CASANARE
Casanareños conocieron los avances en los diálogos de paz de La Habana
Expertos conferencistas participaron del Seminario realizado en Yopal este jueves en las instalaciones de Unitrópico, sobre conversaciones ciudadanas para la comprensión del proceso de paz.
El evento fue coordinado por la Agencia Colombiana para la Reintegración –ACR-, con el concurso de otras entidades que han venido desarrollando temáticas relacionadas con el proceso de paz y los diálogos y acuerdos que actualmente se adelantan en La Habana, los cuales según el Gobierno Nacional y las Farc están próximos a terminar y se hace necesario que la sociedad civil los conozca.
Andrey Gómez Suárez, de la ONG Común Acuerdo, explicó a los asistentes al evento, qué tanto se ha avanzado en los acuerdos que se discuten en La Habana, señalando que comparativamente con otros procesos similares, Colombia ha logrado grandes avances en menor tiempo que otros países.
Explicó el experto, que en cuatro años el Gobierno y las Farc han logrado ponerse de acuerdo en una agenda de seis puntos de negociación, de los cuales el 90% ya está acordado y se conocen los borradores parciales de cada uno de los puntos de los acuerdos. Agregó que eso comparado con los procesos de paz a nivel internacional, lo que se ha hecho en Colombia se ha hecho en tiempo récord.
“Para compararlo con uno de los casos. Por ejemplo, en Filipinas el proceso de negociación con las guerrillas se demoró dieciséis años y medio”, manifestó el estudioso del proceso de paz.
¿Qué se ha acordado?
Agregó Gómez Suárez, que en un tiempo relativamente corto como son cuatro años se han acordado cinco temas fundamentales, de los seis puntos propuestos al comienzo de los diálogos.
Reforma Rural Integral: Debe resolver el problema de la tenencia de tierra en Colombia.
Estatuto de la Oposición Política: Para que en Colombia todos los Partidos y Movimientos Políticos puedan hacer oposición en igualdad de condiciones, y además con un sistema de protección para que no caigan asesinados por hacer política dependiendo del Partido al que pertenecen.
Desmonte de Economías Ilegales: En zonas que han sido afectadas diferencialmente por el conflicto armado, y una política en contra del lavado de activos, para que los que se benefician en las grandes ciudades no puedan lavar estos dineros y vivir impunemente con ellos.
Jurisdicción Especial de Paz: Pone en el mismo rasero a todos los máximos responsables de crímenes internacionales que tendrán que ser investigados, juzgados y castigados, pero quienes contribuyan al esclarecimiento y a la reparación de las víctimas recibirán un beneficio penal.
Zonas de Concentración Veredales de Transición: Representan el 0,1% del territorio nacional y en el plazo máximo de seis meses con verificación de las Naciones Unidas dejarán las armas y se reintegrarán a la vida civil.
Respecto de los comentarios en contra del proceso de paz por la posible impunidad que se pueda generar con los autores de algunos crímenes, Gómez Suárez anotó que existe un mal entendido de lo acordado en La Habana, que por el contrario ha sido reconocido por la Corte Penal Internacional, en el sentido de que existirá un Tribunal Especial para la Paz, donde los máximos responsables de los crímenes más graves que no se comprometan a esclarecer sus crímenes y a reparar a las víctimas recibirán penas de cárcel de entre 5 y 8 años si hacen un reconocimiento tardío, o de hasta 20 años de cárcel por participar en este tipo de crímenes.
Gómez Suárez fue enfático en señalar que sí va a haber justicia, y por ello la Corte Penal Internacional cree que es un gran avance en relación con otros procesos de paz en el mundo.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Alcaldía de Yopal refuerza controles frente a la Brigada 16 para no permitir estacionamiento
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Movilidad, adelanta jornadas de socialización y control en la Transversal 18 para garantizar el cumplimiento del Decreto 059 de 2025, que prohíbe de manera permanente el estacionamiento en este corredor vial entre las calles 6 y 10.
La medida busca mejorar la movilidad, mantener despejada una vía estratégica de la ciudad y fortalecer las condiciones de seguridad en este sector. Durante las jornadas, los agentes de tránsito desarrollan acciones de sensibilización dirigidas a usuarios y al gremio transportador.
Las autoridades también hicieron un llamado a los pasajeros para comprender que los conductores de servicio público deben cumplir la normatividad vigente, por lo que no pueden realizar paradas o estacionamientos en áreas prohibidas.
Según la administración municipal, la restricción responde a criterios técnicos y recomendaciones de seguridad relacionadas con el entorno del Cantón Militar, ubicado en esta zona de la ciudad, permitiendo reducir riesgos y mejorar el flujo vehicular.
La Secretaría de Movilidad reiteró la invitación a conductores y ciudadanos para acatar la señalización y respetar las disposiciones vigentes, recordando que el cumplimiento de estas medidas contribuye a una ciudad más organizada y segura.
CASANARE
Masacre en zona rural de Villanueva, Casanare: cinco hombres asesinados en ataque sicarial
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Sindicatos dicen que Interventora temporal de Capresoca estructuró el modelo que agravó el caos
El sindicato Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET Casanare, solicitó al Gobierno Nacional la designación urgente de un agente interventor especial externo para CAPRESOCA EPS, tras cuestionar la reciente designación de Bibi Dayana Daniels Rueda como agente interventora sustituta temporal de la entidad, quien se venía desempeñando como Gerente Operativa.
La petición fue elevada al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de crecientes preocupaciones por la prestación del servicio a más de 170.000 afiliados en el departamento.


Ante este panorama, SUNET pidió que se designe un interventor independiente externo con perfil técnico y sin conflictos de interés, y solicitó incluir a CAPRESOCA en un plan nacional de salvamento. Asimismo, defendió el carácter público de la EPS y su potencial como modelo de gestión en salud, reiterando la urgencia de medidas que garanticen la atención oportuna y la estabilidad institucional.


