CASANARE
Denuncian crisis energética y sanitaria en Palacio de Justicia de Yopal
Magistrados y jueces están laborando sin garantías suficientes
En un documento radicado ante Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Yopal exigieron solución a las problemáticas que están afrontando en el palacio de justicia de este municipio. Los cortes intermitentes de luz y el racionamiento de agua están afectando el desempeño de los magistrados, jueces y demás personal que labora en la rama judicial municipal y departamental.
El problema eléctrico inició el pasado 9 de mayo cuando un fuerte aguacero ocasionó daños en el transformador y la planta de energía internas en el palacio de justicia, ante esta situación la entidad se vio en la obligación de poner en funcionamiento una planta que funciona con combustible como solución temporal, sin embargo, después de varios días de uso de la herramienta que consume a diario 35 galones de ACPM, esta misma ha mostrado señales que en cualquier momento puede colapsar debido a la demanda eléctrica de los juzgados y tribunales.
Aunque la planta que trabaja con combustible sirve para encender algunos equipos, no alcanza a destinar el consumo energético que requiere los aires acondicionados, por tal razón los jueces y magistrados se han visto en la obligación de llevar a cabo audiencias sin la respectiva toga, por las altas temperaturas que caracterizan a la capital del Casanare.
A la problemática energética se le suma la crisis sanitaria por falta de agua, en ese sentido el documento radicado expresó, “por cuanto se trata de un edificio construido hace más de 10 años y que se puso en funcionamiento hace 2 años y medio aproximadamente y a partir de la fecha de inauguración el suministro de agua potable ha sido discontinuo para las instalaciones sanitarias y desde comienzo de la anualidad, la situación se ha agudizado, porque por lo general 3 días a la semana pasamos sin servicios sanitarios”.
Estas problemáticas sumadas a la sobrecarga laboral de los funcionarios judiciales, hacen que las condiciones de trabajo no sean óptimas para el desarrollo de las funciones y por tal razón, emitieron a voz de alerta ante un posible colapso de la rama judicial en el departamento de Casanare.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
