El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Especializado en Restitución de Tierras, ordenó que predios despojados por alias “Guillermo Torres” y alias “Lasso Galindo” fueran restituidos a familia que sufrió todo tipo de presiones por parte de las Autodefensas, para entregar la propiedad de 2.018 hectáreas ubicadas en la inspección La Cristalina en el municipio de Puerto Gaitán.

La familia Jiménez*, que arribó a la región en el año de 1991 y ocupó un predio baldío ubicado en la inspección La Cristalina, el cual tenía una extensión de 2.018 hectáreas, recibió la adjudicación del Incora. La propiedad fue divida en tres propiedades y estaba dedicada a la cría de ganado bovino y porcino.

Con la llegada de los paramilitares, los Jiménez no pudieron seguir disfrutando de sus tierras. La ubicación geográfica de la propiedad, a la que se sumó los espacios con que cuenta, llevó a este grupo armado al margen de la ley a tomarla como centro de operaciones, un hecho que obligó a la familia a solicitar el permiso para vender el ganado que tenían y luego a dejar la propiedad.

Sin muchos recursos y viviendo en Villavicencio, la familia decidió vender la propiedad por medio de un aviso en uno de los periódicos de mayor circulación en la región. No esperaron mucho tiempo para recibir respuesta y, en una llamada, les ofrecen 400 millones de pesos por las tierras con hora y lugar para realizar el negocio. Al llegar al lugar fueron obligados a firmar los documentos para ceder los terrenos, les entregan 70 millones de pesos de los cuales les descontaron 7 millones para impuestos, los retuvieron durante tres días en una finca en Villavicencio y luego los trasladaron a Bogotá donde los mantuvieron secuestrados por una semana más. Después de este tiempo, los paramilitares los dejaron libres aduciendo que: “Por su buen comportamiento los dejamos vivir”.

Para la sala, los hechos de violencia son innegables. La quema de casas, asesinatos selectivos a campesinos de la región, la extorsión y el constreñimiento fueron las acciones que emprendieron las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, con las cuales lograron controlar una región que por años estuvo bajo el mando de las Farc.

En su fallo, el Alto Tribunal declaró la nulidad absoluta del contrato hipotecario que existía sobre el predio; de igual forma, el de servidumbre permanente petrolera de oleoducto y tránsito, que habían sido constituidos por quien hasta el momento de este fallo contaba con la titularidad de la propiedad. En la providencia se afirmó que la entidad financiera no cumplió con un mínimo exigible de diligencia para el establecimiento de crédito, que al ser obviado, impide declarar en su favor, la buena fe exenta de culpa. 

Con respecto a la servidumbre de hidrocarburos, declaró la nulidad de este gravamen. No obstante, la decretó como medida cautelar provisional, ordenando a la empresa petrolera “Negociar las condiciones económicas de la servidumbre con quienes resulten propietarios de los predios restituidos en proporción a las afectaciones de los mismos y agrega que la medida será verificada por el Tribunal en el seguimiento posfallo”.

De igual forma, ordenó a la Agencia Nacional de Tierras estudiar la legalidad de las adjudicaciones de los predios restituidos por el antiguo INCORA a los solicitantes.

Con el fallo se negaron las oposiciones presentadas. La familia Jiménez* recuperó los predios que fueron despojados por la incidencia paramilitar en la zona, se decretaron todas las medidas restaurativas y de vocación transformadora que le permitan tener una vida digna.

*Nombres cambiados

Fuente: Prensa Restitución de Tierras