META
Enviados a la cárcel por comprar y vender virginidad de menores en Villavicencio
Un profesor de inglés, un cantante de un centro comercial, un músico que formaba parte de un programa juvenil emitido en una emisora de la ciudad y un conductor que las recogía y llevaba a sus clientes, fueron plenamente identificados por la Fiscalía como los responsables de la comercialización de actos sexuales con mayores de edad, de niñas de entre 13 y 15 años de un colegio del oriente de Villavicencio.
Con base en denuncia instaurada por familiares, de por lo menos 4 víctimas, por hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2016 fueron presentados ante un Juzgado, Yesid Bernal Leal de 60 años, profesor; Carlos Andrés Agudelo Roldán de 29 años, conductor; Henry Mauricio Pérez Alvarado de 42 años, cantante y Robinson Jair Céspedes Rodríguez de 23 años, músico y trabajador en emisora local a quienes les fueron legalizadas las capturas.
Los detenidos fueron capturados por funcionarios del CTI de la Fiscalía, con apoyo de militares del Gaula de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, de manera simultánea en vía pública, de varios sectores de la ciudad.
Según lo investigado por la Fiscalía durante un año, estás personas se encargaban de contactar menores de edad para ofrecerles pago por relaciones sexuales, vender su virginidad y conseguir otra niñas, a cambio de dinero, entre 20 y 100 mil pesos, por cada acto sexual ilegal.
Las menores eran conducidas a una finca del profesor, en área rural del oriente de la capital del Meta, donde eran inducidas al consumo de estupefacientes y además, promovieron la conformación de un grupo por medio de WhatsApp llamado “las muñecas de la mafia”, a través de la cual las contactarían cuando tuvieran clientes. Cabe anotar que 2 de los detenidos sostuvieron relaciones sexuales con las víctimas.
En desarrollo de las audiencias concentradas, la Fiscalía imputó cargos contra los detenidos por los delitos de demanda de explotación sexual; de acceso carnal abusivo con menor de 14 años; suministro de sustancias alucinógenas; proxenetismo; utilización de medios técnicos para la solicitud de demanda sexual; utilización de menores para cometer delitos en calidad de autor y cómplices, cuyas penas oscilan entre 9 y 37 años de prisión.
Frente a la presentación de pruebas como interceptación de llamadas, fotografías y vídeos los detenidos no se allanaron a cargos.
Ante la gravedad de los delitos endilgados contra los detenidos, el Juzgado ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra, en centro carcelario.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
