META
Defensoría rechaza amenazas en contra de firmantes del Acuerdo de Paz en Mesetas
La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas que se hicieron en contra de hombres y mujeres firmantes del Acuerdo de Paz que le dieron la espalda a la violencia y se acogieron al Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) ‘Mariana Páez’, en el municipio de Mesetas (Meta).
Se trata de 200 familias, 86 mujeres cabeza de familia y 80 niños, entre los que hay personas con discapacidad y adultos mayores, que fueron amenazadas con ser asesinadas si no se van en un mes de la zona que se convirtió en su hogar. Para la Entidad, es urgente que sean protegidos y se mantengan de forma segura con sus proyectos de vida en sociedad.
Ante el comunicado en el que las personas reincorporadas denunciaron que debían “… abandonar la tierra que nos acogió en la transición, nuestro Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que cariñosamente llamamos ‘Mariana Páez’” la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional del Meta y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, se encuentran en el territorio y buscarán la actuación de las autoridades, locales y nacionales, para la activación de los mecanismos de alerta y respuesta rápida.
La entidad también ofreció su respaldo para que se lleven a cabo las acciones dirigidas a mitigar el riesgo que enfrentan y se respeten sus derechos, e hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección, para que ordene el reforzamiento de las medidas de protección de esa población, procurando los recursos que sean necesarios para la implementación de medidas técnicamente recomendadas y atendiendo la especial vulnerabilidad de las y los excombatientes, con enfoque de género y diferencial.
Asimismo, en su intervención durante la Asamblea Anual de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri), realizada en Ginebra (Suiza), el Defensor del Pueblo calificó como “un ataque a la médula del proceso de paz y su implementación”, las amenazas y acciones violentas en contra de las personas en proceso de reincorporación.
Para la Defensoría del Pueblo, la orden de abandonar el ETCR implica la vulneración de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad personal de la población y transgrede abiertamente el respeto a los derechos humanos y los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.
El desplazamiento forzado de quienes viven en la ETCR causaría el abandono de los proyectos productivos que emprenden las y los firmantes desde hace seis años a través de formas asociativas, y les resta posibilidades en su proceso de reinserción social y normalización de sus economías.
Para los menores de edad, implica la interrupción de sus ciclos escolares y para el colectivo, enfrentar de nuevo la incertidumbre del desarraigo, sumado a la estigmatización que se mantiene en grupos de la población que aún perciben con recelo los términos del Acuerdo de Paz.
La Entidad de nuevo conmina a los actores del conflicto a que sus acciones sean consecuentes con el propósito y los objetivos de la Paz Total y de lo pactado en el Acuerdo de Paz; que dejen de lado a la población civil y mucho más si se trata de Personas en Proceso de Reincorporación (PPR) que buscan nuevos inicios personales, familiares y económicos.
Fuente: Defensoría del Pueblo
El Instituto Nacional de Salud confirmó la presencia del virus de fiebre amarilla en un mono aullador (Alouatta seniculus) encontrado muerto el pasado 5 de mayo en una zona hídrica entre las veredas La Llanerita y Apiay, cerca de la vía a Puerto López, en el departamento del Meta.
El hallazgo se produjo tras el reporte de un transeúnte, lo que permitió a profesionales de Cormacarena atender el caso y trasladar el ejemplar al laboratorio de patología de la Universidad de los Llanos.
Aunque los análisis confirmaron la infección por fiebre amarilla, las autoridades establecieron que la causa de la muerte fueron las heridas físicas que presentaba el animal, especialmente en la cabeza y el rostro. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Departamental de Salud Pública del Meta, que coordinó el estudio junto al Instituto Nacional de Salud.
Cormacarena, junto con las secretarías de Salud del Meta y Villavicencio, reiteró que los primates no transmiten directamente la fiebre amarilla a los humanos. Estos animales son considerados centinelas, es decir, alertan sobre la presencia del virus en el entorno, lo que permite a las autoridades activar medidas de vigilancia y prevención.
En respuesta al caso, las autoridades sanitarias instaron a la comunidad a vacunarse contra la fiebre amarilla, usar toldillos, eliminar criaderos de mosquitos y evitar el contacto con fauna silvestre. También se habilitó la Línea de Atención de Fauna Silvestre (321 482 0327) para reportar primates enfermos o muertos.
Se recordo una vez más, que la vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita y se recomienda para todos, sin importar su estado de afiliación al sistema de salud. Se recomienda buscar atención médica antes de vacunarse, especialmente para personas mayores de 60 años.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Luis Fernández Zabala, por su presunta responsabilidad en las exigencias económicas ilegales a un comerciante en Puerto Gaitán.
Por estos hechos, un fiscal seccional le imputó el delito de extorsión agravada, cargo que no aceptó.
De acuerdo con la investigación, el comerciante comenzó a recibir llamadas, en las cuales le exigían pagar dinero a cambio de no atentar contra su vida y sus bienes.
Debido a las presiones, la víctima alcanzó a transferir más de 43.000.000 de pesos, a través de giros a seis personas diferentes, entre ellas a Fernández Zabala, desde el 2 de febrero de 2024.
Servidores de la Policía y el Ejército Nacional capturaron al procesado en zona rural de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), en cumplimiento de una orden judicial.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Fuerza Pública habilita dos nuevos municipios en el Meta para avanzar en la restitución de tierras
Durante una reunión del Comité Operativo Local de Restitución del Meta, quedaron habilitadas dos nuevas zonas que suman 26.205 hectáreas.
Tras el aval de seguridad otorgado por la Fuerza Pública, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ahora podrá adelantar gestiones de tipo social, catastral y judicial en favor de los reclamantes, así como dar respuesta a las familias víctimas de despojo y/o abandono forzado en estos dos municipios.
Con el aval otorgado, se creará la microzona de Mesetas, sobre la vía nacional que comunica a este municipio con el de Uribe. Tendrá una extensión de 5.495 hectáreas, en las que se ubican 32 predios solicitados en restitución de tierras e incluye las veredas: Oriente, Bajo Cuncia, El Porvenir y La Barrialosa.
La segunda microzona aprobada es la del municipio de Puerto Rico, con una extensión de 20.708 hectáreas, en las que se ubican 42 solicitudes de restitución de tierras y están las veredas: Caños Negros, Caño Raya, Guacamayas, La Lindosa y El Oasis.
En desarrollo de la reunión, mandos de la Fuerza Pública analizaron las condiciones de seguridad de los municipios del Meta, definieron la continuidad de las actuaciones de la Unidad para atender solicitudes en la etapa administrativa del proceso, y garantizaron el acompañamiento para las salidas a terreno en Vista Hermosa, Mesetas, Uribe, Puerto Rico, Lejanías, Puerto Lleras, La Macarena y Puerto Gaitán.
Fuente: Comunicaciones URT
