sobre las 11:50 de la mañana de este sábado.
Según las autoridades, las personas fallecidas fueron identificadas como Catalina Martínez Fontecha, de 29 años de edad: Leonor Medina Medina, de 89 años de edad, y Julián Steven Hernández, de 18 años de edad.
Fuente: www.lafm.com.co
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
