META
Entregan restos de mujer desaparecida en el Meta hace 22 años
Familiares de Carmenza de Angulo, secuestrada por la guerrilla hace 22 años, agradecieron el trabajo que permitió la búsqueda de su madre y abuela y aseguraron que no desistirán de hallar también a su padre Gerardo Angulo y conocer la verdad sobre el cautiverio de ‘los abuelos’.
Carmenza Castañeda de Angulo, descansa en paz en el lugar escogido por sus cinco hijos y veinte nietos, 22 años después de que fuera secuestrada junto con su esposo Gerardo, para después ser entregados al Bloque Oriental de las entonces Farc-EP. Ambos tenían 68 años en el momento del secuestro y desaparición.
Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, esta ceremonia de entrega digna representa un avance significativo del trabajo humanitario y extrajudicial que adelanta la entidad en compañía de familiares y organizaciones de la sociedad civil, para buscar a las personas desaparecidas en razón del conflicto armado.
Durante todos estos años la familia de la señora Carmenza y del señor Gerardo, quien todavía permanece desaparecido, fue a todos los lugares buscando saber cuál fue la suerte de sus padres y no había logrado encontrarlos. En una acción humanitaria fue recuperada doña Carmenza, y se pudo identificar plenamente a través del apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para entregarla a su familia.
La Unidad de Búsqueda se compromete a seguir buscando a las personas desaparecidas, entre ellas al señor Gerardo Angulo, para ayudar a las familias a cesar ese sufrimiento.
La búsqueda de los esposos Angulo Castañeda, en la que participaron la familia, la UBPD, la CCJ y Equitas, con el apoyo de firmantes del Acuerdo, la Comisión de Búsqueda de las Farc -ahora Corporación Reencuentros- y la comunidad de San Juanito, hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Meta, que tiene cobertura en 26 de los 29 municipios del departamento y un universo inicial de 7.110 personas desaparecidas en circunstancias relacionadas con desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito de menores y participación en las hostilidades.
Familia, rosas y tejidos
Doña Carmenza nació en Manta, Cundinamarca. Tenía 18 años cuando se casó con Gerardo Angulo Grandas el 26 de agosto de 1950. El año en que fueron secuestrados cumplieron sus bodas de oro. ‘Lala’, como la llamaban en su casa, era para sus seres queridos sinónimo de magia, lucha, cariño, amor y cuidado. La recuerdan como una mujer alegre, entregada a su familia, amorosa y consentidora de sus nietos, pero con el carácter necesario para fijar su posición si algo no le gustaba. Fue devota de la Virgen hasta en los momentos más difíciles de su vida.
La búsqueda
Desde el momento en que un vecino de La Calera se comunicó con la familia Angulo Castañeda la noche del 19 de abril de 2000 para avisarles que hombres con fusiles se los habían llevado en el Daihatsu de propiedad del matrimonio con rumbo a la cordillera oriental, la familia no ha dejado de buscar a ‘los abuelos’, como cariñosamente les dicen. 17 días después supieron que habían sido secuestrados por el Bloque Oriental y que por su liberación se exigía $800 millones de pesos.
La familia se convirtió en el primer caso de víctimas de las Farc que acompañó la CCJ . Por 20 años los ha representado ante la jurisdicción ordinaria, Justicia y Paz y ahora ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-, instancia ante la que los Angulo Castañeda esperan que las Farc identifiquen a todos los actores que participaron en el secuestro y la muerte de sus padres.
Daniel Vargas, coordinador del equipo de Acompañamiento y Representación Común ante la JEP de la CCJ y abogado de este caso, recuerda que antes de 2016 no hubo ningún avance de búsqueda ante instituciones como la Fiscalía: “Don Héctor hizo mil y una búsqueda. Se metió a los campamentos a hablar con los comandantes guerrilleros, preguntaba por todo lado, se puso en riesgo muchas veces por encontrar a sus padres, pero no pasó nada”.
Desde 2007, el equipo de Equitas participó en el proceso de búsqueda y acompañó algunas de las diez visitas previas que Helmuth Angulo hizo a la zona donde exguerrilleros y algunos campesinos le dijeron que podrían encontrarse enterrados los cuerpos de sus padres.
Los últimos 15 días de octubre de 2021, un polígono de 11.033 metros cuadrados, dividido en 22 cuadrantes y ubicado en zona montañosa del municipio de San Juanito (Meta), fue escenario de la acción humanitaria para recuperar los cuerpos de esta pareja de esposos.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas
Lo que hace algunos años fue un escenario de miedo, desplazamiento y abandono forzado, hoy es ejemplo de resiliencia, productividad y esperanza. La familia de Juan María Torres y Audita Acosta, víctimas del conflicto armado en San Juanito (Meta), logró consolidar con éxito su proyecto productivo de fríjol gracias al acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Según la sentencia emitida en favor de esta familia por la justicia especializada, los esposos habitaron durante décadas el predio ‘Buena Vista’, ubicado en la vereda El Carmen. Sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales, los constantes enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y la Fuerza Pública, así como las amenazas de reclutamiento forzado contra sus hijos, los obligaron a abandonar su tierra y desplazarse en el año 2004.
Tras el proceso de restitución, la URT garantizó la reparación integral de esta familia campesina mediante la implementación de un proyecto productivo de fríjol, con una inversión equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, recursos que permitieron fortalecer la producción agrícola, realizar adecuaciones en el predio y mejorar sus condiciones de trabajo.
La intervención también incluyó acciones de seguridad alimentaria, mediante la entrega de gallinas ponedoras, apoyo para la producción de maíz, el fortalecimiento de la cría de cerdos, cultivos de granadilla y la adecuación de una bodega para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.
Uno de los logros más significativos para la familia fue la entrega de una vivienda rural digna en el predio restituido, permitiéndoles regresar de manera definitiva a su tierra y reconstruir su proyecto de vida en condiciones adecuadas y seguras.
Actualmente, Juan y Audita continúan desarrollando sus actividades agrícolas y pecuarias, con cultivos de maíz y fríjol, además de la producción porcina. Su visión de futuro apunta ahora a diversificar su actividad económica mediante la siembra de sagú y la adquisición de una máquina para su procesamiento, iniciativa con la que buscan generar nuevos ingresos y fortalecer su emprendimiento rural.
El director territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, Robert Gabriel Barreto Lara, destacó este caso como un ejemplo del impacto transformador de la política pública de restitución: “nos llena de orgullo ver cómo las familias restituidas convierten las oportunidades en proyectos de vida sostenibles. Este caso demuestra que la restitución va mucho más allá de devolver la tierra; significa generar condiciones reales para que las víctimas permanezcan en el territorio, produzcan, mejoren su calidad de vida y construyan futuro con dignidad”.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
