META
Entregan restos de mujer desaparecida en el Meta hace 22 años
Familiares de Carmenza de Angulo, secuestrada por la guerrilla hace 22 años, agradecieron el trabajo que permitió la búsqueda de su madre y abuela y aseguraron que no desistirán de hallar también a su padre Gerardo Angulo y conocer la verdad sobre el cautiverio de ‘los abuelos’.
Carmenza Castañeda de Angulo, descansa en paz en el lugar escogido por sus cinco hijos y veinte nietos, 22 años después de que fuera secuestrada junto con su esposo Gerardo, para después ser entregados al Bloque Oriental de las entonces Farc-EP. Ambos tenían 68 años en el momento del secuestro y desaparición.
Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, esta ceremonia de entrega digna representa un avance significativo del trabajo humanitario y extrajudicial que adelanta la entidad en compañía de familiares y organizaciones de la sociedad civil, para buscar a las personas desaparecidas en razón del conflicto armado.
Durante todos estos años la familia de la señora Carmenza y del señor Gerardo, quien todavía permanece desaparecido, fue a todos los lugares buscando saber cuál fue la suerte de sus padres y no había logrado encontrarlos. En una acción humanitaria fue recuperada doña Carmenza, y se pudo identificar plenamente a través del apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para entregarla a su familia.
La Unidad de Búsqueda se compromete a seguir buscando a las personas desaparecidas, entre ellas al señor Gerardo Angulo, para ayudar a las familias a cesar ese sufrimiento.
La búsqueda de los esposos Angulo Castañeda, en la que participaron la familia, la UBPD, la CCJ y Equitas, con el apoyo de firmantes del Acuerdo, la Comisión de Búsqueda de las Farc -ahora Corporación Reencuentros- y la comunidad de San Juanito, hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Meta, que tiene cobertura en 26 de los 29 municipios del departamento y un universo inicial de 7.110 personas desaparecidas en circunstancias relacionadas con desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito de menores y participación en las hostilidades.
Familia, rosas y tejidos
Doña Carmenza nació en Manta, Cundinamarca. Tenía 18 años cuando se casó con Gerardo Angulo Grandas el 26 de agosto de 1950. El año en que fueron secuestrados cumplieron sus bodas de oro. ‘Lala’, como la llamaban en su casa, era para sus seres queridos sinónimo de magia, lucha, cariño, amor y cuidado. La recuerdan como una mujer alegre, entregada a su familia, amorosa y consentidora de sus nietos, pero con el carácter necesario para fijar su posición si algo no le gustaba. Fue devota de la Virgen hasta en los momentos más difíciles de su vida.
La búsqueda
Desde el momento en que un vecino de La Calera se comunicó con la familia Angulo Castañeda la noche del 19 de abril de 2000 para avisarles que hombres con fusiles se los habían llevado en el Daihatsu de propiedad del matrimonio con rumbo a la cordillera oriental, la familia no ha dejado de buscar a ‘los abuelos’, como cariñosamente les dicen. 17 días después supieron que habían sido secuestrados por el Bloque Oriental y que por su liberación se exigía $800 millones de pesos.
La familia se convirtió en el primer caso de víctimas de las Farc que acompañó la CCJ . Por 20 años los ha representado ante la jurisdicción ordinaria, Justicia y Paz y ahora ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-, instancia ante la que los Angulo Castañeda esperan que las Farc identifiquen a todos los actores que participaron en el secuestro y la muerte de sus padres.
Daniel Vargas, coordinador del equipo de Acompañamiento y Representación Común ante la JEP de la CCJ y abogado de este caso, recuerda que antes de 2016 no hubo ningún avance de búsqueda ante instituciones como la Fiscalía: “Don Héctor hizo mil y una búsqueda. Se metió a los campamentos a hablar con los comandantes guerrilleros, preguntaba por todo lado, se puso en riesgo muchas veces por encontrar a sus padres, pero no pasó nada”.
Desde 2007, el equipo de Equitas participó en el proceso de búsqueda y acompañó algunas de las diez visitas previas que Helmuth Angulo hizo a la zona donde exguerrilleros y algunos campesinos le dijeron que podrían encontrarse enterrados los cuerpos de sus padres.
Los últimos 15 días de octubre de 2021, un polígono de 11.033 metros cuadrados, dividido en 22 cuadrantes y ubicado en zona montañosa del municipio de San Juanito (Meta), fue escenario de la acción humanitaria para recuperar los cuerpos de esta pareja de esposos.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
