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Defensoría del Pueblo alerta por expansión del Clan del Golfo en todo el país

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La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha venido haciendo monitoreo y advertencias sobre los factores de amenaza que constituyen riesgos para la población a causa del conflicto armado en el país.

Entre el 2017 y lo que va del 2024 ha emitido 317 Alertas Tempranas (AT); en 173 de ellas, es decir, del 54% del total, ha alertado sobre la presencia y operación criminal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) en distintos lugares del territorio nacional.

La presencia, injerencia o tránsito del grupo armado entre el 2019 y el 2024 tuvo un aumento del 84%, al pasar de 213 municipios hace cinco años a 392 este año. Es una de las estructuras al margen de la ley con mayor crecimiento en Colombia.

Los departamentos con más número de Alertas Tempranas emitidas que advierten sobre las actividades delictivas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son Antioquia, con 39; Chocó, 38; Bolívar, 21; Córdoba y Meta, 17 cada uno; Nariño, Cauca y Valle del Cauca, 15 cada uno; Cesar y Cundinamarca, con 13 AT cada uno. Hoy la operación de las AGC se ha extendido a 24 de los 32 departamentos del país.

Su accionar criminal ha llevado a la Defensoría a alertar sobre la posible ocurrencia de más de 50 tipos de conductas vulneradoras de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), siendo los desplazamientos forzados masivos, confinamientos, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, masacres, desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de la población, violencia sexual, restricciones a la movilidad, entre otros hechos, los más recurrentes.

En relación con las economías ilícitas de las AGC, del total de las AT emitidas hasta la fecha, en 166 de ellas —el 92%— ha identificado al narcotráfico como una de las principales actividades asociadas a su actuar delictivo. Igualmente, en 70 AT ha identificado su operación en minería ilegal; en 66 AT, actividades relacionadas con contrabando, y en 20, con los préstamos conocidos como ‘gota a gota’.

Los hechos sistemáticos, que vulneran y violentan los derechos humanos, además de que van en contravía de lo establecido por el DIH, llevan a la Defensoría del Pueblo a solicitarles e insistirles al Gobierno Nacional y los entes competentes del orden territorial lo importante que es emprender acciones y planes de protección efectivos para las comunidades, especialmente en aquellas zonas convulsionadas por el conflicto armado, sin tener en cuenta si solamente hay presencia de las AGC o de otros grupos armados al margen de la ley. Es obligación del Estado garantizar los derechos de la población civil.

Fuente: Defensoría del Pueblo

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Un llanero asumió como nuevo presidente del Consejo de Estado

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La Sala Plena del Consejo de Estado eligió al magistrado de la Sección Quinta Luis Alberto Álvarez Parra como presidente de la Corporación para el año 2025.

Orgullo de Villavicencio

El Magistrado quien es oriundo de Villavicencio ejercerá el cargo desde el 1 de febrero de 2025 hasta el 31 de enero de 2026.

Álvarez Parra es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Público, en Derecho Contencioso Administrativo y en Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia; en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás y en Derecho Constitucional y en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre, además de ser candidato a doctor en Derecho.

Se ha desempeñado como magistrado en los tribunales administrativos de Cundinamarca y Meta; delegado departamental de Cundinamarca, Caldas, Arauca, Tolima y Meta de la Registraduría Nacional del Estado Civil; auditor general del Fondo Nacional del Ahorro; jefe de la División de Personal de la Contraloría General de la República sede Bogotá y personero municipal de Cumaral (Meta).

En la actualidad, el magistrado es el ponente del proyecto de sentencia que resolverá la demanda de nulidad electoral contra los actos administrativos que declararon a Rafaela Cortés Zambrano como gobernadora del Meta para el periodo 2024-2027.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Créditos hasta por $114 millones recibirán beneficiarios de programa del gobierno nacional contra el ‘gota a gota’

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El Gobierno Nacional oficializó el programa Economía Popular para el Cambio contra el ‘gota a gota’, para el paso del Sistema de Transferencias a un sistema de inclusión productiva, con el fin de fortalecer la economía popular, comunitaria y solidaria en todo el territorio nacional.
Se trata de una estrategia progresiva y escalonada, que aporta a la superación de la pobreza y contribuye a que miles de colombianos transiten con el impulso del Gobierno nacional y sus aliados, hacia el desarrollo de actividades productivas, como parte de la justicia social y económica, accediendo a créditos accesibles, fiables y seguros.
El convenio entre Prosperidad Social, el Fondo Nacional de Garantías y el Banco Agrario, permitirá aunar esfuerzos para facilitar las garantías de acceso a crédito asociativo, con una colocación prevista de más de $500.000 millones, a través de los sectores bancario, solidario y cooperativo.

Beneficiarios

El programa otorgará la garantía de crédito, subsidiando su costo, así como también un porcentaje del capital del crédito, si el titular -en este caso una organización productiva- logra mantener un buen comportamiento de pago.
De esta forma se apoya a miles de personas vulnerables que tradicionalmente estaban vetadas por los bancos y los sistemas financieros para acceder a capital de trabajo para sus proyectos productivos y que, por tal motivo, debían incurrir la riesgosa práctica del crédito ‘gota a gota’.
Las organizaciones productivas estarán conformadas por población sujeto de atención de la entidad, que tengan un negocio colectivo perteneciente al sector de la economía popular. El aporte de Prosperidad Social supera los 50.400 millones de pesos.
En este proceso también estarán priorizados los emprendedores que se postularon a la convocatoria de Economía Popular para el Cambio en 2024, y que no lograron cumplir requisitos.
El valor máximo de crédito asociativo será de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, aproximadamente 114 millones de pesos y subsidiará los costos de las garantías para facilitar el acceso a más de 4.000 créditos asociativos.
Este monto dependerá de la capacidad, responsabilidad y el proyecto productivo que se pretenda desarrollar en un lapso de hasta 5 años.
La duración del programa es de 24 meses inicialmente. Para acceder, en los próximos días Prosperidad Social hará convocatorias territoriales y los interesados podrán recibir toda la información a través de la página web y las direcciones regionales de la entidad.
Fuente: Prosperidad Social
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Mineducación busca sedes educativas que requieren mejoras en infraestructura física

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Continúa abierto el proceso de postulación de establecimientos y sedes educativas oficiales para hacer parte de la campaña ‘Píntalo, el Ministerio te lo colorea’.

Hasta el próximo viernes 31 de enero estará disponible el formulario para que estudiantes, docentes, directivos y padres de familia nos hagan saber de esas instituciones educativas ubicadas en zonas rurales o dispersas que no tienen las condiciones básicas y necesarias para prestar un servicio digno y de calidad.

Con este llamado se busca, desde el Ministerio de Educación, poder conocer los colegios oficiales que por sus condiciones físicas o carencia de prestación de servicios básicos o sanitarios no están garantizando las medidas mínimas o básicas para brindar el servicio educativo con dignidad para la comunidad.

Al respecto, se le recuerda a la comunidad que para postular los establecimientos educativos se deberá ingresar a la página web del Ministerio y buscar el banner de la campaña ‘Píntalo, el Ministerio te lo colorea’. Allí se solicitará el nombre de la institución, su ubicación, datos de contacto de quien hace la postulación y un registro en fotografía y video de máximo tres espacios físicos que requieren una intervención urgente, bien sea por deterioro o por inexistencia, para mejorar sus condiciones.

Una vez cerrada la etapa de postulación, desde la Entidad se adelantará el proceso de revisión y selección de aquellas que se priorizarán, teniendo en cuenta criterios como la carencia o ausencia de servicios básicos o sanitarios; espacios adecuados y suficientes para prestar el servicio educativo; o zonas complementarias como comedores, cocinas o bibliotecas.

Asimismo, se tendrán en cuenta el riesgo que puedan presentar en la seguridad de la comunidad educativa y la población que atiende, entre otros factores que permitan seleccionar las que requieren intervenciones de manera urgente.

Fuente: Ministerio de Educación

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