ARAUCA
En lo corrido de 2022, cada día se han desplazado 38 personas por violencia en Arauca
En el marco del seguimiento a la grave crisis humanitaria que se vive en el departamento Arauca desde el pasado 2 de enero, por la confrontación entre grupos armados ilegales, la Defensoría del Pueblo vuelve a advertir sobre el fenómeno de desplazamiento forzado y la situación de zozobra que se vive en esa zona del país.
En el departamento ya son 146 los homicidios que se han reportado en lo corrido del año, de los cuales 5 eran líderes sociales, lo que mantiene a los habitantes en medio del temor y la zozobra por los enfrentamientos de los grupos armados ilegales.
La Defensoría evidenció que desde el 13 de marzo se ha agudizado la vulneración de derechos humanos en las comunidades de Arauca en medio de las confrontaciones entre el Eln y facciones disidentes de las Farc, que han manteniendo en confinamiento, amenaza y riesgo de desplazamiento a los habitantes de 14 veredas de Puerto Rondón, 17 en Tame, 15 en Arauquita y 9 en el municipio de Arauca.
Carlos Camargo advirtió que el riesgo para la población civil sigue siendo alto y pidió seguir las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas que siguen vigentes en el departamento: 081 de 2018 para el municipio de Arauca; 029 de 2019 para Arauquita, Saravena, Fortul y Tame; 06 de 2021 para la zona urbana y de Arauca y 023 de 2021 para los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón.
“En lo que va corrido de ese año hemos enviado 4 oficios de consumación de esos riesgos a la CIPRAT, con el fin de que se oriente a las autoridades competentes para que se tomen medidas eficaces que puedan contrarrestar, mitigar y superar los riesgos y amenazas que realizan los grupos al margen de la ley, en contra de la población focalizada”, dijo el Defensor del Pueblo.
Finalmente, reiteró su llamado a los actores armados ilegales a dejar por fuera del conflicto a la población civil y a permitir el acceso a misiones humanitarias en el territorio pues siguen existiendo amenazas en contra de líderes sociales y de la comunidad en general por retenciones y desapariciones. De la misma forma a las autoridades locales a diseñar planes de acción para atender a las comunidades confinadas y desplazadas, pero además a incrementar la presencia de la Fuerza Pública.
Fuente: Defensoría del Pueblo
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
