META
Comisión de la Verdad inició su recorrido por el Llano escuchando a víctimas y victimarios
“Hay víctimas encarceladas por su silencio que quieren contar la verdad, como hay muchos paramilitares y guerrilleros que se han acercado a hablar con la Comisión de la Verdad”, expresó el comisionado de la entidad en la región Orinoquia y Amazonia, Alfredo Molano.
La revelación la hizo el comisionado al hacer el anunció que ya comenzó el trabajo de recorrer la región para recoger testimonios e información, que permita construir una explicación más amplia y profunda de las causas de la guerra en el país.
La información será recogida desde el año 1958 con la creación del Frente Nacional cuando cambio el carácter del conflicto armado de político partidista a más social, dijo Molano.
Esta regional comprende al sur de Yopal, la mitad del departamento de Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Caquetá, que incluye las zonas de colonización mestiza de los ríos Guayabero, Itilla y Unilla.
En esa área se dispondrá de tres casas de la verdad ubicadas en Villavicencio, San José del Guaviare y Florencia, con profesionales que estarán encargados que salir a hablar con la gente para recoger testimonios, mientras que otros se encargarán de acopiar información ya recogida que reposa en bases de datos, en memorias personales y en archivos institucionales.
En la región Orinoquia Amazonia hay un director, con cuatro o cinco investigadores principales que se va encargar de recoger la información en los territorios a través de entrevistas individuales, colectivas, en profundidad y de otras modalidades, que junto con la que se ubique en los archivos será llevada a programa de tecnología para que toda pueda ser utilizada.
El trabajo se cumplirá en tres años, el 2019 estará dedicado a la recolección de la información que será depurada y contrastada, el 2020 al análisis y el 2021 a la redacción del informe final.
En todo el país la Comisión de la Verdad aspira recoger 20.000 testimonios y en esta regional unos 2.000 y en ese sentido ya se han empezado a dar los primeros pasos, dijo el comisionado regional.
Molano afirmó que así como hay víctimas, paramilitares y guerrilleros que están dispuestas a hablar también “hay un sector del país que tiene el miedo a la verdad, a quienes vamos a tratar de hacerles entender la importancia política que tiene la verdad”.
Mencionó que se tiene la obligación moral y legal de recoger toda la información de los hechos cometidos por las Farc, circunstancia que se ha abierto a raíz de la entrega de armas y va a ser uno de los capítulos más novedosos del trabajo. Aun cuando reconoció que será un obstáculo innegable hacer el trabajo en los sectores donde hay presencia de las disidencias de las Farc.
En el Meta también se hará un capítulo sobre el genocidio de la Unión Patriótica y en el trabajo de recolección de información se tendrá en cuenta a todas las poblaciones, incluidas mujeres, comunidades lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), niños, jóvenes y personas de la tercera edad.
Molano, finalmente, invitó a los empresarios que quiera contar su verdad con relación con los paramilitares para que se acerquen porque la Comisión de la Verdad, toda vez que su versión no tiene carácter judicial, el trabajo es de carácter ético y moral para comprender lo que le pasó al país y para que no se vuelva a repetir.
Fuente: www.eltiempo.com
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
