CASANARE
Concejo de Yopal abogó porque no se cobre alquiler de escenarios a clubes y escuelas deportivas
El Concejo de Yopal realizó debate de control político a la directora del IDRY sobre el Acuerdo 01 de 2016, que establece tarifas para el préstamo de los escenarios deportivos administrados por la entidad.
Se conoció que estas tarifas serán para 4 escenarios deportivos, tales como La Campiña, el Coliseo y la cancha sintética del 20 de Julio, y el Coliseo del Barrio Bicentenario, donde se regularán los cobros que venía realizando el Instituto ajustando sus tarifas. Se dio a saber también, que los demás espacios deportivos del municipio no tendrán ningún cobro; así mismo, se informó que Yopal cuenta con 12 escenarios deportivos en el sector rural y 83 en el casco urbano para un total de 95 en la capital casanareña.
En este debate se informó que el Instituto tiene a su cargo 12 disciplinas deportivas, en las cuales cuenta con 34 monitores contratados para desarrollar la formación de los deportistas, tanto en el sector rural como en el urbano.
Wilmer Leal, concejal ponente del debate, solicitó a la Directora del Instituto de Deporte que revalué el costo a pagar por el uso de la cancha sintética del Barrio La Campiña, pues su alquiler es de 55 mil pesos por hora, siendo este valor elevado para el servicio de la comunidad.
“La verdad, el número de monitores contratados no son suficientes, ya que hay mucha población deportiva y en el caso de los Corregimientos ya están sin monitores, por eso invito a la doctora Zoila para que se siente con el Concejo, pues somos un aliado para la Administración Municipal, y desde aquí podemos ayudar a todos los sectores”, indicó el concejal Wilmer Leal.
Funcionaria no cumple perfil
Por su parte, el concejal José Humberto Barrios, cuestionó la experiencia laboral y formación académica y profesional de la directora del IDRY, puntualizando que “ en la interpretación que le doy a la norma y al Manual de Funciones se exige que la persona tenga dos año de experiencia relacionada con el cargo, y si miramos lo que ordena la Ley 909 se necesita de una experiencia relacionada, en mi concepto no veo tal experiencia relacionada e invito a la directora del IDRY para que estudie su hoja de acuerdo al Manual de Funciones y la Ley, y así tome una decisión sobre su labor”.
Deporte si tiene recursos
A su turno, el presidente del Concejo de Yopal, Fabio Suárez Caro, aseveró que la Corporación protegió los recursos destinados para el deporte en el Plan de Desarrollo, donde dijo que “dentro de las objeciones que el Tribunal consideró infundadas por parte de la Administración Municipal, era que quería abrogarse una competencia, quienes querían modificar el Estatuto de Rentas para no aplicar el Artículo 100 del mismo, donde se aprobó que el 3% del Impuesto de Industria y comercio se destinara exclusivamente para el deporte”.
Finalmente, el presidente del Concejo, exaltó la importancia que tiene el deporte, la cultura y la recreación, como herramienta para combatir la drogadicción y el pandillismo en la capital casanareña, también solicitó al Instituto de Deportes que a las escuelas y clubes deportivos no se les cobrara ningún costo económico para el uso de los escenarios, pues estos están cumpliendo con su misión y con su cometido que es formar niñas, niños y adolescentes en alguna modalidad deportiva y así ocupar su tiempo libre.
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
