META
Contraloría revela irregularidades en contrato firmado por Alan Jara
La Contraloría General de la República encontró irregularidades por $3.247 millones de pesos en la ejecución del contrato de obra suscrito por la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) para la construcción del punto de atención de víctimas del conflicto armado, en el municipio Granada.
De esta manera, el órgano de control resolvió una denuncia ciudadana relacionada con el contrato de obra No 048 de 2015, cuyo objeto fue “LA CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, el cual fue suscrito durante el cuarto y último año de gestión del Ingeniero Alan Jara Arzola como Gobernador del Departamento del Meta (2012-2015).
Se trata de un nuevo caso de irregularidades fiscales detectadas por la CGR y originadas por eventos ocurridos bajo la administración del exgobernador Jara Arzola, con la participación directa de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM. El proyecto estaba financiando con recursos de regalías.
El contrato cuestionado fue suscrito el 14 de abril de 2015 y tiene acta de inicio del 24 de junio del mismo año, contemplando un plazo de ejecución de 7 meses.
En las visitas del equipo Auditor de la CGR se pudo establecer que se ejecutaron algunas actividades de obra pactadas en el contrato No. 048 de 2015, entre la cuales están la placa de piso, la placa de entre piso, la escalera, algunos muros, columnas y viga aérea, pañetes, varios ítems de la red hidrosanitaria y eléctrica, el tanque subterráneo, algunas obras de urbanismo, parte de la cubierta y los algunos acabados en general.
Sin embargo, resulta también evidente que las actividades mencionadas están inconclusas y en estado de abandono.
Progresivo deterioro
De acuerdo con acta parcial de obra N°.2 de fecha 18 de abril de 2017, se evidencia que el porcentaje de avance físico fue del 30,67% en relación con la ejecución presupuestal pagada al contratista que obtuvo un avance del 65,34%, incluyendo el anticipo.
Debido a que no se ha construido la totalidad de la cubierta de la edificación, entre muchos otros ítems pendientes, la estructura está expuesta a la intemperie. Además, la constante exposición a condiciones climáticas y carencia de mantenimiento provocan el deterioro progresivo de los elementos construidos, generando pérdida de algunos materiales como aceros de refuerzo para viga y columnas. Estas columnas no fueron fundidas y tienen expuesto su acero.
Uso ineficiente de los recursos y seguimiento inadecuado
Las deficiencias descritas han sido ocasionadas por la falta de continuidad en la ejecución de los procesos constructivos del proyecto, así como el deficiente control y seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) a través a través de la supervisión designada.
Tal situación permitió el incumplimiento de los tiempos establecidos para la construcción y entrega de la obra, lo que en consecuencia conlleva a la no satisfacción de la necesidad que se pretendía suplir por medio del contrato No.
048 del 14 de abril de 2015.
La Contraloría consideró que, como consecuencia de lo anterior, se presentó una gestión fiscal antieconómica e ineficaz del contratista y del gestor fiscal, por un uso ineficiente de los recursos, inefectividad en el control y seguimiento inadecuado, pues se produjo y se permitió un manejo indebido de los recursos entregados, causando el incumplimiento de las metas y del objeto contractual, dejando la necesidad planteada en el proyecto insatisfecha e incumpliendo con los fines esenciales del Estado.
Fuente: Contraloría General de la Nación
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
