REGIÓN
Coviandes reparó al Estado con cifra millonaria por colapso del puente Chirajara
La Contraloría General de la República logró que Coviandes resarciera en su totalidad el daño patrimonial al Estado, por valor de 90.782 millones de pesos, ocasionado por el colapso del puente Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio, el 15 de enero de 2018.
El resarcimiento se hizo en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.
La caída no permitió que tanto el puente como las obras aledañas a esta infraestructura pudieran entrar a servir a la comunidad, quedando así inconcluso el uso de las obras derivadas del Contrato de Concesión y, como consecuencia de ello, se dio apertura el 26 de marzo de 2021 a un proceso de Responsabilidad Fiscal.
La Contraloría ordenó cesar esta acción fiscal, tras el resarcimiento del daño patrimonial.
La obra se está ejecutando de forma satisfactoria
En virtud del colapso de esta infraestructura vial, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y la Sociedad Concesionaria Vial de los Andes – Coviandes S.A.S., suscribieron un contrato de transacción el 27 de noviembre de 2018, mediante el cual el Concesionario se obligó a pagar una suma de dinero a título de compensación equivalente a la suma de 8.558 millones de pesos, e igualmente a cancelar el valor de 120 millones de pesos por concepto de Asesorías Legales con respecto al contrato de transacción, y por último a construir un nuevo puente, por su cuenta y riesgo y con recursos privados del mismo Concesionario.
Las dos primeras obligaciones antes referidas, se cumplieron a cabalidad por parte del Concesionario; y la tercera obligación relativa a la construcción del nuevo puente, se viene desarrollando de la siguiente manera:
La obra se está ejecutando de manera satisfactoria, con una inversión desde el inicio de la misma y hasta el 30 de mayo de 2022 equivalente a 49.856 millones de pesos, y con un avance del proyecto igual al 47,77%, quedando pendiente por ejecutar un avance de obra en porcentaje igual a 52,23%, de tal manera, que para efectos de garantizar la inversión de los recursos faltantes para culminar la obra, el Concesionario constituyó un Fideicomiso con Corficolombiana, por valor de 32.247 millones de pesos, suma de dinero que está asegurada para efectos de fondear la finalización del proyecto Nuevo Puente Chirajara.
Terminación anticipada del proceso
Por lo anterior, al encontrar la Dirección de Investigaciones 4 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, que el hecho que se viene investigando, ha sido superado y resarcido en su totalidad, profirió el 2 de agosto de 2022 un Auto de Cesación de la Acción Fiscal derivada del Resarcimiento del Daño Patrimonial, de tal manera, que este proceso termina de manera anticipada, garantizando que los recursos por invertir dentro del proyecto Nuevo Puente Chirajara, se encuentran depositados en un Fideicomiso con destinación especifica.
Es así como se tiene previsto que, como fecha máxima, el 4 de febrero de 2024 el nuevo puente Chirajara será entregado al país, para uso y disfrute por parte de la comunidad que recorra el anillo vial denominado Doble Calzada Carretera Bogotá – Villavicencio.
Desvinculación de terceros civilmente responsables
Se ordenó igualmente desvincular como terceros civilmente responsables a las compañías de seguros Seguros Alfa y Liberty Seguros.
Fuente: Contraloría General de la República de Colombia
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
REGIÓN
Confirman condena a 27 años de cárcel para hombre que asesinó a niña de 11 años en Sogamoso
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.



