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Defensoría rechaza amenazas en contra de firmantes del Acuerdo de Paz en Mesetas

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La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas que se hicieron en contra de hombres y mujeres firmantes del Acuerdo de Paz que le dieron la espalda a la violencia y se acogieron al Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) ‘Mariana Páez’, en el municipio de Mesetas (Meta).

Se trata de 200 familias, 86 mujeres cabeza de familia y 80 niños, entre los que hay personas con discapacidad y adultos mayores, que fueron amenazadas con ser asesinadas si no se van en un mes de la zona que se convirtió en su hogar. Para la Entidad, es urgente que sean protegidos y se mantengan de forma segura con sus proyectos de vida en sociedad.

Ante el comunicado en el que las personas reincorporadas denunciaron que debían “… abandonar la tierra que nos acogió en la transición, nuestro Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que cariñosamente llamamos ‘Mariana Páez’” la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional del Meta y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, se encuentran en el territorio y buscarán la actuación de las autoridades, locales y nacionales, para la activación de los mecanismos de alerta y respuesta rápida.

La entidad también ofreció su respaldo para que se lleven a cabo las acciones dirigidas a mitigar el riesgo que enfrentan y se respeten sus derechos, e hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección, para que ordene el reforzamiento de las medidas de protección de esa población, procurando los recursos que sean necesarios para la implementación de medidas técnicamente recomendadas y atendiendo la especial vulnerabilidad de las y los excombatientes, con enfoque de género y diferencial.

Asimismo, en su intervención durante la Asamblea Anual de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri), realizada en Ginebra (Suiza), el Defensor del Pueblo calificó como “un ataque a la médula del proceso de paz y su implementación”, las amenazas y acciones violentas en contra de las personas en proceso de reincorporación.

Para la Defensoría del Pueblo, la orden de abandonar el ETCR implica la vulneración de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad personal de la población y transgrede abiertamente el respeto a los derechos humanos y los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.

El desplazamiento forzado de quienes viven en la ETCR causaría el abandono de los proyectos productivos que emprenden las y los firmantes desde hace seis años a través de formas asociativas, y les resta posibilidades en su proceso de reinserción social y normalización de sus economías.

Para los menores de edad, implica la interrupción de sus ciclos escolares y para el colectivo, enfrentar de nuevo la incertidumbre del desarraigo, sumado a la estigmatización que se mantiene en grupos de la población que aún perciben con recelo los términos del Acuerdo de Paz.

La Entidad de nuevo conmina a los actores del conflicto a que sus acciones sean consecuentes con el propósito y los objetivos de la Paz Total y de lo pactado en el Acuerdo de Paz; que dejen de lado a la población civil y mucho más si se trata de Personas en Proceso de Reincorporación (PPR) que buscan nuevos inicios personales, familiares y económicos.

Fuente: Defensoría del Pueblo

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Ya se habían separado por violencia intrafamiliar, ahora se fue a la cárcel por feminicidio

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A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos  la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.

El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.

Fuente: El Diario del Llano

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A partir de hoy se habilitará paso por la variante construida en el kilómetro 18 de la vía al Llano

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Desde este lunes 15 de septiembre quedara habilitada de manera gradual y alternada en ambos sentidos, la variante del K18+000 de la vía al Llano, afectado por un gran derrumbe desde hace varios días.

El tramo, de 680 metros de longitud, fue rehabilitado con pavimento y señalización y permitirá el paso controlado de vehículos de hasta 52 toneladas. Para cargas extradimensionadas se autoriza un ancho máximo de 4 metros y una longitud de hasta 21 metros.

Con esta medida se da inicio a la fase 0 del PMT, que tiene como objetivo evacuar los vehículos represados en Abastos, El Uval y el Anillo Vial de Villavicencio, normalizando paulatinamente la movilidad en el sector.

Las autoridades recomiendan a los conductores seguir las indicaciones del personal en vía y conducir con precaución, ya que el paso será alternado y controlado para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Fuente: El Diario del Llano

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Volvieron a la tierra abandonada por la violencia y la están haciendo producir

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Tras años de desarraigo a causa del conflicto armado, Maricela Vera y sus hijos iniciaron una nueva vida productiva en el predio ‘Lucitania’, de 8,4 hectáreas, ubicado en la vereda San Pedro del municipio de El Dorado, en el Meta.

Los integrantes de esta familia fueron víctimas de hechos violentos que los obligaron a abandonar su tierra. Sin embargo, en 2022, el Tribunal Superior de Bogotá profirió una sentencia en que los reconoció como beneficiarios de restitución. En ella ordenó la formalización del predio, así como la implementación de proyectos productivos que garanticen su estabilidad económica y el restablecimiento de sus derechos.

Cumpliendo el fallo

En cumplimiento del fallo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) les otorgó un subsidio equivalente a 40 salarios mínimos legales vigentes, con los cuales se puso en marcha un proyecto agroforestal. Allí se sembró una hectárea de aguacate y una de limón Tahití, acompañadas de plátano como sombrío transitorio y maderable de cacao y chontaduro. Así mismo, se busca el fortalecimiento de prácticas sostenibles a través del cultivo de lombriz roja californiana. Además, se adquirieron abonos, insumos, material vegetal y cercas.

Recientemente, la entidad realizó el último desembolso para el componente de seguridad alimentaria, que incluyó la entrega de 100 gallinas ponedoras y alimento balanceado, garantizando una fuente de ingresos y nutrición para la familia.

“Desde el Gobierno del Cambio, con dignidad cumplimos y acompañamos a esta familia no solo en el acceso a la tierra, sino en su estabilización económica. En este caso, el subsidio que les entregamos permitió implementar un proyecto agroforestal integral y sostenible, con el que fortalecemos su autosuficiencia”, explicó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta.

Con emoción, Maricela Vera, acudió al Banco Agrario para recibir por parte de profesionales de la Unidad el desembolso de los recursos. Allí destacó: “es una oportunidad para salir adelante”. Por su parte, su hijo Jhon Ibarra dijo: “para nosotros es comenzar de nuevo; volver al campo es un renacer. Estamos muy agradecidos, nosotros queremos trabajar la tierra y hacerla producir”.

De esta manera, la URT cumple con lo ordenado en la sentencia judicial y reafirma su compromiso con las víctimas en el Meta, impulsando proyectos productivos que devuelven no solo la tierra, sino la esperanza de una vida digna y sostenible.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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