CASANARE
En Yopal se adelantará audiencia pública de reconocimiento por ´falsos positivos´
La JEP citó para el 18 y 19 de septiembre, en Yopal, la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Casanare – Caso 03. En la diligencia judicial, 21 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles imputados por ‘falsos positivos’ aceptarán responsabilidad por participar en la ejecución de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Durante la audiencia, que se da en el marco de una de las investigaciones que realiza la Sala de Reconocimiento de Verdad en seis zonas priorizadas en el Caso 03, los 24 responsables reconocerán los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados. Además, se referirán a los daños causados a las víctimas, así como a la organización criminal que se implantó en la Brigada XVI entre 2005 y 2008.
Entre los comparecientes convocados a la audiencia pública, en calidad de autores mediatos, están el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. La JEP concluyó que ellos participaron en el asesinato de 303 personas, en 218 eventos ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.
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Así mismo, han sido citados a la diligencia judicial: César Augusto Cómbita Eslava, Jorge Eduwin Gordillo Benítez, Wilfrido Domínguez Márquez, Gildardo Antonio Jiménez Castrillón, Wilson Camargo Tamayo, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Edwin Leonardo Toro Ramírez, Jhon Alexander Suancha Florián, Gélver Pérez García, Marcolino Puerto Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Miguel Andrés Sierra García, Erwin Eduardo Duarte Rojas, Leandro Eliécer Moná Cano, Alexander González Almario, Wilson Salvador Burgos Jiménez, Wilson Rodríguez Mimisica, Miguel Fernando Ramírez, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Faiber Alberto Amaya Ruiz y Orlando Rivas Tovar.
A todos ellos, la Sala de Reconocimiento les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Y, a algunos, los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
La Audiencia de Reconocimiento de Verdad es una oportunidad para contribuir a la satisfacción y dignificación de las víctimas. Como parte de la diligencia judicial, los 22 máximos responsables y dos partícipes no determinantes deberán pasar del reconocimiento escrito que ya entregaron a la magistratura de la JEP, a un reconocimiento público de las atrocidades ante la justicia, las víctimas y la sociedad.
Los efectos restauradores de este reconocimiento público pueden significar la oportunidad más directa que tienen los responsables de atender las demandas de responsabilidad y de verdad de las víctimas. Entre otras cosas, los imputados deberán aportar verdad detallada sobre hechos individuales en los términos de su participación en el plan criminal y, además, nombrar y aceptar los daños causados.
Durante siete meses, un grupo de expertos profesionales de la JEP ha trabajado en la preparación de esta audiencia pública, tanto con víctimas como con comparecientes. Este es un proceso que conduce a lograr que la diligencia permita públicamente sellar un compromiso de futuro entre quienes sufrieron el daño, quienes lo causaron y la sociedad en general, para restablecer el tejido social fracturado por los graves crímenes.
A la fecha, se han realizado tres encuentros preparatorios restaurativos con víctimas en la ciudad de Yopal, seis reuniones de concertación con representantes de víctimas, dos reuniones virtuales con representantes de comparecientes, cuatro encuentros preparatorios restaurativos con comparecientes y un encuentro preparatorio individual de nivelación con el último imputado.
De los 26 imputados por los crímenes cometidos en Casanare, dos oficiales no aceptaron responsabilidad y serán investigados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
En la mañana de este lunes festivo, sobre las 06:40 horas, fue hallado el cuerpo sin vida de Gloria Maritza Jiménez, de 45 años, sumergido en un caño que pasa por la parte trasera de unas viviendas en el barrio La Floresta de Monterrey.
De acuerdo con el relato del padrastro de la víctima, desde hace dos días se desconocía su paradero. Al llegar a la vivienda observó el cuerpo en el caudal. En el lugar, el camino improvisado para ingresar por la parte trasera de la casa tiene una altura aproximada de 6 metros hasta el caño.
Según información preliminar, Jiménez el sábado, día del partido, se encontraba en estado de embriaguez y fue vista por última vez esa noche por su hermana.
Personal policial realizó los actos urgentes y, en la inspección inicial, no halló signos de violencia en el cuerpo. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del deceso.
En una operación coordinada en el terminal de transporte del municipio de Paz de Ariporo, unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJÍN, junto al Ejército Nacional, incautaron cinco costales que contenían 475 buzos militares tipo híbrido. El procedimiento se registró este lunes 29 de junio de 2026.
Según las autoridades, el material de intendencia provenía de la ciudad de Bogotá y tenía como destino el departamento de Arauca. Las investigaciones preliminares señalan que estos elementos estarían dirigidos a grupos armados organizados al margen de la ley que delinquen en la zona limítrofe entre Casanare y Arauca.
Las autoridades identificaron como posibles destinatarios al ELN y al Frente 28 de las FARC. El material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con las diligencias judiciales.
El caso fue vinculado a una noticia criminal matriz que se adelanta en contra de estas estructuras armadas por su accionar delictivo en la región fronteriza de los dos departamentos.
El gobernador César Ortiz Zorro llevó a cabo un recorrido por el municipio de Chámeza, para verificar el progreso de diversos proyectos de infraestructura. Durante la inspección, el mandatario constató un buen avance y la calidad de las obras que se ejecutan para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Acompañado por el alcalde Bernardo Pérez, el gobernador supervisó de cerca la construcción de la vía Chámeza río Upía hasta los límites con Páez, Boyacá, así como el Plan Centro del municipio. También se hizo seguimiento a la adecuación del puesto de salud de la cabecera municipal y a la implementación de tres Puestos de Atención Primaria en Salud en las veredas Jordán Bajo, Barriales y Guruvita.
Vivienda, Casa de la Cultura y Puentes
La agenda incluyó la revisión de proyectos de vivienda rural, la Casa de la Cultura, y la construcción por autoconstrucción de dos puentes en las veredas Mundo Viejo y Brisas del Tonce. Además, se verificó el avance en la instalación de fibra óptica y zonas WiFi tanto en el área urbana como rural, y el mejoramiento de vías rurales.
El gobernador Zorro recordó que en Chámeza ya han sido entregados dos puentes importantes, uno sobre la quebrada Caracoleña y otro sobre la quebrada Tegüitana. “No paramos, seguimos supervisando de primera mano las obras que dignifican y promueven el desarrollo de nuestro pueblo”, afirmó el gobernador, destacando que las obras muestran una buena etapa de ejecución y cumplen con los estándares de calidad.
Los proyectos que actualmente se desarrollan en Chámeza abarcan diversas áreas fundamentales para el municipio, incluyendo infraestructura vial, conectividad, turismo, salud, cultura y vivienda. Estas intervenciones se realizan tanto en la cabecera municipal como en varias veredas, llevando la inversión y el desarrollo a diferentes sectores de la comunidad.
