REGIÓN
Declaran alerta naranja en Boyacá para contrarrestar la propagación del Covid-19
El paulatino incremento de casos de Covid-19 en el departamento en las últimas semanas, obligó a la Gobernación de Boyacá a fortalecer las medidas para prevenir el contagio de la enfermedad.
La alerta naranja decretada este martes, permite al Gobierno que lidera Ramiro Barragán Adame adoptar una serie de acciones en pro de reducir el número de casos.
Hasta el momento, el departamento registra 50.866 casos confirmados, 48.178 recuperados y 1.199 fallecimientos (cifras con corte al 20 de abril). Sólo este martes, la Secretaría de Salud de Boyacá reportó 224 casos nuevos y cinco fallecimientos asociados a Covid-19, mientras el lunes 19 de abril, se presentaron 287 casos y tres muertes. El domingo 18 abril, entre tanto, la cifra ascendió a 199 casos y dos decesos, y el sábado 17, se confirmaron 231 casos y tres fallecimientos.
Boyacá atraviesa el tercer pico de la pandemia. Los resultados de la interacción social ocurrida durante los días de Semana Santa se reflejan en la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que ya supera el 60 por ciento.
La sala de crisis, que se reúne diariamente, le recomendó al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo que por haber superado el 60% se tomara la determinación de enviarle al Gobierno departamental la recomendación de declarar la alerta naranja.
Para el mandatario está demostrado que este incremento de casos en el departamento es consecuencia de la interacción social que se dio en Semana Santa, “cuando las personas viajaron a visitar a familiares que hacía tiempo no veían o se reunieron con numerosos grupos de amigos sin la debida protección”.
No obstante, el mandatario de los boyacenses resaltó que, por el momento, no habrá medidas departamentales que limiten la movilidad. Sin embargo, fue enfático al señalar que todo dependerá del comportamiento social en los próximos días.
La alerta naranja implica que haya una vigilancia epidemiológica constante, jornadas pedagógicas con la comunidad y un control policial permanente.
Destacó el incremento en un 365% de la capacidad hospitalaria del departamento, al pasar de 66 a 241 UCI y llamó la atención sobre los municipios que presentan alta afectación en el departamento. Se trata de Arcabuco, Chiquinquirá, Duitama, Moniquirá, Samacá, Sogamoso, Toca y Tunja. La capital boyacense es una de las ciudades que está en observación nacional por el aumento en la curva de nuevos casos y muertes.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
