CASANARE
Crece consumo de alucinógenos en Colegios de Yopal, algunos no reportan
El secretario de Educación de Yopal, Freddy Montoya Estepa, se quejó que no todos los Colegios reportan la información en temas tan álgidos como embarazos en adolescentes o el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los alumnos, lo cual dificulta consolidar estadísticas para el manejo de la información.
Señaló el funcionario ante el Concejo Municipal, que esta situación se presenta porque los rectores no quieren que la Institución Educativa se estigmatice y prefieren esconder la realidad, generando un gran daño para el manejo de la problemática que se debe visibilizar para combatirla.
“De consumo de sustancias psicoactivas más o menos son 90 ó 95 casos el año pasado. Hay sectores donde definitivamente hay más incidencia, más impacto, tal vez por las mismas condiciones socioeconómicas de las familias, como puede ser por ejemplo la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo, el Megacolegio Los Progresos, en la misma Institución Llano Lindo también se presenta el fenómeno, en El Paraíso también, en el Itey hay también incidencia, es donde estamos con las alarmas prendidas”, anotó el Secretario de Educación de Yopal.
Agregó el funcionario, que gracias a estas Instituciones que reportan lo que detectan se puede hacer un trabajo de intervención con las familias de los alumnos involucrados, reportando estas situaciones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Policía Nacional. “Hoy gracias al Concejo Municipal se hizo visible esta problemática y vamos a hacer un gran Foro en el mes de mayo”.
El funcionario mostró su preocupación por el incremento de las cifras de consumo de sustancias psicoactivas, conductas suicidas y embarazos a temprana edad en estudiantes de los Colegios Públicos. Añadió que es importante cimentar este trabajo desde las Escuelas de Padres, frente a las amenazas que tienen los niños y jóvenes, y que afectan sus proyectos de vida. “Hay que luchar para que la ciudad tenga un centro de rehabilitación para la atención y tratamiento de niños y jóvenes que lamentablemente han caído en el flagelo de las drogas”.
Según la Secretaría de Educación de Yopal, en 2016 se reportaron 90 casos de consumo de sustancias psicoactivas en 13 Colegios, 45 casos de intentos de suicidio, 20 embarazos en adolescentes y 60 de agresión y maltrato.
Las estadísticas revelan que en 2013 se reportaron 32 casos de consumo de drogas en colegios de Yopal, 84 casos en el 2014, 98 casos en el 2015, 99 en el 2016 y 11 en lo que va transcurrido del 2017.
¿Qué dicen los Concejales?
El concejal Christian Rodrigo Pérez fue claro al señalar que las cifras expuestas por las diferentes Secretarías no coinciden entre sí, y están distantes de las cifras que para estos temas maneja el DANE.
Por ejemplo, con respecto al tema de embarazo en adolescentes se informó en la presentación que realizó la secretaria de Acción Social, Sonia Lozano, que en el periodo comprendido entre 2014 a 2016 se presentaron 55 casos, cifra que fue refutada por el concejal Christian Rodrigo Pérez quien resaltó que según los datos estadísticos del DANE, en ese mismo periodo se reportaron 198 casos solo en el grupo poblacional de 10 a 14 años. “Es una cifra alta y más si se tiene en cuenta que en este informe no se incluyen los casos presentados en el rango de edades de los 14 a 19 años”.
A su turno el cabildante Edwin Ramírez, coincidió en que las cifras presentadas son alejadas de la realidad que se vive en el municipio, por lo que propuso como alternativa realizar un directorio de rutas para la atención integral de problemáticas que afrontan los adolescentes.
Por su parte, el gerente de la ESE Salud Yopal, Edwin Barrera Rodríguez, dio a conocer resultados de un estudio realizado personalmente dentro de sus estudios de postgrado, donde se indica que de 100 mujeres gestantes con edades entre 14 a 19 años, 20 de ellas nuevamente vuelven a quedar en embarazo dentro de su etapa de adolescencia. También se conoció que la edad promedio donde se presentan más embarazos en adolescentes es a los 16 años.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
