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Familia despojada por paramilitares recupera más de 2.000 hectáreas en Puerto Gaitán

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Especializado en Restitución de Tierras, ordenó que predios despojados por alias “Guillermo Torres” y alias “Lasso Galindo” fueran restituidos a familia que sufrió todo tipo de presiones por parte de las Autodefensas, para entregar la propiedad de 2.018 hectáreas ubicadas en la inspección La Cristalina en el municipio de Puerto Gaitán.

La familia Jiménez*, que arribó a la región en el año de 1991 y ocupó un predio baldío ubicado en la inspección La Cristalina, el cual tenía una extensión de 2.018 hectáreas, recibió la adjudicación del Incora. La propiedad fue divida en tres propiedades y estaba dedicada a la cría de ganado bovino y porcino.

Con la llegada de los paramilitares, los Jiménez no pudieron seguir disfrutando de sus tierras. La ubicación geográfica de la propiedad, a la que se sumó los espacios con que cuenta, llevó a este grupo armado al margen de la ley a tomarla como centro de operaciones, un hecho que obligó a la familia a solicitar el permiso para vender el ganado que tenían y luego a dejar la propiedad.

Sin muchos recursos y viviendo en Villavicencio, la familia decidió vender la propiedad por medio de un aviso en uno de los periódicos de mayor circulación en la región. No esperaron mucho tiempo para recibir respuesta y, en una llamada, les ofrecen 400 millones de pesos por las tierras con hora y lugar para realizar el negocio. Al llegar al lugar fueron obligados a firmar los documentos para ceder los terrenos, les entregan 70 millones de pesos de los cuales les descontaron 7 millones para impuestos, los retuvieron durante tres días en una finca en Villavicencio y luego los trasladaron a Bogotá donde los mantuvieron secuestrados por una semana más. Después de este tiempo, los paramilitares los dejaron libres aduciendo que: “Por su buen comportamiento los dejamos vivir”.

Para la sala, los hechos de violencia son innegables. La quema de casas, asesinatos selectivos a campesinos de la región, la extorsión y el constreñimiento fueron las acciones que emprendieron las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, con las cuales lograron controlar una región que por años estuvo bajo el mando de las Farc.

En su fallo, el Alto Tribunal declaró la nulidad absoluta del contrato hipotecario que existía sobre el predio; de igual forma, el de servidumbre permanente petrolera de oleoducto y tránsito, que habían sido constituidos por quien hasta el momento de este fallo contaba con la titularidad de la propiedad. En la providencia se afirmó que la entidad financiera no cumplió con un mínimo exigible de diligencia para el establecimiento de crédito, que al ser obviado, impide declarar en su favor, la buena fe exenta de culpa. 

Con respecto a la servidumbre de hidrocarburos, declaró la nulidad de este gravamen. No obstante, la decretó como medida cautelar provisional, ordenando a la empresa petrolera “Negociar las condiciones económicas de la servidumbre con quienes resulten propietarios de los predios restituidos en proporción a las afectaciones de los mismos y agrega que la medida será verificada por el Tribunal en el seguimiento posfallo”.

De igual forma, ordenó a la Agencia Nacional de Tierras estudiar la legalidad de las adjudicaciones de los predios restituidos por el antiguo INCORA a los solicitantes.

Con el fallo se negaron las oposiciones presentadas. La familia Jiménez* recuperó los predios que fueron despojados por la incidencia paramilitar en la zona, se decretaron todas las medidas restaurativas y de vocación transformadora que le permitan tener una vida digna.

*Nombres cambiados

Fuente: Prensa Restitución de Tierras

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Familia desplazada en Granada, recuperó su finca y emprendió con cultivos

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La familia Mosquera, pasó de ser víctima de la violencia a convertirse en emprendedora del campo. Después de recuperar el predio “Maracaibo”, ubicado en la vereda El Crucero, sus integrantes le apostaron a la siembra de 2.5 hectáreas de cacao y maracuyá, como alternativa productiva para garantizar su sustento económico.

En 2001, Jair Ignacio Mosquera, su esposa e hijos adquirieron la finca de 11 hectáreas en la cual cultivaban plátano, maracuyá, maíz y otros productos de pancoger. Desde el año 2003, la situación de orden público se agudizó en la zona por la presencia de paramilitares quienes cobraban vacunas a los campesinos; pero fue en 2014 que, ante la imposibilidad de pagar los cobros ilegales, la familia Mosquera recibió amenazas de muerte y fue obligada a abandonar el predio y a desplazarse hacia Samaná, Caldas.

Los Mosquera acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras para que esta entidad llevara su caso ante la justicia, y fue así como en abril de 2020 el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, emitió sentencia mediante la cual ordenó la restitución del predio y otros beneficios para su reparación integral.

Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, señaló “en cumplimiento de esta sentencia, la Unidad hizo entrega material del predio a la familia Mosquera y luego le otorgó un subsidio por $36 millones para la implementación del proyecto mediante sistema agroforestal que consiste en el establecimiento de un cultivo de 2.5 hectáreas sembradas con 2.125 plantas de cacao y 1.500 matas de maracuyá como sombrío transitorio; y además le aseguramos la venta de la cosecha con la gestión del contrato de comercialización con la empresa Work Cacao por 10 años ”.

Finalmente, la directora Jenny Capote, destacó que la Unidad de Restitución de Tierras, reafirma su compromiso con las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras, al acompañarlas en el proceso de retorno al campo y transformación de sus vidas.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Meta

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Por muerte de abejas, ICA llegó a predios apicolas del Meta

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Debido a la muerte de abejas presentada en los municipios de Puerto Gaitán y San Juan de Arama, Meta, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, adelantó visitas de inspección y vigilancia sanitaria en predios apícolas del departamento, para analizar las causas de la muerte y generar estrategias para contribuir a la protección de los polinizadores.

Las visitas se realizaron en 2 predios de San Juan de Arama y en 3 de puerto Gaitán, en donde se encontraron 14 apiarios y 83 colmenas, y se realizó la inspección correspondiente para verificar la condición fitosanitaria y la presencia o ausencia de plagas que afectan directamente a los polinizadores.

Así mismo, funcionarios del Instituto participaron en una capacitación sobre el manejo apícola en los predios del departamento y la implementación de medidas para la protección de las abejas desde la agricultura.

El ICA, como autoridad sanitaria, responde a las necesidades del sector apícola por medio de capacitaciones a los funcionarios y contratistas, para que actualicen sus conocimientos y atiendan las notificaciones de declaración obligatoria de esta especie, dando apoyo a los productores y contribuyendo al mejoramiento de este sistema productivo.

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario

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Judicializados delincuentes señalados por varios hurtos en Villavicencio

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Ante un juzgado con función de control de garantías Villavicencio fueron judicializadas dos personas, presuntamente, responsables de varios delitos cometidos en los barrios Villas de la Paz y Ciudad Porfía en Villavicencio.

Los delitos habrían sido cometidos el 13 y 22 de agosto en un sector residencial del sur de Villavicencio.

Un fiscal de la Seccional Meta coordinó las diligencias de allanamiento y registro que terminaron con la captura de Luis Alfonso Rubio Matiz, alias Mechas o Tucán, quien se considera el presunto responsable de despojar de sus pertenencias a dos personas.

Además, fue detenido Juan Camilo Ospina Durán, quien portaba un revólver con su respectiva munición. La Fiscalía imputó a Rubio el delito de hurto calificado y agravado quien fue enviado a la cárcel.

Ospina Durán fue imputado por porte ilegal de armas y fue dictada en su contra medida no privativa de la libertad. La Fiscalía investiga si estas personas estarían vinculadas con homicidios presentados en el sector.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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