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Familia despojada por paramilitares recupera más de 2.000 hectáreas en Puerto Gaitán
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Especializado en Restitución de Tierras, ordenó que predios despojados por alias “Guillermo Torres” y alias “Lasso Galindo” fueran restituidos a familia que sufrió todo tipo de presiones por parte de las Autodefensas, para entregar la propiedad de 2.018 hectáreas ubicadas en la inspección La Cristalina en el municipio de Puerto Gaitán.
La familia Jiménez*, que arribó a la región en el año de 1991 y ocupó un predio baldío ubicado en la inspección La Cristalina, el cual tenía una extensión de 2.018 hectáreas, recibió la adjudicación del Incora. La propiedad fue divida en tres propiedades y estaba dedicada a la cría de ganado bovino y porcino.
Con la llegada de los paramilitares, los Jiménez no pudieron seguir disfrutando de sus tierras. La ubicación geográfica de la propiedad, a la que se sumó los espacios con que cuenta, llevó a este grupo armado al margen de la ley a tomarla como centro de operaciones, un hecho que obligó a la familia a solicitar el permiso para vender el ganado que tenían y luego a dejar la propiedad.
Sin muchos recursos y viviendo en Villavicencio, la familia decidió vender la propiedad por medio de un aviso en uno de los periódicos de mayor circulación en la región. No esperaron mucho tiempo para recibir respuesta y, en una llamada, les ofrecen 400 millones de pesos por las tierras con hora y lugar para realizar el negocio. Al llegar al lugar fueron obligados a firmar los documentos para ceder los terrenos, les entregan 70 millones de pesos de los cuales les descontaron 7 millones para impuestos, los retuvieron durante tres días en una finca en Villavicencio y luego los trasladaron a Bogotá donde los mantuvieron secuestrados por una semana más. Después de este tiempo, los paramilitares los dejaron libres aduciendo que: “Por su buen comportamiento los dejamos vivir”.
Para la sala, los hechos de violencia son innegables. La quema de casas, asesinatos selectivos a campesinos de la región, la extorsión y el constreñimiento fueron las acciones que emprendieron las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, con las cuales lograron controlar una región que por años estuvo bajo el mando de las Farc.
En su fallo, el Alto Tribunal declaró la nulidad absoluta del contrato hipotecario que existía sobre el predio; de igual forma, el de servidumbre permanente petrolera de oleoducto y tránsito, que habían sido constituidos por quien hasta el momento de este fallo contaba con la titularidad de la propiedad. En la providencia se afirmó que la entidad financiera no cumplió con un mínimo exigible de diligencia para el establecimiento de crédito, que al ser obviado, impide declarar en su favor, la buena fe exenta de culpa.
Con respecto a la servidumbre de hidrocarburos, declaró la nulidad de este gravamen. No obstante, la decretó como medida cautelar provisional, ordenando a la empresa petrolera “Negociar las condiciones económicas de la servidumbre con quienes resulten propietarios de los predios restituidos en proporción a las afectaciones de los mismos y agrega que la medida será verificada por el Tribunal en el seguimiento posfallo”.
De igual forma, ordenó a la Agencia Nacional de Tierras estudiar la legalidad de las adjudicaciones de los predios restituidos por el antiguo INCORA a los solicitantes.
Con el fallo se negaron las oposiciones presentadas. La familia Jiménez* recuperó los predios que fueron despojados por la incidencia paramilitar en la zona, se decretaron todas las medidas restaurativas y de vocación transformadora que le permitan tener una vida digna.
*Nombres cambiados
Fuente: Prensa Restitución de Tierras
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
