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Familia despojada por paramilitares recupera más de 2.000 hectáreas en Puerto Gaitán
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Especializado en Restitución de Tierras, ordenó que predios despojados por alias “Guillermo Torres” y alias “Lasso Galindo” fueran restituidos a familia que sufrió todo tipo de presiones por parte de las Autodefensas, para entregar la propiedad de 2.018 hectáreas ubicadas en la inspección La Cristalina en el municipio de Puerto Gaitán.
La familia Jiménez*, que arribó a la región en el año de 1991 y ocupó un predio baldío ubicado en la inspección La Cristalina, el cual tenía una extensión de 2.018 hectáreas, recibió la adjudicación del Incora. La propiedad fue divida en tres propiedades y estaba dedicada a la cría de ganado bovino y porcino.
Con la llegada de los paramilitares, los Jiménez no pudieron seguir disfrutando de sus tierras. La ubicación geográfica de la propiedad, a la que se sumó los espacios con que cuenta, llevó a este grupo armado al margen de la ley a tomarla como centro de operaciones, un hecho que obligó a la familia a solicitar el permiso para vender el ganado que tenían y luego a dejar la propiedad.
Sin muchos recursos y viviendo en Villavicencio, la familia decidió vender la propiedad por medio de un aviso en uno de los periódicos de mayor circulación en la región. No esperaron mucho tiempo para recibir respuesta y, en una llamada, les ofrecen 400 millones de pesos por las tierras con hora y lugar para realizar el negocio. Al llegar al lugar fueron obligados a firmar los documentos para ceder los terrenos, les entregan 70 millones de pesos de los cuales les descontaron 7 millones para impuestos, los retuvieron durante tres días en una finca en Villavicencio y luego los trasladaron a Bogotá donde los mantuvieron secuestrados por una semana más. Después de este tiempo, los paramilitares los dejaron libres aduciendo que: “Por su buen comportamiento los dejamos vivir”.
Para la sala, los hechos de violencia son innegables. La quema de casas, asesinatos selectivos a campesinos de la región, la extorsión y el constreñimiento fueron las acciones que emprendieron las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, con las cuales lograron controlar una región que por años estuvo bajo el mando de las Farc.
En su fallo, el Alto Tribunal declaró la nulidad absoluta del contrato hipotecario que existía sobre el predio; de igual forma, el de servidumbre permanente petrolera de oleoducto y tránsito, que habían sido constituidos por quien hasta el momento de este fallo contaba con la titularidad de la propiedad. En la providencia se afirmó que la entidad financiera no cumplió con un mínimo exigible de diligencia para el establecimiento de crédito, que al ser obviado, impide declarar en su favor, la buena fe exenta de culpa.
Con respecto a la servidumbre de hidrocarburos, declaró la nulidad de este gravamen. No obstante, la decretó como medida cautelar provisional, ordenando a la empresa petrolera “Negociar las condiciones económicas de la servidumbre con quienes resulten propietarios de los predios restituidos en proporción a las afectaciones de los mismos y agrega que la medida será verificada por el Tribunal en el seguimiento posfallo”.
De igual forma, ordenó a la Agencia Nacional de Tierras estudiar la legalidad de las adjudicaciones de los predios restituidos por el antiguo INCORA a los solicitantes.
Con el fallo se negaron las oposiciones presentadas. La familia Jiménez* recuperó los predios que fueron despojados por la incidencia paramilitar en la zona, se decretaron todas las medidas restaurativas y de vocación transformadora que le permitan tener una vida digna.
*Nombres cambiados
Fuente: Prensa Restitución de Tierras
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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