META
Defensoría rechaza amenazas en contra de firmantes del Acuerdo de Paz en Mesetas
La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas que se hicieron en contra de hombres y mujeres firmantes del Acuerdo de Paz que le dieron la espalda a la violencia y se acogieron al Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) ‘Mariana Páez’, en el municipio de Mesetas (Meta).
Se trata de 200 familias, 86 mujeres cabeza de familia y 80 niños, entre los que hay personas con discapacidad y adultos mayores, que fueron amenazadas con ser asesinadas si no se van en un mes de la zona que se convirtió en su hogar. Para la Entidad, es urgente que sean protegidos y se mantengan de forma segura con sus proyectos de vida en sociedad.
Ante el comunicado en el que las personas reincorporadas denunciaron que debían “… abandonar la tierra que nos acogió en la transición, nuestro Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que cariñosamente llamamos ‘Mariana Páez’” la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional del Meta y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, se encuentran en el territorio y buscarán la actuación de las autoridades, locales y nacionales, para la activación de los mecanismos de alerta y respuesta rápida.
La entidad también ofreció su respaldo para que se lleven a cabo las acciones dirigidas a mitigar el riesgo que enfrentan y se respeten sus derechos, e hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección, para que ordene el reforzamiento de las medidas de protección de esa población, procurando los recursos que sean necesarios para la implementación de medidas técnicamente recomendadas y atendiendo la especial vulnerabilidad de las y los excombatientes, con enfoque de género y diferencial.
Asimismo, en su intervención durante la Asamblea Anual de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri), realizada en Ginebra (Suiza), el Defensor del Pueblo calificó como “un ataque a la médula del proceso de paz y su implementación”, las amenazas y acciones violentas en contra de las personas en proceso de reincorporación.
Para la Defensoría del Pueblo, la orden de abandonar el ETCR implica la vulneración de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad personal de la población y transgrede abiertamente el respeto a los derechos humanos y los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.
El desplazamiento forzado de quienes viven en la ETCR causaría el abandono de los proyectos productivos que emprenden las y los firmantes desde hace seis años a través de formas asociativas, y les resta posibilidades en su proceso de reinserción social y normalización de sus economías.
Para los menores de edad, implica la interrupción de sus ciclos escolares y para el colectivo, enfrentar de nuevo la incertidumbre del desarraigo, sumado a la estigmatización que se mantiene en grupos de la población que aún perciben con recelo los términos del Acuerdo de Paz.
La Entidad de nuevo conmina a los actores del conflicto a que sus acciones sean consecuentes con el propósito y los objetivos de la Paz Total y de lo pactado en el Acuerdo de Paz; que dejen de lado a la población civil y mucho más si se trata de Personas en Proceso de Reincorporación (PPR) que buscan nuevos inicios personales, familiares y económicos.
Fuente: Defensoría del Pueblo
META
Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
En el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, la Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana pertenecientes a las disidencias de las Farc, durante un operativo realizado en el eje vial Bogotá–Villavicencio.
Según el informe policial, el cargamento era transportado en un furgón que cubría la ruta desde Popayán hacia Venezuela, y fue detectado gracias a labores de inteligencia y control desplegadas por unidades de la institución.
El Director General de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. Además, el automotor utilizado para el transporte del estupefaciente fue inmovilizado.
Según las autoridades, la marihuana incautada tenía como destino final el mercado venezolano, donde sería distribuida por redes criminales asociadas a las disidencias. Con este resultado se evitó la circulación de aproximadamente 2,4 millones de dosis, representando una afectación a las finanzas ilegales por más de 773 millones de pesos.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de control en los corredores estratégicos del país, con el propósito de desarticular las estructuras narcotraficantes y reducir el impacto del crimen organizado en los territorios.
Fuente: El Diario del Llano
Por disposición de un Juez de Control de Garantías, a la cárcel fueron enviados Junior Arango Díaz y Juan Pablo Castillo Neira, señalados de disparar contra un establecimiento comercial para que sus propietarios pagaran una extorsión, en el municipio de Granada.
Un fiscal de la Seccional Meta les formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, extorsión en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de septiembre en el centro de Granada, donde, los hoy
procesados, al parecer, dispararon en varias oportunidades al local comercial. Se evidenció que los propietarios del lugar venían siendo víctimas de extorsión, por parte de supuestos integrantes de ‘ERPAC Renacer’.
Los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, en vía pública de la vereda Alto Iracá del municipio de San Martín. Se logró la incautación de una motocicleta, un revólver, panfletos extorsivos y equipos móviles.
Fuente: El Diario del Llano
