META
Capturan tres cabecillas y nueve sicarios de ‘los Úsuga’ en los Llanos Orientales
Un médico naturista de Villavicencio acudió a la ‘oficina de cobro’ de la temida banda criminal de ‘los Úsuga’ para cobrarles a dos comerciantes el dinero que les había prestado y que los dos hombres no le querían pagar.
Para facilitar la labor de los delincuentes, el médico citó a los deudores en su consultorio, ubicado en la capital del Meta, donde miembros de la red de sicarios de ‘los Úsuga’ los intimidaron con armas de fuego y les advirtieron que si no pagaban “los iban a picar”.
En el Meta las capturas se realizaron en Villavicencio y Restrepo; en el Casanare, en Yopal, y en el Urabá, en el municipio de Apartadó, una de las cunas de la banda y fortín de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, el jefe de la organización mafiosa.
La Fiscalía cuenta con un arsenal probatorio contra estas personas. Fuentes cercanas al caso informaron que el ente persecutor los señala como supuestos responsables de los homicidios de dos hombres en Restrepo y en el barrio Porfía, de Villavicencio.
Los mataron porque no quisieron entrar en la línea de microtráfico que ya dominan ‘los Úsuga’ en los Llanos, particularmente en el corredor entre Villavicencio y Yopal.
Investigaciones de la Policía revelan que los tentáculos del microtráfico de esta banda alcanzan hasta la capital del Meta, Restrepo, Cumaral y Barranca de Upía, así como en Paratebueno (Cundinamarca) y en Villanueva y Yopal (Casanare).
Para imponer ese control a sangre y fuego ‘Otoniel’ designó a ‘Augusto’ y a ‘Nelson’, quienes llegaron al Meta luego de las capturas de ‘Franklin’ y de ‘Carrillo’, realizadas por la Policía entre julio y septiembre.
La Fiscalía cuenta con interceptaciones a celulares, así como pines de BlackBerry, que comprometen a los capturados.
Ayer les imputaba cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y narcotráfico, homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas. La audiencia se desarrollaba en el Palacio de Justicia.
Jefes hicieron parte del ‘bloque Centauros’
Un hilo conductor de las investigaciones revelado por las autoridades indica que los máximos jefes de ‘los Úsuga’ están enviando como cabecillas a los Llanos hombres que hicieron parte de los grupos paramilitares, que sembraron el terror en la región.
‘Augusto’, el nuevo jefe capturado en la operación ‘Elipsis 2’, había hecho parte del ‘bloque Centauros’. Según registros de las autoridades se desmovilizó en el 2015, pero se trasladó a Antioquia, donde hizo parte de ‘los Urabeños’, que luego tomaron el nombre de ‘los Úsuga’.
Otros jefes de esta banda en los Llanos, ya capturados o muertos en operativos, como ‘el Negro Andrés’, ‘Moná’, ‘Carrillo’ y ‘Flanklin’, también estuvieron en el Centauros.
Al parecer, creen que por conocer la región tienen una ventaja frente a otros miembros de la banda, pero ni la Policía ni la Fiscalía los han dejado consolidar.
Hasta la Cuarta División se sumó a los operativos contra ‘los Úsuga’. A las siete capturas realizadas el pasado primero de noviembre en Mapiripán, tropas de la unidad hallaron esta semana una caleta con fusiles y munición.
El general Néstor Robinson, comandante de la Cuarta División, informó que en la vereda La Esmeralda, de Mapiripán, hallaron en una caneca 5 fusiles Galil, 7 fusiles M-16, 47 proveedores y 2 cañones para ametralladora M-60.
Fuente: www.eltiempo.com – Miguel Herrera Arciniegas – LLANO SIE7EDÍAS
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
