ARAUCA
Defensoría del Pueblo alerta incremento de desapariciones forzadas en Arauca
La Defensoría del Pueblo rechazó el secuestro de la sargento del Ejército Nacional, Ghislaine Karina Ramírez, y sus dos hijos, menores de edad, cuando se movilizaban en un vehículo particular en la vía que de Tame conduce a Fortul (Arauca).
“Condenamos el secuestro de la suboficial y sus dos hijos, de seis y ocho años, un hecho repudiable que quebranta lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario. Niñas, niños y adolescentes no pueden ser objeto de secuestro, tampoco de cualquier otra práctica que pueda vulnerar sus derechos”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Y agregó: “Al grupo responsable de tan atroz acto, le exigimos respetar la vida e integridad de estas tres personas y dejarlas en libertad cuanto antes. Desde la Defensoría del Pueblo tenemos activados nuestros canales humanitarios para servir como mediadores en su liberación”.
En relación con los casos de desapariciones forzadas en el departamento, 11 reportados en las últimas semanas en Fortul, Arauquita, Tame y la capital Arauca, lamentó que entre las víctimas también haya menores de edad.
“Esta es una de las prácticas más atroces y crueles en el desarrollo del conflicto armado. De acuerdo con lo manifestado por los familiares, las personas son interceptadas o retenidas mientras transitan por carreteras intermunicipales o cuando están en sus casas, luego de haber sido identificadas por sus captores, quienes se las llevan mediante la intimidación armada, con rumbo desconocido”, indicó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
En otros casos, las víctimas habrían sido citadas, con carácter ‘obligatorio’ por actores armados, a lugares específicos en la frontera con Venezuela, sin que hayan regresado al seno de sus hogares.
“Estos son hechos a los que debe ponérseles fin. Como en el caso de la sargento y sus dos hijos, también ponemos a disposición nuestros canales humanitarios para que estas personas regresen a sus hogares, y pedimos a los actores armados ilegales que delinquen en la zona y a quienes están detrás de las desapariciones frenar de manera inmediata esta práctica cruel”, dijo el Defensor del Pueblo.
Carlos Camargo Assis también les solicitó a las autoridades mayor control frente a este tipo de situaciones a lo largo de la frontera binacional, que ha afectado a ciudadanos de los dos países.
“Algunas de las víctimas estarían siendo sometidas a torturas y castigos, con el fin de comprobar o descartar si colaboran con grupos armados. Esta es una forma de violencia que subyuga a la población civil, produce terror y causa sufrimiento a sus familias y a la sociedad en general”, manifestó Camargo Assis.
Finalmente, dijo que existe un subregistro de casos, pues a las quejas por vulneración a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario se suman situaciones que, aunque las familias conocen, por temor a represalias no ponen en conocimiento de las autoridades.
La Defensoría de Pueblo mantiene bajo Alerta Temprana (AT) a los siete municipios del departamento de Arauca (AT 024-21 y AT 011-23), e insta a las autoridades a adoptar medidas de prevención y protección para la población civil.
Fuente: Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 014 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia en el departamento de Arauca y el municipio de Cubará (Boyacá), donde la confrontación entre el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Farc mantiene en riesgo los derechos a la vida, integridad y seguridad de miles de habitantes. La alerta cobija a los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, así como a las comunidades de Cubará.
Según la entidad, la disputa por el control territorial y de economías ilícitas —como el narcotráfico, el contrabando de combustibles y la trata de personas— ha intensificado las amenazas y ataques contra la población civil. Los principales afectados son niños, niñas y adolescentes; líderes sociales; firmantes de paz; personas en proceso de reincorporación; mujeres rurales y migrantes venezolanos, quienes enfrentan desplazamientos, confinamientos y reclutamiento forzado.
La tasa de homicidios más alta del país
Durante 2024 se registraron 178 homicidios en hechos relacionados con el conflicto armado en Arauca, 19 de ellos de líderes sociales y uno de un firmante del Acuerdo de Paz, situando al departamento con la tasa de homicidios más alta del país. Entre enero y septiembre de 2025, otras 84 personas fueron asesinadas, incluidas lideresas y excombatientes. Uno de los hechos más graves ocurrió el 25 de agosto en Tame, donde tres personas fueron asesinadas en una masacre.
La Defensoría formuló 28 recomendaciones a entidades nacionales y territoriales para fortalecer la prevención, protección y atención humanitaria, y pidió una coordinación interinstitucional urgente que permita disuadir las amenazas, garantizar el acceso a la justicia y mitigar la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por la persistente violencia en la región fronteriza.
Tras una reunión de seguridad realizada en las últimas horas, la cual fue liderada por el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, junto a la Cúpula Militar y de Policía y que contó con la presencia de las principales autoridades militares y civiles de la región, se realizaron varios anuncios para fortalecer la seguridad y la presencia institucional en el departamento de Arauca.
En primera medida, el jefe de la cartera aseguró que se aumentarán el pago de recompensas por los principales cabecillas del cartel criminal del ELN, que delinquen en esta región. El alto funcionario aseguró que quienes brinden información de valor que permita la neutralización de alias ‘Cendales’ podrá tener una recompensa por hasta 1.600 millones de pesos. Así mismo, por alias ‘Laín’ y por alias ‘Emiliano’ las autoridades dijeron que hay un ofrecimiento de hasta 640 millones de pesos. Por alias ‘Negro Cali’, peligroso explosivista del ELN, quien es señalado de perpetrar varias acciones terroristas en contra de la población civil, la Fuerza Pública, así como en contra de la infraestructura crítica de la región, se pagarían hasta 100 millones de pesos.
Aumentarán acciones militares
El Ministro aseguró que estos criminales, que hacen parte de las estructuras terroristas del Frente de Guerra Oriental del ELN, pueden elegir el camino de la desmovilización y de esta manera acceder a los beneficios que brinda el Gobierno Nacional para quienes opten por dejar las armas y la ilegalidad y comiencen una vida digna; aunque también fue enfático en asegurar que si no lo hacen deberán ser conscientes que sobre ellos caerá todo el poder de la Fuerza Pública que los está combatiendo.
Las operaciones militares en contra de ese grupo armado organizado se aumentarán y se fortalecerán por tierra, río y aire con el objetivo de neutralizar a sus principales cabecillas e integrantes que persisten en afectar a la población civil.
De otro lado, el alto funcionario reveló que el Ejército Nacional mejorará y fortalecerá sus capacidades tecnológicas en drones y antidrones, gracias a inversiones que se vienen llevando a cabo para contar con estas herramientas en la lucha contra el terrorismo. De igual manera unos vehículos blindados llegarán a comienzos del 2026 para mejorar el despliegue operacional, la seguridad sobre los ejes viales, así como en los municipios y zonas rurales del departamento de Arauca.
Fortalecerán la Armada
En cuanto a la Armada de Colombia, el Ministro Pedro Sánchez Suárez, reconoció el trabajo que vienen adelantando sobre los principales ejes fluviales. Destacó que la presencia sobre los caudales aumentó y ya son cerca de 75 km del río Arauca que son recorridos por las embarcaciones institucionales. Por esta razón, a este importante afluente llegará un bote de bajo calado más, y para el río Casanare, cuatro embarcaciones que serán fundamentales para contrarrestar acciones criminales del ELN y las disidencias de alias ‘Mordisco’ que delinquen en esta zona de la Orinoquía colombiana.
Fuente: El Diario del Llano
ARAUCA
Formulan cargos a funcionarios de la Alcaldía de Arauca por presuntas irregularidades en contrato del PAE
Presuntas irregularidades en el proceso de selección de un contrato para apoyo al Programa de Alimentación Escolar- PAE- llevaron a la Procuraduría General a formular cargos a Marcos Eulises Barón Ortiz, jefe de la oficina jurídica de la alcaldía del municipio de Arauca, y Yomy Vanessa Espinel Durán, secretaria del despacho de la Secretaría de Hacienda.
Para el Ministerio Público, al parecer, hubo inconsistencias en la selección de la empresa Servicios y Suministros de Oriente OM SAS, ya que su informe financiero no correspondía con el último año fiscal 2022, sino, por el contrario, fue presentado con datos de hace más de dos años, lo cual genera inquietudes sobre los requisitos exigidos y la rigurosidad de los criterios evaluados.
¿Se desconocieron principios de la contratación pública?
Determina la Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca, que la conducta de estos servidores públicos, presuntamente, desconoce los principios que rigen la contratación pública, al viabilizar la suscripción del contrato aceptando la selección de los indicadores financieros del año 2021, allegados por el único oferente, pese a que, para la vigencia 2024, la normatividad exigía utilizar la información del último año fiscal.
Por estos hechos, se compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue al alcalde del municipio de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos.
Fuente: El Diario del Llano
