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Enviados a la cárcel por comprar y vender virginidad de menores en Villavicencio
Un profesor de inglés, un cantante de un centro comercial, un músico que formaba parte de un programa juvenil emitido en una emisora de la ciudad y un conductor que las recogía y llevaba a sus clientes, fueron plenamente identificados por la Fiscalía como los responsables de la comercialización de actos sexuales con mayores de edad, de niñas de entre 13 y 15 años de un colegio del oriente de Villavicencio.
Con base en denuncia instaurada por familiares, de por lo menos 4 víctimas, por hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2016 fueron presentados ante un Juzgado, Yesid Bernal Leal de 60 años, profesor; Carlos Andrés Agudelo Roldán de 29 años, conductor; Henry Mauricio Pérez Alvarado de 42 años, cantante y Robinson Jair Céspedes Rodríguez de 23 años, músico y trabajador en emisora local a quienes les fueron legalizadas las capturas.
Los detenidos fueron capturados por funcionarios del CTI de la Fiscalía, con apoyo de militares del Gaula de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, de manera simultánea en vía pública, de varios sectores de la ciudad.
Según lo investigado por la Fiscalía durante un año, estás personas se encargaban de contactar menores de edad para ofrecerles pago por relaciones sexuales, vender su virginidad y conseguir otra niñas, a cambio de dinero, entre 20 y 100 mil pesos, por cada acto sexual ilegal.
Las menores eran conducidas a una finca del profesor, en área rural del oriente de la capital del Meta, donde eran inducidas al consumo de estupefacientes y además, promovieron la conformación de un grupo por medio de WhatsApp llamado “las muñecas de la mafia”, a través de la cual las contactarían cuando tuvieran clientes. Cabe anotar que 2 de los detenidos sostuvieron relaciones sexuales con las víctimas.
En desarrollo de las audiencias concentradas, la Fiscalía imputó cargos contra los detenidos por los delitos de demanda de explotación sexual; de acceso carnal abusivo con menor de 14 años; suministro de sustancias alucinógenas; proxenetismo; utilización de medios técnicos para la solicitud de demanda sexual; utilización de menores para cometer delitos en calidad de autor y cómplices, cuyas penas oscilan entre 9 y 37 años de prisión.
Frente a la presentación de pruebas como interceptación de llamadas, fotografías y vídeos los detenidos no se allanaron a cargos.
Ante la gravedad de los delitos endilgados contra los detenidos, el Juzgado ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra, en centro carcelario.
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
META
Capturado en Villavicencio presunto integrante del Clan del Golfo
Autoridades lograron capturar en Villavicencio al criminal conocido con el alias de ‘Ñato’, presunto integrante del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ al servicio de la subestructura Gonzalo Oquendo Orrego.
La detención de esta persona materializó en cumplimiento a una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión.
Alias ‘Ñato’ de 36 años de edad, es señalado de ser el autor material del homicidio con arma de fuego en la modalidad de sicariato del señor Juan Alfonso Aguilar Rivas; hecho registrado en junio 12 de 2022, en la inspección El Vergel del municipio de San Juan de Arama, Meta.
El capturado junto a las diligencias judiciales adelantadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía No. 187 de la Dirección Especializada Contra el Crimen Organizado de Villavicencio, Meta.
Fuente: Policía Meta
META
JEP ordena plan para ubicar y atender a mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Gaitán
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó poner en marcha un plan de acción que permita ubicar, identificar y caracterizar a mujeres víctimas de estigmatización y violencia sexual en Puerto Gaitán, quienes fueron estigmatizadas como ‘Las calvas’ cuando eran niñas o adolescentes, por parte de grupos paramilitares que operaron en la zona, entre 2002 y 2004.
Según expedientes de la justicia ordinaria e informes de organizaciones de víctimas entregados a la JEP, las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en ese departamento implementaron medidas de control social, reclutamiento, abuso sexual y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Los relatos allegados a la Jurisdicción indican que las autoridades del municipio tenían conocimiento de estos crímenes y no tomaron medidas para evitarlos ni para perseguir o castigar a los grupos ilegales que ejercían estos delitos.
Estas mujeres víctimas eran señaladas por los grupos de cometer “actos de desobediencia, faltar al colegio, ingresar a bares”, y por ello las sometieron a castigos como apartarlas de su núcleo familiar contra su voluntad para someterlas a trabajos forzados; también eran reclutadas por los grupos ilegales y sometidas a abuso y violencia sexual; otras, fueron expuestas al escarnio público rapándoles la cabeza, de allí el término estigmatizante con el que fueron conocidas por los pobladores de la región en aquella época.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que estos hechos son de interés del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; y del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.
Bajo ese contexto, la Sala convoca la articulación entre los despachos relatores de estos dos macrocasos con las siguientes dependencias de la JEP: Departamento de Atención a Víctimas (DAV), la Comisión de Género, la Comisión de Participación, la Oficina Asesora en Justicia Restaurativa, el Departamento de Enfoques Diferenciales y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Representación de Víctimas.
A través de esta articulación se busca definir una metodología que facilite la ubicación de las víctimas y, en caso de que así lo deseen, ofrecerles asesoría para participar en los casos 08 y 11, en caso de que estos hechos sean priorizados por la Sala de Reconocimiento para ser investigados. Además, este plan de atención y tratamiento a las víctimas se abordará aplicando los enfoques diferenciales de género, étnico racial, territorial e interseccional; incluyendo, además, espacios de pedagogía.
La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se toma en el marco del estudio de solicitud de sometimiento a la JEP de Édgar Humberto Silva González, quien se desempeñó como personero municipal de Puerto Gaitán durante la época de los hechos. Silva aún no ha sido aceptado en la Jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La aceptación de su sometimiento queda condicionada a los ajustes al régimen de condicionalidad, en materia de aportes efectivos de verdad y propuestas de reparación, que presente ante la sala.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
META
‘Otoniel’ entregó información relevante sobre ‘falsos positivos’ en el Meta
La JEP llevó a cabo la toma de testimonio de Dairo Antonio Úsuga, conocido como ‘Otoniel’, durante el cual el antiguo comandante paramilitar brindó información relevante sobre operaciones conjuntas para cometer asesinatos y desapariciones forzadas que eran presentados como supuestas bajas en combate por integrantes de la fuerza pública en Meta, y sobre su participación en la victimización contra miembros del partido Unión Patriótica.
La toma de testimonio se llevó a cabo los pasados 9, 10 y 11 de abril, en la Penitenciaria de Máxima Seguridad ‘ADX’ o ‘Supermax’, de Florence, Colorado, Estados Unidos. Allí, ante los magistrados Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Úsuga también ratificó su testimonio dado ante la JEP en 2022.
En ese entonces señaló vínculos de miembros de la fuerza pública, de políticos del nivel nacional y regional, y de terceros civiles con los grupos armados ilegales a los cuales perteneció; es decir, con el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Clan del Golfo. Dichos señalamientos fueron objeto de compulsa de copias de la JEP a las autoridades correspondientes en abril de 2022.
Esta toma de testimonio, de carácter reservada, se realizó con la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el marco de los Casos 03, subcaso Meta, que investiga ‘falsos positivos’, y el Caso 06, que investiga la victimización contra miembros de la Unión Patriótica.
La JEP garantizó la participación de las víctimas acreditadas en estos macrocasos, y de sus representantes judiciales, para que formularan preguntas por escrito; esto en vista de la restricción del Departamento de Justicia estadounidense de hacer grabaciones o conexiones vía internet durante estas diligencias en su sistema penitenciario.
Una vez la información suministrada por Úsuga sea analizada y valorada, la magistratura de la JEP obrará de conformidad con la metodología de investigación de cada macrocaso, según los deberes establecidos en la ley y los principios de la Justicia Transicional Restaurativa.
Fuente: Jurisdicción Especial para
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