META
Contraloría revela irregularidades en contrato firmado por Alan Jara
La Contraloría General de la República encontró irregularidades por $3.247 millones de pesos en la ejecución del contrato de obra suscrito por la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) para la construcción del punto de atención de víctimas del conflicto armado, en el municipio Granada.
De esta manera, el órgano de control resolvió una denuncia ciudadana relacionada con el contrato de obra No 048 de 2015, cuyo objeto fue “LA CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, el cual fue suscrito durante el cuarto y último año de gestión del Ingeniero Alan Jara Arzola como Gobernador del Departamento del Meta (2012-2015).
Se trata de un nuevo caso de irregularidades fiscales detectadas por la CGR y originadas por eventos ocurridos bajo la administración del exgobernador Jara Arzola, con la participación directa de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM. El proyecto estaba financiando con recursos de regalías.
El contrato cuestionado fue suscrito el 14 de abril de 2015 y tiene acta de inicio del 24 de junio del mismo año, contemplando un plazo de ejecución de 7 meses.
En las visitas del equipo Auditor de la CGR se pudo establecer que se ejecutaron algunas actividades de obra pactadas en el contrato No. 048 de 2015, entre la cuales están la placa de piso, la placa de entre piso, la escalera, algunos muros, columnas y viga aérea, pañetes, varios ítems de la red hidrosanitaria y eléctrica, el tanque subterráneo, algunas obras de urbanismo, parte de la cubierta y los algunos acabados en general.
Sin embargo, resulta también evidente que las actividades mencionadas están inconclusas y en estado de abandono.
Progresivo deterioro
De acuerdo con acta parcial de obra N°.2 de fecha 18 de abril de 2017, se evidencia que el porcentaje de avance físico fue del 30,67% en relación con la ejecución presupuestal pagada al contratista que obtuvo un avance del 65,34%, incluyendo el anticipo.
Debido a que no se ha construido la totalidad de la cubierta de la edificación, entre muchos otros ítems pendientes, la estructura está expuesta a la intemperie. Además, la constante exposición a condiciones climáticas y carencia de mantenimiento provocan el deterioro progresivo de los elementos construidos, generando pérdida de algunos materiales como aceros de refuerzo para viga y columnas. Estas columnas no fueron fundidas y tienen expuesto su acero.
Uso ineficiente de los recursos y seguimiento inadecuado
Las deficiencias descritas han sido ocasionadas por la falta de continuidad en la ejecución de los procesos constructivos del proyecto, así como el deficiente control y seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) a través a través de la supervisión designada.
Tal situación permitió el incumplimiento de los tiempos establecidos para la construcción y entrega de la obra, lo que en consecuencia conlleva a la no satisfacción de la necesidad que se pretendía suplir por medio del contrato No.
048 del 14 de abril de 2015.
La Contraloría consideró que, como consecuencia de lo anterior, se presentó una gestión fiscal antieconómica e ineficaz del contratista y del gestor fiscal, por un uso ineficiente de los recursos, inefectividad en el control y seguimiento inadecuado, pues se produjo y se permitió un manejo indebido de los recursos entregados, causando el incumplimiento de las metas y del objeto contractual, dejando la necesidad planteada en el proyecto insatisfecha e incumpliendo con los fines esenciales del Estado.
Fuente: Contraloría General de la Nación
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
