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Confirman remoción de 6 miembros de junta directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de inspección y vigilancia a las Cámaras de Comercio, confirmó la decisión de ordenar la remoción de seis miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV), luego de resolver los recursos de reposición presentados por estos.
La decisión, se sustentó en dos consideraciones:
i) La Superintendencia de Industria y Comercio encontró que varios de los directivos investigados incurrieron en prácticas ilegales de coadministración en perjuicio de la CCV
ii) Se acreditó que todos los directivos investigados incumplieron sus deberes especiales porque removieron al Presidente Ejecutivo de la CCV con el propósito de mantener malas prácticas de administración, lo que llevó a la prolongada crisis del ente cameral.
Miembros de la Junta Directiva de la CCV sancionados:
- CARLOS ALBERTO LOTERO PRADA
- W SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., identificada con NIT 900.522.859-4, representada para el momento de los hechos de la investigación por HERIN CAMILA LÓPEZ RINCÓN.
- COLOMBIANA DE CONTRATOS Y SUMINISTROS S.A.S., identificada con NIT 900.479.938-4, representada para el momento de los hechos de la investigación por LUIS RODOLFO HERRERA SANTIAGO.
- MADGA YANETH ESQUIVEL NIETO
- JUAN DIEGO GARZÓN DÍAZ
- NANCY MEJÍA LADINO
La actuación que se inició con ocasión de múltiples quejas por parte de comerciantes de la región y de los demás directivos de la CCV
Actuaciones de los sancionados:
Los miembros de la Junta Directiva de la CCV que fueron investigados, con excepción de MADGA YANETH ESQUIVEL NIETO y JUAN DIEGO GARZÓN DÍAZ, incurrieron en prácticas ilegales de coadministración que afectaron la buena marcha de la entidad. Algunas de esas prácticas incluyeron su participación directa en la contratación del personal de la CCV, así como favorecer a proponentes en el marco de los procesos de selección de la entidad e intervenir de manera activa en la dirección de las diversas áreas de la CCV.
Esos comportamientos de coadministración comprometieron la gestión de la CCV y fueron desarrollados en beneficio exclusivo de los directivos investigados.
Así mismo, los seis directivos investigados incumplieron sus deberes especiales al determinar la remoción del Presidente Ejecutivo que había promovido la recuperación de la CCV desde el segundo semestre de 2019. Ese comportamiento fue ilegal porque los directivos removieron al funcionario para lograr que se mantuvieran las prácticas administrativas que provocaron la crisis de la CCV, que resultaban favorables para los intereses particulares de los directivos investigados. Además, esos directivos adoptaron la decisión de manera improvisada, sin identificar los riesgos asociados a ella y sin adoptar medida alguna para precaver la materialización de esos riesgos.
En ese sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que los seis (6) directivos investigados incumplieron los deberes a su cargo y afectaron la buena marcha de la CCV, por lo cual ordenó su remoción.
Los seis directivos investigados formularon recurso de reposición contra el acto administrativo con el que se decidió su remoción.
Una vez surtido el trámite correspondiente, el Superintendente de Industria y Comercio concluyó que existen suficientes pruebas que acreditan el comportamiento ilegal de los directivos sancionados y, en consecuencia, que no existe mérito para modificar la decisión de removerlos.
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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