CASANARE
Entre 11 mil y 16 mil millones de pesos costaría ampliación del Relleno Sanitario de Yopal
Tanto la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo como Acuatodos tienen estudios para tal fin.
El Tribunal Administrativo de Casanare realizó una nueva Audiencia para evaluar los avances de la eventual ampliación del Relleno Sanitario “El Cascajar” de la ciudad de Yopal, donde se analizó con todos los actores implicados las acciones desarrolladas por cada uno de ellos.
El Magistrado Néstor Trujillo González, quien presidió la Audiencia, señaló que según los cálculos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en el Relleno Sanitario se podrían disponer basuras hasta el mes de enero de 2018, situación que podría tener un leve alivio, si el municipio de Aguazul logra poner en funcionamiento su Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos este año.
Según Trujillo González, todo lo demás está sujeto a que se logre financiar un proyecto cuya etapa inicial puede estar por el orden de los 5 mil millones de pesos, y el proyecto completo entre 11 y 16 mil millones, para lo cual la Gobernación de Casanare ofreció la mitad de lo que cueste el proyecto, la Alcaldía de Yopal colocaría mil millones de pesos, y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal aportaría alrededor de 200 millones. El resto habría que conseguirlo con la Nación, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
“De no lograrse financiar a tiempo las obras que toman varios meses para que esté lista una nueva trinchera, en algún momento entre enero y febrero de 2018 habrá una grave crisis sanitaria en Yopal y en general en Casanare, y los municipios tendrán que ver a dónde llevan los residuos sin cobrarle sus ineficiencias a los usuarios”, sentenció el Magistrado Trujillo González.
Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Casanare otorgó un plazo perentorio de dos meses a todos los actores involucrados en el tema, para que presenten un Plan de Trabajo de Emergencia, para en caso de que no se pueda ampliar el Relleno Sanitario. “Si Cascajar se amplía no hay crisis”.
Durante la Audiencia se evidenció que existen dos estudios para la ampliación del Relleno Sanitario, uno elaborado por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal que señala que la ampliación completa estaría por el orden de los once mil millones de pesos; y el otro elaborado por Acuatodos con la Sociedad de Ingenieros de Casanare con unas obras adicionales y servicios complementarios, que indica que la ampliación total tendría un costo de dieciséis mil millones.
El Magistrado Trujillo González fue enfático en conminar a los actores involucrados en la solución de esta problemática, para que busquen las soluciones más expeditas y las ejecuten de manera perentoria, para que en el mes de enero de 2018 esté lista la ampliación del Relleno Sanitario, so pena de incurrir en gastos de recursos propios para disponer los residuos sólidos en otro sitio.
“Tendrán que buscar a dónde llevar los residuos sólidos porque no se va a permitir que los dejen en el Parque de Yopal. Ello impone obligatoriamente que los administradores diriman los desacuerdos que tengan y a más tardar en el mes de agosto se abra el proceso para contratar las obras civiles de ampliación del Relleno. Como adelantar un proceso contractual no se hace en dos días, significa que la Plata tiene que estar lista a más tardar en el mes de Julio, y hace falta el 40%, luego de marzo a julio las autoridades tienen que conseguir entre 11 mil y 16 mil millones según el proyecto que finalmente adopten, estar listas para contratar en agosto, ejecutar obras de septiembre a diciembre, y si eso no se cumple contratar rellenos de otros lugares del departamento o del país para llevar los residuos sin cobrarle a los usuarios la falta de planeación y la ineficiencia de la Administración durante todos estos años”, explicó el Magistrado Néstor Trujillo González.
Fuente:El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
