ARAUCA
Ex funcionarios del ICA y ganaderos tenían red de contrabando en Arauca
El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), permitió la desarticulación de una estructura criminal señalada de ingresar ganado de contrabando de Venezuela.
En la operación desarrollada en los departamentos de Arauca y Meta fueron capturadas 12 personas (dos funcionarios del ICA, cinco exfuncionarios de la misma entidad, un vacunador y cuatro ganaderos). Los detenidos quedaron a disposición de un fiscal seccional de Arauca y fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, favorecimiento y facilitación del contrabando, y favorecimiento por servidor público.
El proceso investigativo surgió de una denuncia instaurada por el ICA, en la que alertó sobre el aumento desmesurado de los inventarios de ganado de algunos comerciantes en Villavicencio (Meta).
En las verificaciones se constató la existencia de un grupo de ganaderos conformado por integrantes de una misma familia que, con el presunto auspicio de funcionarios del ICA, habría insertado datos falsos y obtuvo ilícitamente guías de movilización para dar apariencia de legalidad a varias cabezas de ganado que ingresaron de contrabando.
De acuerdo con el material probatorio recopilado, los ganaderos vinculados a la actividad ilegal usaban una propiedad de 494 hectáreas, ubicada en la vereda Feliciano, en Arauca, y cruzaban desde Venezuela ganado a pie por vías terciarias y caminos de herradura. Los semovientes supuestamente eran agrupados en los predios de la familia y posteriormente comercializados a otros comerciantes de la región.
Las labores de investigación criminal evidenciaron que los funcionarios, valiéndose de sus cargos, presuntamente ingresaron información errónea a la base de datos del ICA para beneficiar a los contrabandistas de ganado bovino y permitirles aumentar su censo poblacional.
Esta actuación ilegal habría contribuido a que Colombia perdiera el estatus sanitario que otorga la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), toda vez que parte del ganado que entró de contrabando sería portador de fiebre aftosa, situación que puso en riesgo la salud de los consumidores.
Otras de las irregularidades en las que supuestamente incurrieron los funcionarios y exfuncionarios del ICA vinculados al proceso son:
- Cargar guías al sistema sin el certificado de embarque.
- Ingreso y modificaciones a los sistemas en horarios no laborales.
- Cargue del Registro Único de Vacunación contra la Aftosa con cantidades superiores a las reportadas en los soportes y archivos planos de vacunación oficial.
- Cargue de pruebas diagnóstico con soportes y documentos PDF que no corresponden a los resultados de las pruebas de laboratorio.
- Alteración de las Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animales originales e inclusión de información que no corresponde a los datos reales.
Los investigadores obtuvieron elementos que darían cuenta de que los ganaderos, al parecer, simularon movilizaciones para obtener cupos ganaderos y transportar 417 bovinos de contrabando, avaluados comercialmente en más de 783 millones de pesos.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
