META
Entregan restos de mujer desaparecida en el Meta hace 22 años
Familiares de Carmenza de Angulo, secuestrada por la guerrilla hace 22 años, agradecieron el trabajo que permitió la búsqueda de su madre y abuela y aseguraron que no desistirán de hallar también a su padre Gerardo Angulo y conocer la verdad sobre el cautiverio de ‘los abuelos’.
Carmenza Castañeda de Angulo, descansa en paz en el lugar escogido por sus cinco hijos y veinte nietos, 22 años después de que fuera secuestrada junto con su esposo Gerardo, para después ser entregados al Bloque Oriental de las entonces Farc-EP. Ambos tenían 68 años en el momento del secuestro y desaparición.
Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, esta ceremonia de entrega digna representa un avance significativo del trabajo humanitario y extrajudicial que adelanta la entidad en compañía de familiares y organizaciones de la sociedad civil, para buscar a las personas desaparecidas en razón del conflicto armado.
Durante todos estos años la familia de la señora Carmenza y del señor Gerardo, quien todavía permanece desaparecido, fue a todos los lugares buscando saber cuál fue la suerte de sus padres y no había logrado encontrarlos. En una acción humanitaria fue recuperada doña Carmenza, y se pudo identificar plenamente a través del apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para entregarla a su familia.
La Unidad de Búsqueda se compromete a seguir buscando a las personas desaparecidas, entre ellas al señor Gerardo Angulo, para ayudar a las familias a cesar ese sufrimiento.
La búsqueda de los esposos Angulo Castañeda, en la que participaron la familia, la UBPD, la CCJ y Equitas, con el apoyo de firmantes del Acuerdo, la Comisión de Búsqueda de las Farc -ahora Corporación Reencuentros- y la comunidad de San Juanito, hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Meta, que tiene cobertura en 26 de los 29 municipios del departamento y un universo inicial de 7.110 personas desaparecidas en circunstancias relacionadas con desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito de menores y participación en las hostilidades.
Familia, rosas y tejidos
Doña Carmenza nació en Manta, Cundinamarca. Tenía 18 años cuando se casó con Gerardo Angulo Grandas el 26 de agosto de 1950. El año en que fueron secuestrados cumplieron sus bodas de oro. ‘Lala’, como la llamaban en su casa, era para sus seres queridos sinónimo de magia, lucha, cariño, amor y cuidado. La recuerdan como una mujer alegre, entregada a su familia, amorosa y consentidora de sus nietos, pero con el carácter necesario para fijar su posición si algo no le gustaba. Fue devota de la Virgen hasta en los momentos más difíciles de su vida.
La búsqueda
Desde el momento en que un vecino de La Calera se comunicó con la familia Angulo Castañeda la noche del 19 de abril de 2000 para avisarles que hombres con fusiles se los habían llevado en el Daihatsu de propiedad del matrimonio con rumbo a la cordillera oriental, la familia no ha dejado de buscar a ‘los abuelos’, como cariñosamente les dicen. 17 días después supieron que habían sido secuestrados por el Bloque Oriental y que por su liberación se exigía $800 millones de pesos.
La familia se convirtió en el primer caso de víctimas de las Farc que acompañó la CCJ . Por 20 años los ha representado ante la jurisdicción ordinaria, Justicia y Paz y ahora ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-, instancia ante la que los Angulo Castañeda esperan que las Farc identifiquen a todos los actores que participaron en el secuestro y la muerte de sus padres.
Daniel Vargas, coordinador del equipo de Acompañamiento y Representación Común ante la JEP de la CCJ y abogado de este caso, recuerda que antes de 2016 no hubo ningún avance de búsqueda ante instituciones como la Fiscalía: “Don Héctor hizo mil y una búsqueda. Se metió a los campamentos a hablar con los comandantes guerrilleros, preguntaba por todo lado, se puso en riesgo muchas veces por encontrar a sus padres, pero no pasó nada”.
Desde 2007, el equipo de Equitas participó en el proceso de búsqueda y acompañó algunas de las diez visitas previas que Helmuth Angulo hizo a la zona donde exguerrilleros y algunos campesinos le dijeron que podrían encontrarse enterrados los cuerpos de sus padres.
Los últimos 15 días de octubre de 2021, un polígono de 11.033 metros cuadrados, dividido en 22 cuadrantes y ubicado en zona montañosa del municipio de San Juanito (Meta), fue escenario de la acción humanitaria para recuperar los cuerpos de esta pareja de esposos.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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