REGIÓN
Coviandes reparó al Estado con cifra millonaria por colapso del puente Chirajara
La Contraloría General de la República logró que Coviandes resarciera en su totalidad el daño patrimonial al Estado, por valor de 90.782 millones de pesos, ocasionado por el colapso del puente Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio, el 15 de enero de 2018.
El resarcimiento se hizo en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.
La caída no permitió que tanto el puente como las obras aledañas a esta infraestructura pudieran entrar a servir a la comunidad, quedando así inconcluso el uso de las obras derivadas del Contrato de Concesión y, como consecuencia de ello, se dio apertura el 26 de marzo de 2021 a un proceso de Responsabilidad Fiscal.
La Contraloría ordenó cesar esta acción fiscal, tras el resarcimiento del daño patrimonial.
La obra se está ejecutando de forma satisfactoria
En virtud del colapso de esta infraestructura vial, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y la Sociedad Concesionaria Vial de los Andes – Coviandes S.A.S., suscribieron un contrato de transacción el 27 de noviembre de 2018, mediante el cual el Concesionario se obligó a pagar una suma de dinero a título de compensación equivalente a la suma de 8.558 millones de pesos, e igualmente a cancelar el valor de 120 millones de pesos por concepto de Asesorías Legales con respecto al contrato de transacción, y por último a construir un nuevo puente, por su cuenta y riesgo y con recursos privados del mismo Concesionario.
Las dos primeras obligaciones antes referidas, se cumplieron a cabalidad por parte del Concesionario; y la tercera obligación relativa a la construcción del nuevo puente, se viene desarrollando de la siguiente manera:
La obra se está ejecutando de manera satisfactoria, con una inversión desde el inicio de la misma y hasta el 30 de mayo de 2022 equivalente a 49.856 millones de pesos, y con un avance del proyecto igual al 47,77%, quedando pendiente por ejecutar un avance de obra en porcentaje igual a 52,23%, de tal manera, que para efectos de garantizar la inversión de los recursos faltantes para culminar la obra, el Concesionario constituyó un Fideicomiso con Corficolombiana, por valor de 32.247 millones de pesos, suma de dinero que está asegurada para efectos de fondear la finalización del proyecto Nuevo Puente Chirajara.
Terminación anticipada del proceso
Por lo anterior, al encontrar la Dirección de Investigaciones 4 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, que el hecho que se viene investigando, ha sido superado y resarcido en su totalidad, profirió el 2 de agosto de 2022 un Auto de Cesación de la Acción Fiscal derivada del Resarcimiento del Daño Patrimonial, de tal manera, que este proceso termina de manera anticipada, garantizando que los recursos por invertir dentro del proyecto Nuevo Puente Chirajara, se encuentran depositados en un Fideicomiso con destinación especifica.
Es así como se tiene previsto que, como fecha máxima, el 4 de febrero de 2024 el nuevo puente Chirajara será entregado al país, para uso y disfrute por parte de la comunidad que recorra el anillo vial denominado Doble Calzada Carretera Bogotá – Villavicencio.
Desvinculación de terceros civilmente responsables
Se ordenó igualmente desvincular como terceros civilmente responsables a las compañías de seguros Seguros Alfa y Liberty Seguros.
Fuente: Contraloría General de la República de Colombia
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
