CASANARE
¿Cómo operarán las prohibiciones que aprobó el Concejo de Yopal recientemente?
En un hecho sin precedentes, durante las sesiones ordinarias del Concejo de Yopal recientemente culminadas, los cinco Proyectos de Acuerdo aprobados fueron a iniciativa de los Concejales, es decir, la Administración Municipal no presentó ninguna iniciativa para ser estudiada.
Llaman particularmente la atención dos iniciativas, donde el concejal José Humberto Barrios es autor o coautor. La prohibición de la venta de bebidas azucaradas en los colegios oficiales, y la prohibición para utilizar la técnica del fracking en la explotación petrolera que se haga en la jurisdicción municipal.
Respecto a la prohibición de la venta de bebidas azucaradas dice el concejal que lo que realmente se hizo fue una regulación que terminó siendo una prohibición, enfatizando especialmente en las gaseosas y las bebidas que no sobrepasan el 12% del contenido de fruta, es decir, los llamados “jugos”.
Según explicó el cabildante autor de esta iniciativa, el 12% se toma como rasero teniendo en cuenta un pacto firmado por las comercializadoras y productoras de gaseosas y de estas bebidas desde el año 2016, quienes se comprometieron a no vender este tipo de productos en las Instituciones Educativas en Colombia.
“Eso se quedó en el papel, la mayoría de Instituciones privadas lo llevaron a cabo, pero en las Instituciones públicas se viene implementando muy lentamente. La idea era unificar y que quedara como una prohibición en Yopal tanto en el área rural como en el casco urbano”, explicó.
La principal intención es generar conciencia en padres de familia y estudiantes, del daño que produce el consumo de estas bebidas azucaradas, además que la Administración Municipal tiene el compromiso de impulsar el consumo de comida saludable en los colegios, dentro del principio de luchar contra la obesidad. La Administración Municipal tiene 6 meses para reglamentar lo necesario para que la medida se cumpla.
No al fracking
Respecto a esta iniciativa, que es pionera a nivel nacional y la cual fue presentada conjuntamente por los concejales José Humberto Barrios, Edwin Ramírez y José Luis Avendaño.
Se prohibió la utilización de esta técnica no convencional que consiste en el fracturamiento hidráulico o la inyección de agua para la extracción petrolera, protegiendo por ende las fuentes hídricas del municipio.
“A esa agua se le inyectan químicos que ayudan a fraccionar o fragmentar la roca, en lugares donde de manera convencional no es posible extraer el petróleo. El principal problema es que esta agua después que perfora tienen que volverla a sacar del subsuelo y es imposible tratarla para que nuevamente sea utilizable. Es decir, se vuelve un veneno, por lo que la solución de las petroleras es enterrarla”, explicó el concejal de Yopal.
Agregó que según estudios que tuvieron en cuenta para la prohibición del fracking, encontraron que genera problemas de salud en las personas, especialmente en temas de la piel, gastrointestinales y los ojos.
Aunque se prevé que el Gobierno Nacional y la industria petrolera rechazarán y posiblemente demandarán el Proyecto de Acuerdo, el concejal Barrios Chaparro se mostró confiado que en lo legal la iniciativa se sostenga, teniendo como referencia una situación similar en el municipio de Urrao en Antioquia, donde una sentencia de tutela del 2018 prohibió la minería en esa localidad, bajo el argumento de la protección del medio ambiente y el patrimonio ecológico, que fue el mismo principio que invocó el Concejo de Yopal para prohibir la utilización del fracking. La sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó que la mencionada Tutela se ajusta al ordenamiento jurídico colombiano.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
