El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades departamentales en Vichada y Guainía para que formulen y activen planes de contingencia debido a una posible deportación o eventual retorno de aproximadamente 7.000 colombianos desde Venezuela.
Los connacionales, de acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, están trabajando en las minas de extracción aurífera en el Parque Nacional Cerro Yapacana, estado Amazonas del vecino país.
Sus labores, directas o indirectas, los exponen a la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad, libertad, seguridad o vida. Comunidades indígenas, población en condición de vulnerabilidad socioeconómica, mujeres, niñas, niños y adolescentes están en riesgo.
Desde la Defensoría del Pueblo emitieron la Alerta Temprana 003 del 2023, en la que advierten no solo los peligros para la población civil por posibles confrontaciones armadas en las áreas de explotación minera en el estado Amazonas, sino también lo que podría ocasionar una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana.
Las minas de Yapacana, que están relativamente cerca de Inírida, a tres horas vía fluvial, son atractivas para las personas de toda la región de la Orinoquía, pues en esa actividad encuentran un modo de sustento, pese a la presencia de grupos armados al margen de la ley. De darse una deportación masiva, pasaría a convertirse en el mayor éxodo masivo de las últimas décadas, teniendo como sitios de recepción los departamentos de Vichada y Guainía.
Los operativos militares iniciados a finales del 2022 por tropas del país vecino habrían desencadenado en capturas de personas colombianas. Algunos de los puntos de extracción, al ser una actividad ilegal que amenaza los territorios y afecta el medioambiente, estarían en proceso de cierre o regulación.
Igualmente, solicitó que den apertura a los consulados en San Fernando de Atapabo y Puerto Ayacucho, como también al consulado de Venezuela en Inírida.
Fuente: Defensoría del Pueblo
