META
Cayó en Villavicencio hombre acusado de violar y asesinar por lo menos 11 mujeres
En la ciudad de Villavicencio fue capturado Rubén Villalobos Herrera, de 34 años de edad, como presunto responsable de la muerte y acceso carnal de cuatro mujeres entre los 20 y 70 años, en hechos ocurridos entre 2015 – 2017 en la capital del Meta.
Ante el Juzgado 1o Penal Municipal con función de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de feminicidio agravado en concurso con tentativa de homicidio y acceso carnal violento.
Según las autoridades, esta captura fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Fiscalía Especializada y la SIJÍN de la Policía Metropolitana de la capital metense.
De acuerdo con la investigación adelantada, el hombre abordaba a sus víctimas elegidas al azar, ofreciéndose a acercarlas a su residencia en el moto carguero de la empresa en el cual se movilizaba. Después, se presume que las llevaba a un potrero donde las atacaba sexualmente e intentaba asesinarlas. La Fiscalía presentó como prueba dentro de este caso, varios videos donde se observa al presunto asesino en serie apodado como “el monstruo de Caños Negros” conduciendo a sus víctimas en el moto carguero.
El coordinador seccional de Fiscalías en el departamento del Meta, Robinson Chaverra Tipton, señaló que el ente investigador pudo asociar 11 casos donde actuó el presunto violador y asesino en serie, de los cuales 4 fueron exitosos para presentarlos ante el Juez que determinó la medida de aseguramiento para el capturado en centro carcelario.
“La Fiscalía pudo demostrar que esos 11 casos son responsabilidad penal de este monstruo. Tenía una ruta preestablecida por el sector de Caños Negros a donde llevaba a sus víctimas donde las accedía y luego las asesinaba. También cometía actos de necrofilia, es decir, sostenía actos sexuales con el cadáver de cada una de nuestra víctimas”, señaló el funcionario judicial.
El hombre fue detenido en su lugar de trabajo, en el suroriente de la capital del departamento.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
